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La ONU, 60 años después
Henry I. Miller y Gregory Conko
AIPE
STANFORD, CALIFORNIA.— La ONU está cumpliendo 60 años y no se ve nada bien. Sus directivos son acusados de todo tipo de delitos y corrupción, desde asalto sexual por parte de la fuerza de paz en el Congo hasta enriquecimiento ilícito bajo el programa Petróleo por Alimentos en Irak.
Pero un escándalo aún peor está recibiendo poca atención. Durante años sus agencias y programas han sistemáticamente promovido regulaciones y medidas que impiden la utilización de nuevas y efectivas tecnologías que podrían ayudar a resolver los peores problemas mundiales de sanidad y del medio ambiente. Un ejemplo es la complicidad de varias agencias de la ONU en la excesiva, ideológica y poco científica regulación de la biotecnología, también conocida como modificación genética, que ha logrado frenar los avances en las investigaciones y el desarrollo de nuevos productos agrícolas y farmacéuticos.
Los productos de la biotecnología aliviarían las hambrunas y la escasez de agua potable para millones de personas alrededor del mundo, como también permitiría la incorporación de vacunas en frutas y vegetales comestibles. Pero a lo largo de la última década, los delegados a la Convención sobre Diversidad Biológica, auspiciada por la ONU, negociaron un “protocolo de bioseguridad” retrógrado para regular la biotecnología. Haciendo inmenso daño a los adelantos científicos, el documento se basa en un “principio de precaución” falso que impone que todo nuevo producto o tecnología tiene que ser completamente seguro antes de ser utilizado.
Nada puede ser totalmente seguro, según las normas impuestas por los activistas y reguladores, razón por la cual el principio de precaución se ha convertido en impedimento al desarrollo de importantes nuevos productos. Esa regulación traspasa el peso de la prueba del regulador, quien antes tenía que probar que la nueva tecnología podía causar daño, al innovador o inventor, quien ahora tiene que demostrar que la tecnología no causará daño bajo ninguna circunstancia. Peor aún, sobreestima el riesgo hipotético a la vez que desestima los beneficios comprobados.
En 2003, el programa de normas alimenticias de la Organización Mundial de la Salud de la ONU impuso restricciones draconianas sólo a alimentos que son productos de la biotecnología, aunque los científicos de todo el mundo están de acuerdo que tales modificaciones genéticas son mejoras a las técnicas utilizadas a lo largo de varios siglos. Miles de investigaciones comprueban que el riesgo de las plantas y los alimentos genéticamente mejorados son mínimos, mientras que se han comprobado sus beneficios y se sabe que su potencial es extraordinario.
La utilización de cosechas genéticamente modificadas ha reducido la utilización de millones de kilos de insecticidas y evitado la erosión en las tierras agrícolas.
Otro ejemplo de inmenso daño fue la convención de la ONU sobre contaminantes, en 2001, que acusó al DDT como uno de los peores contaminantes en el mundo, dificultando al máximo su utilización en países acosados por la malaria y por otras enfermedades transmitidas por insectos. Los funcionarios de la ONU no sólo no toman en cuenta la efectividad del DDT y que éste se puede utilizar con relativa seguridad, sino que tampoco toman en cuenta el costo y la poca efectividad de las alternativas conocidas. Por eso han muerto muchos millones de personas que hubieran podido salvarse utilizando DDT.
La realidad es que estas políticas instrumentadas por la ONU empobrecen a los pobres y empeoran la salud de los enfermos, muchos de los cuales sufren horriblemente y mueren. Ha llegado el momento de exigir rendición de cuentas a la burocracia responsable de todas esas tragedias en las Naciones Unidas.
Henry I. Miller es médico y biólogo, investigador del Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Gregory Conko es director de seguridad alimenticia del Competitive Enterprise Institute.
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