“Desde abajo” el desgobierno como venganza

Un sandinismo en que creer
(fragmento)

El sandinismo había vivido su momento más hermoso, desde el triunfo de la revolución diez años atrás, cuando Daniel Ortega anunció con gallardía la aceptación de la derrota electoral la madrugada del 26 de febrero.

Pero de inmediato se produjo el primer error capital de análisis, y fue creer que la pérdida del gobierno por la vía electoral no significaba más que la pérdida de una de las piezas de aquel poder total, uno solo de sus atributos, y que los demás podrían sobrevivir, juntos, fuera del gobierno. Así está expresado en el discurso de Daniel Ortega del 27 de febrero, dos días después de la derrota electoral, cuando dijo: “Llegará el día en que volvamos a gobernar desde arriba, porque el FSLN con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo”. Se estaba refiriendo al pueblo que acababa de votar masivamente contra el FSLN, quitándole el gobierno de las manos, la pieza clave del poder revolucionario, porque la gente estaba convencida de que nosotros no éramos capaces de poner fin a la guerra que consumía todas las fuerzas del país, y se llevaba a los jóvenes a los campos de batalla. El mandato para el nuevo gobierno de la señora Chamorro, expresado en unas elecciones que habían tenido el carácter de un plebiscito, era lograr el desarme de la Contra, algo que según el juicio popular expresado en las urnas, nosotros no podíamos lograr. Para eso la habían electo. No había, por tanto, manera de gobernar desde abajo con el respaldo de los votantes.

En realidad, entre aquel conjunto de atributos (partido, fuerzas armadas y de seguridad, organismos de masas, gremios) el Gobierno era la pieza maestra porque representaba toda la legitimidad del poder y daba sentido a la cohesión de las demás alrededor de la vanguardia. Un gobierno nuevo, de signo político diferente, habría de desordenar, y alejar, las demás piezas, como en realidad comenzó a ocurrir casi de inmediato. El Ejército buscó su propio camino de legitimidad constitucional, y su comandante jefe no volvería ya a sentarse en las reuniones de la Dirección Nacional del FSLN; y los organismo de masas y los gremios, cuyos dirigentes eran nombrados por esa misma Dirección Nacional, pasaron a ser electos por sus propias bases en busca de independencia, y algunos de esos gremios, como en el caso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) aún se distanciaron políticamente del FSLN. Otros, como en el caso de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), adquirieron su propio poder tras las asignaciones de empresas y propiedades a los sindicatos como consecuencias de los acuerdos de concertación económica y social.

LA TRÁGICA TOMA DE ESTELÍ

Llamar a gobernar desde abajo mientras tanto se volvía a gobernar desde arriba, resultó un error estratégico. Así se dio marcha atrás al reconocimiento incondicional de la derrota electoral, y se alentó a quienes dentro de las filas del FSLN seguían considerando que nunca se debió ir a las elecciones, y que “haber rifado” el poder era un error. Gobernar desde abajo significó, en los meses siguientes al cambio de gobierno, y aún tiempo después, paros, asonadas y barricadas en las calles de Managua, porque existía la férrea creencia ideológica en que una nueva toma de poder revolucionario era posible, sin esperar a las siguientes elecciones, con las masas insurreccionadas en las calles de Managua y los campesinos alzados en los campos. Por el contrario, lo que la realidad daba de sí, era un país hastiado de la guerra y los desórdenes, un gobierno democráticamente electo, que no tenía más fortaleza que su legitimidad, y un ejército y una policía de raíz sandinista, a los cuales la vanguardia mandaba necesariamente a enfrentar en su papel de garantes del orden público.

La toma armada de la ciudad de Estelí en agosto de 1993, resultó un ejemplo trágico de esta recurrencia. Aquel empecinamiento ideológico trataba de repetir la historia tal como ya nunca más podía ser, porque la Guardia Nacional de Somoza había desaparecido en 1979. Aún así, la ciudad fue tomada, se levantaron barricadas como antes; pero quienes se enfrentaban ahora eran antiguos combatientes sandinistas, armados como recompas, a la usanza de las antiguas columnas guerrilleras, con los soldados y oficiales del Ejército y de la Policía Nacional, que también habían sido combatientes sandinistas. No hubo otra vez insurrección popular en Estelí. Y de los dos lados caían los muertos y heridos, lo único real de aquella puesta en escena, porque no había balas de salva.

ASONADAS PARA PACTAR

Pero, además, detrás de bambalinas, se arraigaba al mismo tiempo la pretensión de la vanguardia destronada de asegurarse cuotas de poder político y económico, lo cual conducía necesariamente a transar y pactar con el Gobierno, en un permanente flujo y reflujo de interactuaciones que luego se habrían de repetir en el primer año del gobierno liberal de Arnoldo Alemán: en un momento se quería derrocar al Gobierno, en otros se le buscaba para transar cuotas de poder, y más adelante se utilizaban las tensiones creadas en las calles y a través de los paros, para demandar esas cuotas. Ésta es la otra cara de la moneda.

Pero con el gobierno de Alemán, electo en 1996, lo que se hizo fue ir a fondo en un pacto que partió de una contrarreforma de la Constitución Política de 1987, que había sido reformada a su vez en 1995 en un afán de abrir un cauce democrático amplio, y cerrar las puertas al autoritarismo. Entonces se prohibió la reelección presidencial, la sucesión familiar en la Presidencia, y el parentesco cercano entre el Presidente de la República y el jefe del Ejército, así como el nepotismo; y se dio independencia y fuerza a los poderes del Estado, especialmente a la Contraloría General de la República. Ahora, al estilo más tradicional, el pacto ha repartido los puestos colegiados entre las dos partes, y ha anulado las facultades de la Contraloría, volviéndola también un organismo colegiado. Y la nueva Ley Electoral, fruto también del pacto, eliminó las listas de suscripción popular en las elecciones municipales, y creó reglas férreas para impedir la participación de otros partidos que no sean los dos firmantes del pacto.

Desde el Protocolo de Transición firmado en abril de 1990, a los acuerdos de concertación económica y social, de 1990 y 1991, yo fui de quienes creí firmemente que era necesario pactar con el Gobierno la transición, para poner al país más allá de los graves riesgos de la confrontación, porque nada peor podía ocurrirle a Nicaragua que una nueva guerra. La vanguardia, mientras navegaba entre dos aguas, estigmatizó ante la militancia del FSLN a quienes estábamos al frente de la negociación de los acuerdos, y colocados dentro del escenario parlamentario; sólo escogía del plato lo que gustaba a su apetito populista, la confrontación en las calles, y no la responsabilidad de transar, ceder y acordar.

DOBLE CONDUCTA

La crisis final de esta doble conducta se dio frente a la reforma constitucional. Los comandantes habían cedido, por debajo, a la pretensión de Antonio Lacayo, el Ministro de la Presidencia, de no ser impedido de competir como candidato presidencial debido a sus vínculos familiares con la presidenta Chamorro. Por lo tanto, se opusieron a la reforma. Pero sobre todo, porque la reforma borraba todos los rasgos autoritarios de la Constitución de 1987, que permitía la reelección indefinida del Presidente de la República, que a la vez podía ser hermano del Jefe del Ejército; ahora, al menos, sólo era posible la reelección por una sola vez, y tras un período alterno.

Yo ya había sido defenestrado para entonces como miembro de la Dirección Nacional del FSLN —sólo una vez y temporalmente hubo allí un civil sin laureles, después de la derrota electoral—, pero seguía a la cabeza de la bancada parlamentaria; y consciente de todas las consecuencias, seguí adelante con la reforma, que sin los votos sandinistas no era posible, y que implicaba un marco mayor y más profundo de democracia para el país, pues desterraba los viejos vicios del caudillismo: reelección, sucesión familiar, nepotismo.

Y se consiguió la reforma, en contra de la voluntad política de la cúpula del FSLN, que también me quitó entonces de por medio como jefe de la bancada. No tardaría en ser empujado fuera de las filas del FSLN, junto con docenas de dirigentes que querían establecer un partido que funcionara en términos democráticos, y que de esta manera pudiera garantizar el funcionamiento de la democracia en la sociedad, desde luego que la única vía de retorno al poder pasaba a ser la vía electoral. Nosotros la habíamos creado, y nosotros debíamos defenderla.

LA PIÑATA

Pero, además, cargábamos encima otro estigma, el de la piñata. Mucho antes, en los meses de la transición, entre marzo y abril de 1990, se había iniciado una operación clandestina dotada de una justificación política: si el FSLN debía pasar a la oposición, que iba a ser su retaguardia, debía hacerlo dotado de suficientes bienes materiales: empresas, propiedades agropecuarias, medios de comunicación propiedad del Estado; sin recursos financieros, el FSLN sería pronto víctima del mismo sistema que había creado, pues sus adversarios buscarían cómo ahogarlo, era el alegato. Como los recursos y bienes no podían ser transferidos directamente al FSLN, se buscaron intermediarios; los prestanombres de esta operación fueron leales unos con el partido, y entregaron lo que había sido puesto bajo sus nombres; otros, la mayoría, se lo quedaron en el camino.

Todo esto fue la verdadera piñata, no la asignación de viviendas, lotes de terreno y confirmación de títulos de reforma agraria a miles de nicaragüenses, mediante leyes aprobadas durante el período de transición, transferencias que una década después no han sido resueltas en su totalidad, y que son fuente permanente de reclamos y litigios. Pero fue un acto de justicia.

Y esta operación se siguió completando ya bajo el nuevo gobierno, en lo que sería su segunda fase: la privatización de centenares de empresas industriales y comerciales, haciendas de café y ganado, ingenios azucareros, plantaciones de arroz y tabaco, fábricas, empresas pesqueras y forestales, a cambio de un tercio de las empresas y propiedades privatizadas en favor de los sindicatos leales a la vanguardia; aquélla era una forma, también, de asegurar poder. Y las transferencias terminaron, efectivamente, asegurando poder, no a los trabajadores miembros de los sindicatos beneficiados, sino a sus cúpulas políticas ligadas estrechamente a la propia cúpula del FSLN. El marco fueron los acuerdos de concertación económica y social.

Transar y pactar a fondo de esta manera, mientras se aparecía como un partido en la llanura dispuesto a reivindicar cualquier pretensión, cualquier protesta social, cualquier reclamo, legitimando cualquier método, siempre que viniera de las masas orgánicas al partido, o de los sindicatos y gremios organizados con el partido, aunque así resultara por consecuencia el enfrentamiento de unos sectores sociales con otros, o el alejamiento y rechazo de la población a las quemas de autobuses, las barricadas, el paro forzoso de los centros de trabajo, la interrupción de las carreteras, las balaceras. La doble conducta, y el doble discurso.

Y en el doble discurso, cuando era oportuno, se reivindicaba la búsqueda de la estabilidad a través de los pactos y acuerdos, y del apoyo al gobierno en los foros internacionales para conseguir respaldo económico y financiero, aunque no siempre era oportuno. Y se reivindicaban los intereses populares, irrenunciables para la vanguardia, a la hora de justificar y respaldar cualquier acción callejera. Y pronto, la extrema derecha aprendió también a exigir al Gobierno sus propias reivindicaciones, cerrando las carreteras e intentando actos de violencia como ocurrió con el “movimiento de los alcaldes” en 1991.

SÓLO CONCEDE TREGUA QUIEN VIVE EN GUERRA

La falla de fondo que yo encuentro en este relato es que las concepciones tradicionales y los mitos ideológicos no dejaron percibir los cambios profundos en la realidad real y en sus entornos. La cerrazón a reconocerse sólo en el pasado, y encontrar nada más la identidad en aquel territorio ya perdido, constituyó una especie de mesianismo al revés, un mesianismo del pasado. Aún hoy, en el discurso de los dirigentes máximos del FSLN se recurre a ofrecer treguas. Treguas sociales, treguas políticas, treguas económicas, aunque esté en vigor un pacto que pretende afectar la vida política del país a largo plazo. Cuando se llega al máximo de la tensión se habla entonces de tregua. Y sólo concede tregua quien vive en guerra, con una mentalidad de guerra que sólo queda apaciguada cuando se reciben las seguridades que un pacto político ofrece al partido que no gobierna, como ha sido la tradición en Nicaragua.

Mi ruptura con la cúpula del FSLN tuvo antes que nada motivos éticos. No podría explicarlo de otra manera. Los presupuestos fundadores de la revolución habían sido rotos y la lucha popular había pasado a ser un concepto retórico detrás del que se ocultaban ya los negocios y los vicios de la política tradicional, como la historia ha seguido demostrando con creces. La defensa de cuotas de poder, para sostenerse de alguna manera en el poder, había abierto ya grandes boquetes a la credibilidad del sandinismo oficial, que empezaba a hacer agua sin remedio, y que terminó de naufragar en el pacto con el Partido Liberal. Y los grandes presupuestos morales del inicio, fraternidad, solidaridad, entrega, desprendimiento, humildad, rechazo a la acumulación de bienes materiales, habían sido malversados.

BEBIENDO LAS AGUAS DEL PASADO

La renovación y el cambio fueron intentados desde dentro, y en un primer impulso, quienes creíamos en el sandinismo de origen, ganamos la partida, como se demostró con los resultados de la Asamblea de El Crucero en junio de 1990, donde la voluntad mayoritaria apuntaba hacia la crítica severa de nuestros errores y hacia la apertura de una perspectiva democrática. Allí mismo se planteó, y aprobó por enorme mayoría, que el FSLN no podía ni debía encubrir a los responsables de actos inmorales e ilícitos, es decir, a los autores, cómplices y encubridores de la piñata. Pero todo se quedó en el papel.

Sobre todos aquellos propósitos comenzó a pasar una y otra vez, hasta dejarlos aplanados a ras del suelo, la maquinaria burocrática dirigida por quienes veían en una revisión crítica a fondo un graves riesgo para sus posiciones de poder. Y las cuentas fueran definitivamente saldadas en el Congreso Extraordinario de mayo de 1994, que para eso fue precisamente llamado, para borrar todo vestigio de transformación, de modernización, y de transparencia.

Ahora que me he retirado definitivamente de la política activa, y no tengo ninguna pretensión de regresar a ella porque he regresado para siempre a mi oficio de escritor, puedo aspirar quizás a que mis juicios sean más serenos. Un escritor, sin embargo, que no puede cerrar la ventana frente a la que escribe y negarse, por lo tanto, la visión de su país, por amarga y desolada que ésta sea.

Vivo en una Nicaragua ahora envilecida por la corrupción y por las componendas políticas, que sufre bajo el peso de la marginación y la miseria, y donde no parecerían quedar vestigios de lo que fue un día la hermosa gesta revolucionaria que sacudió al continente. Lejos de modernizarse, el sistema político es conducido a beber de las mismas aguas del pasado, teñidas de autoritarismo, en un paisaje en el que predominan las voces de mando del caudillo, o de las caudillos, por partida doble, dadas a gritos. Las instituciones democráticas, cada vez más deterioradas, han sido puestas bajo el mando de esas voces arbitrarias, y los espacios políticos se cierran bajo ese mismo imperio.

LA MALDICIÓN DE SÍSIFO

A estas alturas, parecería banal preguntar qué dejó realmente la revolución como huella. Siempre he repetido que la revolución había heredado lo que no se propuso, la democracia, y no había podido heredar lo que se propuso, el bienestar y la justicia para los más pobres, que sólo se consigue con la transformación económica. Pero ahora, aún la herencia democrática se deteriora, y de las instituciones que surgieron después de 1979, sólo el Ejército ha podido preservar su identidad constitucional. Éste es un fenómeno notable, porque de ejército de un partido, ha pasado a ser un ejército al amparo de la Constitución, con legitimidad social, y goza de prestigio profesional.

La reforma agraria es ahora sólo una sombra, y miles de hectáreas de tierra han vuelto a manos de sus antiguos dueños, o han sido adquiridas por los nuevos ricos que provienen de las filas mismas del sandinismo, y las cooperativa venden sus tierras porque no pueden sobrevivir sin financiamiento. El índice de analfabetismo es otra vez elevado, y las condiciones de salud no son para nada ejemplares. El desempleo masivo acarrea la delincuencia y la corrupción en los altos estamentos se propaga en la sociedad como una plaga maligna. Igual que en el mito de Sísifo, la piedra ha rodado otra vez hasta el fondo del abismo después de haber sido llevada hasta la cumbre.

Pero tenemos un país en paz, lejos de los ruidos destructivos de la guerra, y la paz se extendió al resto de los países centroamericanos en conflicto como fruto de un proceso de negociación en el que las partes enfrentadas hicieron concesiones de fondo. Cualquiera podría decirme que bastaba con haberse ahorrado el conflicto para haber evitado la guerra, pero la conclusión no es tan simple.

LA PARADOJA DE LA DEMOCRACIA NICA

La democracia se deteriora hoy en Nicaragua, pero no ha dejado de existir, ni mucho menos. La gran paradoja es que hay que defenderla, antes que nada, frente a quienes resultan electos en los puestos de poder, como consecuencia del proceso democrático mismo contra el que luego atentan. Pero antes de la revolución en Nicaragua, y de todo el conflicto que vivimos en Centroamérica en la década de los ochenta, la democracia no estaba en ningún esquema posible, y la regla eran las dictaduras militares represivas. Pagamos un precio elevado por la democracia, y precisamente por eso es que es necesario defenderla.

No habrá en el futuro posibilidad de ninguna transformación económica, ni de ningún proyecto de justa distribución de la riqueza y de bienestar social, fuera del marco democrático. Los reformadores tienen que ser electos, cumplir sus períodos, y regresar a sus casas. No hay más espacio para proyectos mesiánicos de toda la vida, para caudillismo eternos, o partidos iluminados que se encarnan en el Estado. Estamos viviendo un período de prueba y error, en el que los electores pueden acertar, o equivocarse, y es necesario procurar que este período se acorte, para tener gobernantes cada vez mejores, y más sabios. Pero los mejores, y los sabios, tienen que ser necesariamente electos.

Finalmente, quiero decir que la revolución sandinista fue la obra de una generación que se declaró en rebeldía contra los viejos esquemas, no sólo contra la dictadura. La rebeldía representó novedad, originalidad, nuevas ideas, ruptura. Muchos de aquellos rebeldes, envejecieron pronto tentados por el poder, porque el poder por sí mismo, que no se utiliza como instrumento de transformación, es un asunto de viejos, y no de jóvenes. Con esto quiero decir que las transformaciones que vienen, porque necesariamente las habrá, serán un asunto de los jóvenes, otra vez, un asunto generacional.

MUERTE PREMATURA

De los fracasos y los errores del pasado ellos deberán aprender lo necesario para no envejecer demasiado pronto. El pasado, por el momento, nos enseña que la pérdida de los valores éticos no es sólo la señal más ominosa de envejecimiento prematuro, sino de muerte prematura. Porque una revolución es moral, o no lo es del todo.