Alberto L. Alemán Aguirre
Esta semana, un tribunal costarricense rechazó otra petición de la Fiscalía para que el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, sospechoso de ser un grueso “coimero”, recibiese cárcel preventiva nuevamente, y confirmó su permanencia en arresto domiciliario hasta el 14 de octubre. Ayer, otra corte confirmó el arresto domiciliario del también ex presidente Rafael Ángel Calderón.
Rodríguez se mantiene en su confortable casa del selecto residencial josefino de Escazú. Lo mismo sucede con Calderón, quien vive en el exclusivo sector de Pinares de Curridabat.
Hoy, todos los sospechosos implicados en los dos mayores escándalos de la moderna Costa Rica, se encuentran tranquilillos y cómodos en sus casas. O bien gozan de casa por cárcel o bien de libertad condicional.
Así lo informó ayer mismo la Fiscalía tica al corresponsal de LA PRENSA , Josué Bravo.
A pesar de los millones despilfarrados o malversados tanto en el caso del ICE-Alcatel (pagos de la compañía francesa a funcionarios del Estado para obtener favorables contratos) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS, préstamo de Finlandia), de documentos hechos públicos por la prensa que muestran de manera contundente irregularidades gravísimas, todos los señalados están en casa. Home, sweet home…
A finales de 2004, la atmósfera era agitada y los acontecimientos se sucedían vertiginosamente; la prensa revelaba todos los días, prácticamente, nuevos detalles sobre la podredumbre en instituciones públicas y de la clase política. Milloncitos de colones por aquí, milloncitos por allá. Calderón fue detenido; Rodríguez fue obligado a dejar la secretaría general de la OEA, a regresar a Costa Rica y explicarse ante las terribles imputaciones. Indignación ciudadana.
Hoy, esos temas no ocupan las planas de los diarios ni los principales espacios televisivos.
Desde luego, muchos de estos señores están en sus casas gracias al pago de considerables fianzas —Rodríguez proporcionó como garantía una hipoteca de 530 mil dólares— o por haber colaborado con la Fiscalía —el caso del ex directivo del ICE José Antonio Lobo, quien “cantó” y “embarró” al ex mandatario y ex secretario de la OEA. Además, tanto en el caso de Miguel Ángel como de Calderón, los jueces han tenido en consideración razones médicas.
En su momento, desde foros de opinión en Centroamérica se alabó a la justicia del país vecino. Se le puso como ejemplo de independencia, de efectividad.
No se cuestiona que si los señalados están en arresto domiciliario, es por decisiones apegadas a la legalidad del país.
Sin embargo, esto no se mira bien desde afuera. La imagen es la que vemos en el resto de Centroamérica: los ricos, los poderosos, los influyentes y bien conectados, no reciben el mismo tratamiento que sus conciudadanos menos favorecidos.
En Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Colombia y en la mayor parte de América Latina; si Perico de los palotes se roba una gallina, pasa años detenido. Sin casa por cárcel, sin atenuantes de salud, nada. Quienes son señalados de recibir jugosas cantidades en sobornos, de quebrar bancos o lavar dinero, no tardarán mucho en irse a su casa. Eso es lo que se concluye con una simple observación empírica.
La justicia tica no está exenta de influencias políticas. En abril pasado, varios diputados de la Asamblea Legislativa denunciaron que los dos ex presidentes — caudillos del gobernante PUSC— trataron de incidir en la elección de un magistrado de la Sala III (penal) del máximo tribunal —a donde iría a parar una última apelación—, instruyendo a correligionarios — que seguramente les deben favores— a quién elegir por creerlo favorable a ellos.
Debe reconocerse que la justicia no es pura, o políticamente aséptica en ninguna parte. Ni en las democracias más sólidas. Recordemos las elecciones en EE.UU. de 2000, cuando una mayoría de jueces designada por presidentes republicanos (Reagan y Bush padre) votaron en contra de los recuentos en Florida, lo que favorecía a George Bush hijo y perjudicaba al demócrata Al Gore. O bien, acordémonos del sonado caso del “Juice” O.J. Simpson, absuelto del cargo de haber matado a su esposa y al amante de ésta, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra.
La Fiscalía alega que sigue investigando y en Costa Rica hay retardación de justicia. No fue sino hasta hace un mes o menos que por fin se decidió abrir juicio contra los supuestos asesinos del periodista Parmenio Medina, aunque la apertura formal del juicio aún no tiene lugar. Medina fue ultimado hace 4 años.
En Guatemala, una juez rehusó ayer emitir una orden de captura contra el ex presidente Alfonso Portillo, refugiado en México, alegando que quiere ver más pruebas. En Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán ha sido condenado pero es posible su libertad gracias al juego de intereses políticos.
En la región, muchos estarán atentos a cómo la justicia costarricense resuelva los casos de Rodríguez, Calderón y todos los demás. Esa será la prueba de fuego sobre si de verdad hay independencia, sobre si de verdad todos son iguales ante la ley, o si todo no es sino una apariencia más.
