Quince años después de que se instauró el sistema democrático de gobierno en Nicaragua, en abril de 1990 —al finalizar la dictadura de izquierda sandinista que a su vez había sustituido en 1979 a la dictadura de derecha somocista— la democracia nicaragüense ya debería estar consolidada e institucionalizada donde le corresponde: en el Parlamento, la administración de justicia, la organización y jurisdicción electoral, el organismo de control de los fondos públicos, los mecanismos de participación social, etc.
Pero no es así. La democracia no está en las instituciones de la República y el Estado, porque éstas, casi en su totalidad han sido pervertidas por la corrupción, la venalidad y el autoritarismo de políticos que traicionaron la confianza de los ciudadanos que los eligieron como representantes y mandatarios del pueblo. Entonces, ¿dónde está la democracia?
En realidad, la respuesta la están dando los mismos ciudadanos —o la sociedad civil como se suele decir ahora—, que se están auto convocando a la participación en movilizaciones callejeras cívicas, para reivindicar la democracia que ha sido secuestrada por los caudillos corruptos y autoritarios. O sea que la democracia nicaragüense está en la calle, en el poder de los ciudadanos, los que no sólo tienen el derecho sino también la obligación de rescatarla, y de restituirla en las instituciones, donde debe estar.
Al cerrarse prácticamente —por la intransigencia y la prepotencia de los pactistas— todas las posibilidades de resolver la crisis institucional por medio del diálogo, de la negociación y de los acuerdos políticos de conveniencia recíproca e interés nacional, el único camino que le queda a la sociedad nicaragüenses es el de la acción cívica directa. Y en esa dirección el primer gran paso lo dio el 16 de junio recién pasado, cuando una multitud imposible de cuantificar inundó el ambiente de Managua con los colores azul y blanco de Nicaragua y gritó el inicial ¡basta ya! de la gran cruzada cívica, que ahora no debe detenerse hasta conquistar sus objetivos.
Por cierto que tales objetivos fueron precisados el lunes de esta semana por los organizadores de la segunda gran marcha “por amor a Nicaragua, contra el pacto y la corrupción”, que tendrá como escenario la ciudad de Granada el próximo 17 de julio: Rescate de las instituciones públicas que se encuentran sometidas por los caudillos del pacto y sus cómplices. Despartidarización de los poderes del Estado. Realización de un diálogo incluyente. Reversión de las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en enero de este año. Implementación de la democracia participativa y el Estado de Derecho. Sustitución de los magistrados del Poder Electoral por personas imparciales y honestas. Realización de elecciones primarias en los partidos políticos para la nominación de sus candidatos. Depuración del padrón electoral. Celebración de elecciones libres de la amenaza del fraude libero-sandinista. (LA PRENSA, martes 5 de julio, 2005).
Ahora bien, esas demandas representan toda una reforma política que necesariamente tiene que ser dictada mediante ley por la Asamblea Nacional. Sin embargo, los actuales diputados no aprobarán ninguna reforma que apunte a desmontar el pacto y que, por lo tanto, afecte sus intereses particulares, autoritarios y corruptos; a menos que los ciudadanos —es decir, el pueblo—, los obliguen a hacerlo mediante una poderosa presión cívica planteada en las calles de las ciudades, o que los destituyan.
Como sea, los ciudadanos al tomarse las calles y luchar por un sistema democrático fuerte, estable y transparente, basado en instituciones fundamentales sanas y verdaderamente representativas, no se estarían arrogando una representación que no les corresponde. Por el contrario, estarían ejerciendo la soberanía nacional que les pertenece y cumpliendo con su obligación patriótica de rescatar las instituciones democráticas que han sido usurpadas por los pactistas.
Así lo dice, de manera imperativa, el primer artículo de la Constitución Política de la República de Nicaragua: “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender esos derechos”.
