- “Las van a pagar”, dijo maderero tico a periodistas de Río San Juan, luego que Alcaldía ratificó veda forestal
- Amenaza extensiva a coordinadores de la Fundación del Río y director de la Comisión Ambiental Municipal
Tatiana Rothschuh AndinoCORRESPONSAL/RÍO SAN [email protected]
Después de producirse la presentación de un recurso de revisión sobre la ordenanza que establece una moratoria forestal por 10 años en el municipio de San Carlos, el costarricense con residencia nica, Rodrigo Soto, vertió una amenaza contra esta corresponsal y el de El Nuevo Diario, Francisco López, por los trabajos publicados referidos a la explotación irracional de los bosques.
Soto salió exaltado de una sesión del Concejo Municipal de San Carlos, donde se presentó el recurso de revisión y, tras desestimar a las autoridades municipales, porque a su juicio “no manejan sus propias leyes”, se dirigió a un cafetín ubicado cerca de la municipalidad donde ante ciudadanos sancarleños responsabilizó a los promulgadores de la moratoria y a los dos corresponsales de medios nacionales de prensa escrito, advirtiendo que “las van a pagar”.
FUNCIONARIOS TAMBIÉN AMENAZADOS
Las distintas denuncias sobre la depredación de los bosques al sureste de Nicaragua y sobre la amenaza que crece sobre la reserva biosfera Indio-Maíz, así como el proceso que conllevó a la moratoria forestal, parece que fue el detonante para que los madereros vertieran amenazas contra periodistas y el coordinador de la Fundación del Río, Antonio Ruiz. Otro amenazado es el coordinador del a Comisión Ambiental Municipal (CAM), Gabriel Aguirre. Ambos funcionarios han actuado con tolerancia y han evitado recurrir a las autoridades policiales.
En la sesión del Concejo Municipal, algunos madereros, como Marvin Sánchez, Silvio Ortega, ex delegado del Marena en El Castillo, y Soto, coincidieron sobre los efectos negativos de la moratoria forestal que, a su juicio, profundiza la pobreza en el campo. Responsabilizaron a los productores de ser ellos los necesitados de vender los árboles y de las quemas agrícolas.
Soto señaló a la alcaldesa de San Carlos, Marisol McCrea, y a los concejales por la presunta violación a los derechos de los nicaragüenses y les dijo que les pondría a las mujeres y niños hambrientos de las comunidades donde ellos explotan los bosques.
SÓLO UN PARÉNTESIS
El doctor Carlos Fernando Olivas, concejal liberal, insistió que la moratoria tiene una motivación, pues hay un estado de emergencia ambiental porque no hay árboles y el Concejo tiene la responsabilidad de velar por los recursos naturales. Indicó también que se trata de un paréntesis para poder revitalizar el bosque.
Recientemente la Policía de Río San Juan retuvo diez vehículos, entre camiones y cabezales. Algunos de ellos circulaban ilegalmente en este departamento y otros transportaban madera ilegal. Tres de los diez camiones eran de origen costarricense e ingresaron por el puesto fronterizo de Peñas Blancas con permiso para circular sólo en Masaya y Managua, con la advertencia que no pueden trasladar carga fuera de la ruta internacional. Éstos fueron sorprendidos transportando en Río San Juan madera sin el debido permiso de operación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
CAMBIO DE RAZÓN
Rodrigo Soto es de origen costarricense, tiene residencia en Nicaragua y es uno de los mayores exportadores de madera. En el aserrío de Las Azucenas existió una sociedad conocida como Agrofor, que cambió su razón social para, supuestamente, evadir los impuestos pasando sus activos a los ticos-nicas Carlos Piedra y Rodrigo Soto, según los libros del Registro de la Propiedad de San Carlos.
