Moisés Martíneznacionales@laprensa. com.ni
De forma sigilosa y sin querer llamar la atención de los medios de comunicación, un numeroso grupo de funcionarios públicos interpusieron a lo largo del día de ayer, ante las dos salas civiles del Tribunal de Apelaciones de Managua, varios recursos de amparo en contra de la Ley de Regulación Salarial, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
Una romería silenciosa de altos y medianos funcionarios de varias instituciones gubernamentales desfiló desde muy temprano por la sede del Tribunal de Apelaciones, para ampararse contra esta ley, la cual entra en vigencia a partir de hoy, primero de julio.
Se conoció que uno de los primeros funcionarios en ampararse fue el mismo presidente del Banco Central, Mario Alonso.
Asimismo, llegaron a ampararse funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Aparte de Alonso, otros dos altos funcionarios que se ampararon fueron el director de Entresa, Humberto Salvo y el presidente de la CNE, Raúl Solórzano.
Incluso, éste fue el único que dio declaraciones a los medios de comunicación, alegando que la interposición de los recursos de amparo eran decisiones personales de cada funcionario que se sintiera afectado por la decisión de los diputados.
“Esta ley va en contra de nuestros derechos humanos y nuestros derechos laborales adquiridos. ¿Qué les parecería que a ustedes, de un día a otro les pasen una ley que digan que ya no tienen vacaciones proporcionales o aguinaldo? Esta ley va por esa dirección en algunos casos”, respondió Solórzano.
“En el caso de la antigüedad, se le elimina a muchos empleados. Por eso consideramos que es una ley que no es correcta y por eso estamos pidiendo el amparo para que se pare el acto”, añadió Solórzano.
Si las dos salas civiles de Apelaciones aceptan los amparos de los funcionarios públicos, le correspondería a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinar aplicar o no la ley.
ES UNA DECISIÓN DE CADA QUIEN
Solórzano negó que la decisión de ampararse fuese orientada desde el mismo Poder Ejecutivo, reiterando que son decisiones personales de cada funcionario público.
“No hay ninguna orientación de arriba, porque esto le toca a cada uno, porque el que no se defiende, pierde”, respondió.
“Hay que ver que los más afectados son los funcionarios de alto rango, porque la ley está dirigida a esto, pero de paso se está llevando a todo el mundo”, agregó.
BOLAÑOS LA RESPALDA
Sin embargo, el Presidente de la República, Enrique Bolaños, dijo en una entrevista concedida a LA PRENSA, el 24 de febrero pasado, estar de acuerdo con la reducción de salarios a los altos funcionarios del Estado, promovida por la Ley de Regulación Salarial.
Esta postura del mandatario contradice la actitud de los funcionarios de su administración.
“Yo estoy de acuerdo con que le bajen el salario a todo mundo, claro que sí. Si todos nos vamos a sacrificar por Nicaragua, sacrifiquémosnos todos, vamos encantados, pero es a sacrificarse por Nicaragua”, dijo el Presidente en esa ocasión.
LEGISLACIÓN POLÉMICA
La aprobación de esta iniciativa legal, oficialmente llamada Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios de Mayor Jerarquía del Estado, también se vio envuelta en una polémica, debido a que mientras los diputados la aprobaban para imponer un techo salarial a funcionarios gubernamentales, ellos mismos se autorrecetaban un incremento salarial de 279 dólares al mes.
Esto les permitió establecer un salario neto de 3,500 dólares mensuales.
