Freddy Potoy Rosales
Insisto sobre la tecnología y las telecomunicaciones. Ambas áreas tienen muchísimas virtudes, pero también surge otro tanto de inconvenientes generado por actos delictivos que deben ser perseguidos por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Me refiero a la amenaza de muerte electrónica que le llegó a nuestro compañero de trabajo, el destacado caricaturista Manuel Guillén, quien sostenidamente ha mantenido un criterio sólido alrededor de la situación política de Nicaragua.
Han pasado más de ocho días desde que Manuel recibió la amenaza de muerte seria, supuestamente de un militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Daniel Ortega Saavedra, pero el caso está prácticamente en cero.
Uno de los argumentos de la Policía Nacional es que Manuel no había puesto la denuncia, no obstante, se le asignó un oficial para que lo resguarde. Sin embargo, este acto paliativo no es la forma de enfrentar el caso. Entonces, ¿habrá que esperar hasta que suceda algo trágico? Ante la lentitud operativa de la Policía, Manuel cumplió ayer con el formalismo que aparentemente impedía a la Policía actuar: interponer la denuncia en el Distrito Cinco de la Policía de Managua. Veremos si ahora se actúa diligentemente. Por favor señores de la Policía, esto es algo delicado, recuerden el asesinato perpetrado por un militante sandinista contra el periodista Carlos José Guadamuz Portillo. Estoy seguro que si se tratara de un alto oficial de esta institución toda la maquinaria azul-celeste estaría investigando el asunto.
El caso de nuestro compañero de trabajo y amigo, Manuel Guillén, me permite recordar que se debe impulsar una adecuada legislación penal en materia de delitos informáticos y si bien es cierto que hay un proyecto de Ley de Delitos Informáticos, el punto es que el mismo se debe mejorar y discutir a profundidad. Se trata de la seguridad jurídica de los nicaragüenses y los diputados en la Asamblea Nacional tienen que impulsarlo y no perder el tiempo viendo sitios porno en plena sesión parlamentaria. Recuerdo haber leído dentro del texto de la cobarde amenaza que el matón cibernético está consciente que su intimidación no constituye delito. Esto hace más grave el asunto y pone en perspectiva la urgencia de una legislación que castigue éste y otros tipos de delitos. Asimismo, se fortalecería el sistema penal en asuntos electrónicos en Nicaragua, no obstante, hay otros hechos que se deben investigar en este caso a través de los peritos informáticos.
A estas alturas la Policía ya debería conocer la dirección IP (Internet Protocol) de donde fue enviado ese mensaje. Una vez obtenido este dato, averiguar el sitio donde está ubicado ese IP y luego ver si es de una empresa, un ciber o el lugar que sea. Hay que delimitar quién es el usuario y quién o quiénes tienen acceso a las máquinas que tienen la salida de ese IP.
Quizás en la medida que vayan surgiendo no sólo este tipo de casos, sino tráfico incontrolable de datos personales, phishing y problemas en el comercio electrónico, los legisladores puedan interesarse en estos asuntos que son de mayúscula importancia en otros países donde la tecnología es una de las arterias principales de sus economías.
