- DGI pasa a controlar las cuentas de Telcor, por medio de un Acuerdo Presidencial
- A la vez, el Presidente ordena a la Policía no acatar órdenes que contravengan fallo de la CCJ
Ludwin Loáisiga,Moisés Martínez yMaría J. [email protected]
En un doble movimiento jurídico, el presidente Enrique Bolaños se garantizó el control de las arcas del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y ordenó a la Policía Nacional acatar únicamente sus órdenes y no las de ningún otro Poder del Estado.
Los decretos presidenciales 43-2005 y 44-2005, del viernes 24 de junio, ordenan la ejecución e inmediato cumplimiento del fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que declaró inaplicables las reformas constitucionales que restan atribuciones al Presidente.
Al mismo tiempo, Bolaños ordena al jefe de la Policía, Edwin Cordero, abstenerse de acatar órdenes que contravengan el fallo de la CCJ, que deberá ser considerado con la trascendencia de un tribunal nacional. Anteriormente, Cordero había dicho que cumpliría las órdenes de los tribunales de justicia locales.
El Gobierno, basado en el fallo de la CCJ, desconoce la vigencia de unas reformas constitucionales que le dieron a la Asamblea Nacional, controlada por liberales y sandinistas, la potestad de elegir a los responsables de la regulación de los servicios públicos (agua potable, energía, telecomunicaciones y defensa del consumidor).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), también bajo control de liberales y sandinistas, desconoció la potestad de la CCJ, de conocer conflictos de competencia entre los poderes del Estado nicaragüense.
Las últimas semanas, Telcor ha sido el escenario de una batalla jurídica y política por el control de la institución, tras los nombramientos de intendentes de los servicios públicos por parte del parlamento. La Policía ha estado al punto de ser desbordada por el conflicto, pues ni el Ejecutivo entrega Telcor ni los nombrados por el parlamento son reconocidos, pero sí son respaldados por el Poder Judicial.
EL CONTROL DE LAS ARCAS
En una primera jugada legal, el presidente Enrique Bolaños convirtió el edificio de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) en una instancia de la Dirección General de Ingresos (DGI).
El mandatario emitió el Acuerdo Presidencial 172- 2005, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 13 de junio, en el que autoriza al Procurador General de la República a asignar la administración de Telcor a la entidad recaudadora de impuestos.
Esto fue confirmado por el procurador Alberto Novoa, quien además reveló que el proceso de traspaso fue finiquitado la semana pasada.
La movida legal de Bolaños pasó desapercibida dado que en el acuerdo presidencial no menciona Telcor, sino que cita exactamente la dirección en la que se encuentra ubicado el edificio.
Ordena el Acuerdo: “Autorizar al Procurador General de la República a comparecer ante la Notaría del Estado, a suscribir escritura pública de asignación en administración a favor de la DGI, de los inmuebles ubicados en una manzana de terreno, identificada así: Manzana 001, entre la tercera calle noroeste y la cuarta noroeste de la Avenida Bolívar y Callejón”.
El procurador confesó que la medida del Presidente es para evitar alguna acción legal de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) nombrados por la Asamblea Nacional para apropiarse de los fondos de Telcor.
Esta entidad es la que más dinero percibe de todos los entes reguladores, principalmente por el pago de un porcentaje de las ganancias de operadores tan poderosos como la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y Movistar.
“Lo que pasa es que queremos evitar que nos toquen estos fondos, como hicieron con las planillas de pago. Telcor se mantiene normal como operador, pero ahora adscrito a la DGI”, explicó Novoa.
LA ORDEN A LA POLICÍA
Posteriormente, el viernes 24 de junio, el presidente Bolaños rubricó dos decretos. El Decreto 43-2005 ordena a los poderes e instituciones del Estado, la ejecución e inmediato cumplimiento de la sentencia de la CCJ.
En el 44-2005, ordena a la Policía Nacional acatar únicamente el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
El Decreto 44-2005 mandata “ordenar al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, Director General de la Policía Nacional, asegurar la ejecución e inmediato cumplimiento de la sentencia dictada por la CCJ (…) la cual debe ejecutarse como si hubiese sido dictada por un tribunal nacional, y es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones y poderes del Estado, así como para las personas naturales y jurídicas involucradas”.
“Para cumplir con lo ordenado (…) la Policía Nacional se debe abstener de ejecutar órdenes de cualquier funcionario de los poderes del Estado y entidades autónomas, que vayan en contra de los ordenado en la sentencia de la CCJ”, dice el Decreto.
SIN COMENTARIOS
El vocero de la Policía Nacional, comisionado Alonso Sevilla, explicó que la institución no emitirá comentarios ante el decreto del Presidente.
El liberal Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, aseguró que al incluir a la Policía Nacional en el diferendo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Bolaños deja un “triste legado”.
El diputado sandinista Tomás Borge, expresó que “este país se tiene que subordinar a los tribunales de Nicaragua, no a un tribunal extraterritorial”.
DESAFÍO AL PODER JUDICIAL
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el sandinista Rafael Solís, catalogó de inconstitucionales los decretos presidenciales y añadió que son una «apología del delito».
«Esos decretos son totalmente inconstitucionales, porque la Constitución claramente señala que lo que prevalece en Nicaragua es la Constitución», dijo.
Declaró que el Gobierno no tiene facultades para ordenar a otros poderes del Estado desconocer las sentencias de la CSJ.
«Algunos magistrados creemos, incluso, que son hasta delictivos —los decretos—, porque hacen una apología del delito de desacato, al decirle a la Policía que no acate las decisiones de nosotros —CSJ—»,dijo Solís.
Añadió que hoy a las diez de la mañana se reunirá la CSJ en pleno, y aprovecharán para discutir los decretos.
LEAL DEFIENDE DECRETOS
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, dijo que en ningún momento los decretos rozan con la Constitución, la cual establece que la Policía Nacional debe prestar auxilio a los funcionarios del sistema judicial. El objetivo, añadió Leal, es hacer cumplir la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que declara “inaplicables” las reformas constitucionales.
