Jorge Loáisiga [email protected]
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó el viernes pasado en los juzgados capitalinos a cinco personas como presuntas responsables por el caso del “robo” de tierras al oeste de la Cuesta del Plomo, incluidas varias propiedades del Estado.
Los acusados son Nery Poveda, Jorge Armando Ibarra Rivera, Yelba Barahona Venerio, José Ángel Vásquez Fonseca y Jannette Ortega Raudez a quienes se les imputa el delito de falsificación de documentos públicos y auténticos en perjuicio del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y de la Dirección General de Ingresos (DGI).
De acuerdo con la acusación presentada de forma autónoma por la PGR, porque la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el caso, pese a que tiene en su poder el informe policial desde el pasado mes de mayo, los acusados vendieron de forma ilegal unas 350 manzanas de tierras en la Carretera Nueva a León afectando no sólo a particulares, sino a empresas del Estado.
Para poder hacer la venta ilegal de propiedades estatales los acusados, según la Procuraduría, falsificaron documentos del Catastro, enjuiciaron a un muerto, falsificaron la firma de una hermanastra de la acusada, Yelba Barahona Venerio y habrían falsificado documentos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).
AÚN NO NOTIFICAN
La acusación presentada por la procuradora auxiliar Iris Valverde quedó radicada en el Juzgado Octavo de Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la juez Karla García Zepeda, y hasta ayer no se había fijado una fecha para la audiencia. La judicial a cargo del juzgado emitiría ayer un auto para notificar a los acusados.
Este caso fue denunciado en junio del 2004 por LA PRENSA y fue conocido como el gran robo de tierras, de propiedades que se extendían desde la Cuesta del Plomo, sobre la Carretera Nueva a León, hasta la entrada de Ciudad Sandino, que incluían empresas privadas e inmuebles del Estado como la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa), Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic), de la Iglesia Católica, las cuales fueron vendidas a Urbanizadora Americana S.A., por Barahona Venerio en supuesta representación de su difunto padre Julio César Barahona.
Todo empezó en 1999 cuando, Barahona Venerio, fingiendo ser apoderada de su padre, Julio César Barahona Ruiz, enjuició al difunto Ofilio Mendoza Osorno por una falsa deuda de 600 mil córdobas. Mendoza fue, en los años sesenta, dueño de parte de las tierras, pero al momento de su muerte ya no tenía ni un metro de la propiedad.
