Viene fogueo para Fogade

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Ubicado en el antiguo edificio del otrora Banco del Sur (Bancosur), cuya quiebra en 1999 lanzó los primeros signos de la más grave crisis financiera en la historia de Nicaragua, el Fondo de Garantía de los Depósitos (Fogade) ha estado ahí: callado, hasta cierto punto bajo el anonimato, pero desde el 2001 “captando” de córdoba en córdoba los recursos aportados por el Sistema de Garantía de los Depósitos.

Su gran misión es saber responder, en tiempo y forma, con esos recursos que lo alimentan, a la restitución de los ahorros del público si la desgracia llegase nuevamente: otra quiebra bancaria, como la ocurrida entre los años 2000 y 20001 con la quiebra de cuatro bancos privados por malos manejos administrativos e irregularidades financieras.

Estas crisis bancarias, que se refieren al agotamiento de gran parte o de la totalidad del capital bancario, generalmente por retiros masivos de depósitos, ha sido “una constante” en América Latina, ya que durante las últimas tres décadas ha hecho presencia en 17 países de la región, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La única señal visible de que el Fogade está físicamente ahí, en las cercanías del nuevo centro de Managua, en una estructura de dos pisos ubicada casi frente a las instalaciones del complejo de la Policía Nacional en Plaza El Sol, son las grandes letras doradas que luce el edificio en su parte frontal y que arman su largo nombre: Fondo de Garantía de los Depósitos de las Instituciones Financieras.

Pero un proyecto de ley enviado la semana pasada por el Presidente de la República, Enrique Bolaños, a la Asamblea Nacional, como parte del combo de leyes que ha insistido se necesitan para poder reactivar el programa económico con el FMI, prevé darle más poder que iría más allá de restituir una parte de los depósitos de los clientes de un banco que quiebre.

Según la propuesta legislativa que pretende reformar la Ley número 371 Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, el Fogade tendrá “la atribución exclusiva de ejecutar la intervención de los bancos y entidades del Sistema de Garantía de Depósitos, toda vez que el Superintendente de Bancos decreta la intervención”, explica el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana.

Para tal efecto, se contempla la creación dentro del Fogade de una Unidad Especializada para Liquidación Forzosa, que sumirá todos los deberes y facultades de las juntas liquidadoras, las cuales desaparecen.

Las figuras de estas juntas se utilizaron para liquidar los bancos quebrados en el pasado, y cuya efectividad ha sido cuestionada, cosa que admiten las autoridades oficiales.

¿MEJOR TRABAJO, A MENOS COSTO?

Sin embargo, el mejor escenario promete que la Unidad Especializada para Liquidación Forzosa funcionaría “con mayor dinamismo y flexibilidad” que las juntas liquidadoras, con mayores facultades, incluyendo la de contratar firmas especializadas, nacionales y extranjeras, para la ejecución de la liquidación forzosa de un banco que sea intervenido.

El asunto apuesta así por un giro de 380 grados.

Hasta ahora las intervenciones y liquidaciones bancarias, tal como ocurrió durante los peores episodios de la crisis financiera entre los años 2000 y 2002 cuando quebraron cuatro bancos privados, han estado a cargo de la Superintendencia de Bancos (SIB), que en coordinación con el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha nombrado a las juntas liquidadoras.

El ministro Arana sale al paso y justifica las razones para darle más poder al Fogade, decisión que recibe el visto bueno del vice- superintendente de Bancos, Alfonso Llanes.

“Las quiebras bancarias nos mostraron dos cosas: primero que no teníamos ningún seguro y entonces el Estado tuvo que asumir enteramente las restitución de los depósitos del público. Eso significó entre 400 a 500 millones de dólares, para lo cual se tuvieron que emitir Cenis bancarios que hoy estamos pagando todos los nicaragüenses”, sostiene Arana.

Esta acción incrementó la deuda interna, que hoy supera los 1,500 millones de dólares.

“Segundo —continúa Arana— para liquidar a los bancos quebrados y tratar de recuperar parte de sus activos, se tuvo que aplicar la modalidad de juntas liquidadoras que resultaron sumamente costosas administrativamente”, admite.

CADA UNA POR SU LADO

En efecto, se estima que las juntas liquidadoras de los quebrados bancos Intercontinental Bank (Interbank), del Café (Bancafé), Mercantil (Bamer) y Nicaragüense, Industria y Comercio (Banic), gastaron 43 centavos de dólar por cada dólar que recuperan.

Dicho en términos de pesos y centavos, de 46 millones de dólares recuperados, sólo 26 millones de dólares lograron ingresar a las bóvedas del BCN, según fuentes extraoficiales.

No obstante, las autoridades del BCN no confirman ni niegan tales estimaciones.

PROMETEN GENES ESPECIALIZADA

El titular de Hacienda, Mario Arana, explica que “el Fogade es un seguro donde hay fondos provenientes de los bancos y, en alguna medida, también de los depositantes”, pues al final las llamadas primas que deben pagar las entidades financieras para alimentar el Fondo se reflejan en parte en las tasas de interés, tanto pasivas (las de ahorro) como activas (las de préstamos).

Sostiene que al pasarle al Fogade la potestad de ejecutar las intervenciones y liquidaciones bancarias, se basa en una propuesta “que simplifica y disminuya los costos administrativos si se llegase a dar una quiebra bancaria, cosa que no deseamos”, se apura en aclarar.

La reforma a la Ley del Fogade, cuyo texto parece guardarse con tal recelo, como si se tratase de un secreto de Estado, al punto que resultó imposible obtenerlo en asesoría legal de la Presidencia, en Hacienda e incluso en el BCN, sostiene que los costos de administración de los bancos que sean intervenidos y entren a un proceso de liquidación, “se reducirán”.

Juan José Rodríguez, gerente jurídico del BCN, explica que esto sería posible porque el Fogade podrá contratar empresas o especialistas “cuyos honorarios estarían basados en criterios de desempeño”.

El economista, Néstor Avendaño, confirma que las juntas liquidadoras que han funcionado en el pasado “resultaron muy onerosas” y que, según dijo, fueron integradas por personas que quizás no estaban tan aptas para la misión encomendada.

“El que dirija la Unidad Especializada para Liquidación Forzosa no recibirá honorarios por porcentaje de lo que se recupere de un banco liquidado, sino que tendrá un salario fijo”, responde Rodríguez.

No obstante, dice que no se puede generalizar que todas las juntas liquidadoras fueron muy costosas.

“Unas fueron más eficientes que otras, unas tuvieron menos gastos administrativos que otras”, insiste.

Además, se presentaba el problema de que cada junta liquidadora establecía sus propios procedimientos administrativos, sus propios planes operativos y sus prioridades, lo cual creaba en cierta medida, cierto desorden.

¿Y QUÉ HA PASADO CON TALES JUNTAS?

Rodríguez refiere que las juntas liquidadoras del Bancafé e Interbank ya no existen, pues rindieron sus informes final a la SIB, en tanto las del Bamer y el Banic “no está funcionado porque no manejan activos”, pero legalmente no han sido cerradas en tanto no presenten sus informes respectivos.

“En resumen, se está fortaleciendo la supervisión bancaria (con la reforma al Fogade). La Superintendencia de Bancos se dedicará a la parte de la supervisión, a concentrarse en los bancos que están funcionando, eso fortalece el sistema”, reitera.

MÁS OJOS SOBRE BANCOS “VIVOS”

El vicesuperintendente de Bancos, Alfonso Llanes, sostiene que este traspaso de poder al Fogade “no está debilitando” a la SIB, sino que a su juicio “está fortaleciendo su supervisión”.

“Lo que sucedía en el pasado es que además de supervisar a los bancos vivos, es decir en funcionamiento, la Superintendencia también tenía que poner sus esfuerzos en supervisar la liquidación de los bancos intervenidos”, responde.

Esta situación obligada a la SIB a “desviar” parte del personal encargado de supervisar a los bancos en operación, para colocarlos en los bancos en liquidación.

“Con la reforma planteada a la Ley del Fogade, la SIB se encargará de supervisar a los bancos que están activos, lo cual cada día es una tarea que requiere más esfuerzo primero por un mayor número de bancos, por un crecimiento de los depósitos y préstamos, y un aumento de clientes”, valora Llanes.

“Efectivamente la SIB necesita fortalecer su supervisión. Es evidente que el número de instituciones financieras viene creciendo, al igual que el número de activos y pasivos”, añade Avendaño.

Desde inicios de los años 90, Nicaragua ha visto la caída de siete bancos, incluyendo los cuatro que quebraron en los peores momentos de la crisis entre los años 2000 y 2001.

Pero desde entonces el sector financiero ha logrado mantener la senda del crecimiento según el BCN, al punto de afirmar que durante el 2004 tuvo el mayor Índice de Actividad Económica (IMAE) de los 11 sectores de la economía nacional, al alcanzar el 25.7 por ciento.

Un reporte del BCN, sobre la evolución del sector detalla que al cierre del 2004 el país contaba con siete bancos comerciales y tres empresas financieras, 4,606 empleados permanentes y una red nacional de 208 ventanillas y sucursales, de las cuales el 50 por ciento se localizaban en Managua.

En diciembre de 2004, se incorporó al Sistema Financiero un banco extranjero de importancia regional, como el Banco del Istmo (Banistmo), pero recientemente se concretó la adquisición del Banco Caley Dagnall, el más pequeño del sistema, por parte del Banpro, uno de los más grandes.

Por otro lado, el número de sucursales y ventanillas se incrementó en doce unidades, de forma tal que el grado de cobertura de los servicios y productos financieros permaneció prácticamente invariable en relación con el año anterior, al existir 3.8 ventanillas por cada 100 mil habitantes, comparado con 3.7 del 2003.

Con el Bancaley fuera, hoy operan seis bancos comerciales y tres sociedades financieras, y en ese sentido son miembros del Sistema de Garantía de Depósitos. El Fogade, de ser necesario, deberá, responder a los clientes del Sistema y poner a prueba su efectividad.

¿CUBRE AL GRUESO DE DEPOSITANTES?

El ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Mario Arana, coincide en que es aceptable el monto de 10,000 dólares que cada ahorrante tiene como seguro en caso de una quiebra bancaria. Hasta hace algunas semanas, ese monto era de un máximo de 20,000 dólares, pero los diputados decidieron en una reforma bajarlo a 10,000 dólares para adaptarlo a los niveles centroamericanos justifica Arana.

“Básicamente el monto de 10,000 dólares cubre al 93 por ciento de los depositantes. Se bajó porque el monto anterior hacía más costoso el sistema financiero, pues al final la prima que deben pagar los bancos para alimentar al Fogade, nos cuesta a nosotros también (cuentas de ahorro a tasas más bajas y préstamos a tasas más altas). la mayor parte de los depositantes no tiene cuentas arriba de 10,000 dólares”, sostiene Arana.

El economista Róger Cerda ejemplifica que en el Federal Deposit Insurance de Estados Unido, la entidad homóloga del Fogade nicaragüense, el monto máximo asegurado para cada cliente es de 100,000 dólares.

Claro, se trata de la mayor economía del mundo.

“Nicaragua es un país que no puede dar semejante garantía, pero en Nicaragua la mayoría de los depositantes tienen montos pequeños, aunque habría que hacer un estudio a fondo al respecto”, recomienda Cerda.

Otro economista, Néstor Avendaño, y quien regularmente se dedica a realizar análisis bancarios, refiere que al 31 de marzo pasado se contabilizaban en Nicaragua 586,543 depositantes, con una suma total de 33,329.2 millones de córdobas.

Del total de depositantes, 365,274 tenían cuentas en córdobas por un monto de 10,735.8 millones de córdobas, y 221,279 depositantes con ahorros por 1,267.1 millones de dólares.

En el otro extremo, los registros hablaban de 606,500 prestatarios, que tenían una cartera de crédito de 19,181 millones de córdobas.

De la totalidad de clientes, 372,321 tenían préstamos en córdobas por 3,003.8 millones, mientras que los restantes 234,194 clientes preferían préstamos en dólares por un monto global de 978.9 millones.

MEDIO AÑO SIN PRESIDENTE

El Fondo de Garantía de los Depositantes (Fogade) se encuentra sin presidente desde diciembre del 2004, cuando Víctor Manuel Urcuyo, quien ejercía el cargo en ese momento, resultó electo por la Asamblea Nacional como Superintendente de Bancos (SIB), cargo que estaba vacante tras la sorpresiva renuncia en junio del 2004 de Noel Sacasa.

Alejandro Arauz, gerente financiero del Fogade, lo está administrando. Declinó emitir declaración alguna aduciendo que no estaba facultado para hacerlo.

El presidente del Fogade debe ser nombrado por el Presidente de la República de una terna enviada por las instituciones financieras que integran el Sistema de Garantía de los Depósitos, para un período de cinco años.

Mariano Buitrago, director ejecutivo de la Asociación de Banco Privados (Asobanp), confirma que ya remitieron la terna, sobre la cual no dio detalles, al presidente Enrique Bolaños.

“Para serte franco no sé por qué está atrasado el nombramiento del presidente del Fogade, puede ser por el ambiente político enrarecido que hay”, justifica el ministro de Hacienda, Mario Arana.

El vocero de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz, sostiene que “el Presidente está por nombrar al nuevo presidente del Fogade. El asunto se ha pospuesto de momento por la delicada situación del país”.

EN EL RANGO

En la región el seguro para proteger los depósitos del público fluctúa entre los 2,500 y los 10,000 dólares, según un estudio preliminar facilitado por Macrino Blanco, Subsecretario del Consejo Monetario Centroamericano.