José Antonio Poveda [email protected]
La política de cambio estructural y la estabilización macroeconómica se consideran desde los noventa como la estrategia de transición adecuada para promover un crecimiento eficiente y competitivo de las empresas y la economía, tanto en Nicaragua como en América Latina.
La contribución de Michael Porter al Informe mundial de competitividad es la medición de ésta en lo macroeconómico reflejada en la modernización de la gestión empresarial, el ambiente organizacional y productivo en que se desenvuelven las empresas.
Por otra parte, Porter encuentra que la ventaja competitiva de las empresas depende más de la innovación de productos y procesos que da la abundancia de mano de obra barata y recursos naturales, lo que muestra el tránsito hacia la nueva era del conocimiento en que el capital intelectual, apoyado en trabajadores del conocimiento, es el factor estratégico de la ventaja competitiva sustentable, a diferencia del viejo modelo de apertura y estabilización basado en la ventaja comparativa neoclásica, según la cual un país, con abundante mano de obra, exportará productos intensivos en ese factor; esto es, la ventaja comparativa basada en la mano de obra barata.
La apertura de Nicaragua y la paradoja de la competitividad se explican porque el país carece de un enfoque integral de competitividad sistemática que encare de manera eficaz la globalización y las brechas del desarrollo. por ello es necesario instrumentar un paradigma alternativo de la competitividad de las naciones ante la globalización un modelo de competitividad sistémica para el desarrollo con tres pilares fundamentales: 1) la estrategia de crecimiento equilibrado con ambos motores: el externo y el interno; 2) la estrategia de industrialización tridimensional apoyada en los pivotes exportador, de sustitución competitiva de importaciones y endógeno de crecimiento; y 3) la política de competitividad sistémica; el nivel internacional (fomento de las exportaciones y programa activo y preventivo ante prácticas de competencia desleal y de contrabando) con el capital comercial; nivel institucional y gubernamental (gobierno con calidad: promoción y fomento de los servicios públicos y Estado de Derecho) y, por último, el sistema político-social (desarrollo social integral y estabilidad política), con el capital social.
La competitividad internacional no sólo implica acuerdos de libre comercio, sino programas preventivos ante prácticas de competencia desleal, muy común en el mundo actual, y del contrabando, que es un fenómeno que puede cancelar el crecimiento competitivo de la propia industria. La competitividad internacional implica un modelo de apertura eficiente con un programa de defensa a la competencia desleal y formación de capital comercial.
El capital institucional y gubernamental se refiere al modelo de gestión gubernamental y el Estado de Derecho que son determinantes del entorno de la competitividad de las empresas. Un gobierno con calidad que provee los servicios públicos y el fomento económico y social mediante políticas públicas eficaces y eficientes en un modelo desburocratizado, transparente y que opera con simplificación administrativa. Esto es lo que forma el capital gubernamental de una sociedad moderna.
El Estado de Derecho se sustenta en la formación y el desarrollo del capital institucional de una sociedad y se caracteriza por tres elementos fundamentales: reglas del juego claras (leyes y reglamentos), organizaciones transparente (instituciones propiamente dichas) y un sistema de vigilancia que haga cumplir las reglas del juego con transparencia, eficacia y los mínimos costos de transacción.
Es importante implementar una economía institucional de mercado fundamentada en un Estado de Derecho; ello frena la eficiencia y la competitividad de las empresas en los mercados bancario-financiero, laboral y de bienes y servicios, en donde no existe un nuevo marco legal a la altura de la nueva economía global. De aquí la importancia de desarrollar los capitales institucional y gubernamental para la competitividad de la economía y las empresas.
El capital social, la confianza en el sistema político-social. La formación del capital social implica el fortalecimiento de las condiciones que permitan la gobernabilidad y la cohesión de un país. En primer lugar, la eficacia de las instituciones políticas es condición sine qua non del desarrollo democrático, lo mismo que la eliminación de las condiciones que reproducen el círculo vicioso que une a la pobreza, la exclusión y la inestabilidad sociopolítica y productividad tiene que ser de largo plazo y con una visión de futuro enmarcada en un plan estratégico de mediano plazo.
Vicedecano Facultad de Derecho UNAN-León, Catedrático Derecho Internacional.
