Néstor Avendañ[email protected]
Con la iniciativa del señor Gordon Brown,ministro británico de Finanzas, para combatir la pobreza en África —lo que ya se ha comenzado a llamar como un nuevo plan Marshall para África—, los ministros de Finanzas del Grupo de los 8 (G-8) han propuesto la reducción del 100 por ciento de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) a 27 países de ese extraño Club de Países PPME, en el cual se encuentran cuatro países latinoamericanos, Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua. Esta propuesta será aprobada en la Cumbre del G-8 en Gleneagles, Escocia, del 6 al 8 de julio próximo.
En el caso de Nicaragua, seguir recibiendo alivios de la deuda externa y continuar aumentándola por la vía multilateral, principalmente a través de los préstamos facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), es algo contradictorio y es un autoengaño.
Con y sin Iniciativa PPME, durante el período 1990-2004, el mundo ha perdonado a Nicaragua una deuda de US$12,030 millones, pero, por otro lado, en ese mismo período, la comunidad internacional endeudó al país en un monto de US$10,150 millones, en términos muy concesionales, o sea a un plazo de 40 años con 10 años de gracia y tasas de interés anuales que oscilan entre 0% y 2%. Y, ahora, de esa nueva deuda muy concesional, se espera recibir una condonación adicional de aproximadamente US$1,000 millones provenientes del FMI y del BM con la reciente iniciativa británica para reducir la pobreza en África.
Para un país PPME o HIPC, de acuerdo con la nueva jerga internacional, no es conveniente que los países más ricos continúen endeudándolo por la vía multilateral, ya sea a través del FMI, el BM, el BID o el BAD, sino que deberían proponerse una plan de ayuda basado en donaciones y fomentar la rendición de cuentas (incluidas las donaciones contables por el alivio de la deuda que son asignadas exclusivamente a la reducción de la pobreza), tal como se observa con las donaciones asociadas con el nuevo paradigma de colaboración de Estados Unidos denominado como ‘Cuenta del Reto del Milenio’, aunque este país sólo destina a la ayuda externa apenas el 0.2% de su Producto Interno Bruto en vez del 0.8% como lo manda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así como se ha demostrado que es un absurdo cobrar una abultada deuda externa a países en que más del 50% de sus poblaciones tiene un ingreso igual o menor que US$1 diario, también es otro absurdo creer que los préstamos oficiales para el desarrollo y los préstamos multilaterales muy concesionales han facilitado el crecimiento y el desarrollo económico entre estas naciones pobres. La futura ayuda externa debería destinarse al mejoramiento de la educación para elevar la productividad laboral, a una efectiva transferencia de tecnología para superar los bajos rendimientos productivos anacrónicos —principalmente en las actividades agropecuarias—, a la reconstrucción y ampliación de la infraestructura económica con el fin de contribuir a la ampliación de los mercados y a la reducción de los costos unitarios de producción, y al mejoramiento de la red y el suministro de una apropiada dotación de bienes al sector de la salud.
Para nosotros, los nicaragüenses, una pregunta clave es si la reducción del saldo de la deuda externa y, por ende, del pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos, en el marco de la Iniciativa PPME, ha significado un aumento del gasto público para la reducción de la pobreza desde enero del 2001, fecha en que se comenzó a recibir el alivio interino PPME.
Mi respuesta a dicha pregunta es negativa. El alivio interino de la Iniciativa PPME para Nicaragua, estimado en US$790 millones durante el período 2001-2004 no fue agregado al gasto social ordinario ni fue utilizado exclusivamente para financiar proyectos de reducción de la pobreza humana de nuestro país. Más de la mitad de los recursos liberados del pago de la deuda externa fue desviada para el pago de una onerosa e ilícita deuda pública interna, que ahora es mayor que el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos.
En Nicaragua, el financiamiento de la lucha contra la pobreza ha registrado, entre otros proyectos, el gasto total de funcionamiento de las instituciones responsables de esa lucha, el pago de altos salarios de consultores que pululan en el sector gubernamental, la construcción de cárceles para adolescentes y el incentivo del 1.5% del valor de las exportaciones de bienes. Sin embargo, algo tragicómico se observó hace dos años al no poderse financiar el vaso de leche escolar para los estudiantes de primaria en las escuelas públicas con recursos del presupuesto nacional.
Por lo tanto, en Nicaragua no basta la transparencia en el uso de los recursos públicos, sino también es necesaria la transparencia en la formulación del presupuesto nacional, etapa previa a su aprobación por la Asamblea Nacional, con el fin de asignar correctamente los recursos concedidos por la comunidad internacional. Por otro lado, los países ricos y los organismos multilaterales, en su afán de ayudar a Nicaragua, deben abandonar la idea ingenua que con la condonación de la deuda contribuyen a la reducción de la pobreza, peor aún si una mayor proporción de la futura ayuda internacional ingresa a este país en forma de préstamos muy concesionales.
No olvidemos que Nicaragua aún no observa una plena transparencia del uso de los recursos liberados del pago de la deuda externa, ahora que el país está presto a recibir un nuevo alivio de su deuda con el FMI y el BM promovido por el plan británico. Y tampoco olvidemos que, después de haberse graduado en la Iniciativa PPME, el país todavía no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional por estar severamente endeudado en términos de producción.
El autor es doctor en Economía.
