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La marcha de miles de nicaragüenses, contra la corrupción y el pacto de liberales y sandinistas, demostró la semana pasada que el Frente Sandinista (FSLN), dirigido por Daniel Ortega, es antidemocrático; que la democracia es tan importante para empresarios y trabajadores; y que los nicaragüenses en el exterior también se interesan por el futuro de Nicaragua.
El FSLN reafirmó su vocación dictatorial. Apenas apareció la convocatoria a la marcha, hecha por la Red por Nicaragua, los representantes sandinistas Gustavo Porras y Jasser Martínez amenazaron con sabotearla, dejando claro que para el FSLN nadie más puede protestar en este país; sólo ellos.
Atentaron. Los sandinistas bloquearon las salidas en algunas ciudades, como León, para que los ciudadanos que iban a protestar a Managua tuvieran contratiempos. En las entradas de la capital regaron “danielitos”, o sea púas para ponchar las llantas de los vehículos. “Ésta es una acción criminal”, gritaba una mujer que venía de Jinotepe y se quedó a medio camino. Es cierto, las dictaduras, cuando ven su poder en peligro, recurren a la criminalidad.
Los seguidores de Daniel Ortega atacaron la marcha, desde antes que se realizara, con el argumento de que ésta era organizada por empresarios y, por eso nada tenían que hacer en ella los trabajadores asalariados o desempleados, tratando de azuzar con la bandera de la lucha de clases, con la que el FSLN gobernó durante los años ochenta.
Es un mal argumento de los sandinistas. Primero, porque el FSLN requirió del apoyo de los empresarios para tomar el poder en 1979, cuando éstos presionaron con paros al régimen de Anastasio Somoza y dieron apoyo económico y diplomático a los guerrilleros. Segundo, porque después que el gobierno sandinista confiscó empresas y expulsó del país a empresarios, se desplomó la economía y sólo volvió a caminar cuando retornó la inversión privada después de 1990.
Es irreal pensar, entonces, que un país puede mejorar sus condiciones económicas sin empresas privadas. ¿Quién, si no éstas, ofrecerían más y mejores empleos? ¿El Estado? Con el gobierno sandinista quedó claro que cuando el Estado trata de ser el principal empleador, la productividad cae porque el compromiso político se impone al de la calidad; y las finanzas públicas se deterioran al aumentar el gasto de la burocracia por la repartición de empleos innecesarios.
Si en Nicaragua se instaura una nueva dictadura y en consecuencia son obstruidas las inversiones, nacionales y extranjeras, resultarán afectados los empresarios locales, pero también los asalariados que dependen de estas empresas.
La amenaza dictatorial igual le preocupa a los nicaragüenses en el exterior, porque mes a mes mandan dinero a sus familiares en Nicaragua (más de 800 millones de dólares anuales en remesas), porque quizás han considerado hacer negocios en su tierra natal o piensan volver jubilados, en su momento, para invertir sus ahorros y vivir de su pensión. Sandinistas y liberales les han impedido votar desde el exterior y por eso también protestan de lejos.
