El secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, planteó ante un grupo de periodistas que cubrían una conferencia de prensa que él brindó el martes 14 de junio corriente —después de entrevistarse con banqueros nicaragüenses—, una hipotética situación en la que el Presidente de la República le ordenaría a la Policía “disparar dos tiros” contra el propietario del Canal 2 de Televisión, señor Octavio Sacasa, o contra los periodistas del diario LA PRENSA.
“Si mañana el Presidente le dice a la Policía que vayan y le metan un par de tiros a un ciudadano, o le metan un par de tiros a Octavio Sacasa (propietario de Canal 2), y le dice a la Policía que le metan un par de tiros a los de LA PRENSA, la Policía no está obligada a acatar porque lo está ordenando el Presidente”, expresó textualmente Daniel Ortega, en las declaraciones a que hacemos referencia, que deben estar grabadas en las cintas magnetofónicas de los periodistas que cubrieron ese acontecimiento.
Con esa frase ominosa y siniestra, el máximo líder sandinista ilustró su “análisis” acerca del deber de obediencia de la Policía Nacional en el actual conflicto interinstitucional que sufre el país. Es decir, a quién tiene que obedecer la Policía: ¿al Presidente de la República, a cuya autoridad está subordinada según el artículo 97 de la Constitución Política de la República, o a los jueces cuando éstos la requieren para hacer cumplir sus fallos y resoluciones que son de ineludible cumplimiento, según el artículo 167 de la misma Constitución?
Pero, ¿por qué Daniel Ortega recurre a ese ejemplo tan grotesco, de ordenarle a la Policía que dispare dos balazos contra el Canal 2 de Televisión, contra Octavio Sacasa o contra los periodistas de LA PRENSA?
En realidad, tomando en cuenta los antecedentes violentos de Daniel Ortega, su odio a la libertad de prensa en general y al diario LA PRENSA en particular, y las diversas agresiones que sufrimos durante del régimen sandinista, no podemos considerar como un simple exabrupto la referencia a “los dos tiros”, hecha por el caudillo del FSLN. Al contrario, las entendemos como una amenaza contra quienes hemos denunciado las consecuencias nefastas del oprobioso pacto libero-sandinista que el jueves de esta semana fue repudiado por la marcha multitudinaria de los ciudadanos nicaragüenses.
Estamos absolutamente seguros de que el Presidente de la República jamás ordenaría a nadie disparar contra nosotros. Y la Policía tampoco lo haría, aunque se lo ordenara Daniel Ortega y el FSLN. Pero si alguien se lo ordenara a un fanático sandinista como el que asesinó al periodista Carlos José Guadamuz, o como el arnoldista también fanático que asesinó a la periodista de LA PRENSA María José Bravo, probablemente sí ejecutaría esa orden criminal.
Ahora bien, si hubiera alguien —como por ejemplo, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que vino a Nicaragua a tratar de ayudar al pueblo nicaragüense a salir de la crisis institucional en que lo han metido políticos irresponsables— que tuviera alguna duda acerca del historial de agresiones de todo tipo que hemos recibido de parte de Daniel Ortega y su partido, bien podría examinar los archivos periodísticos e históricos de Nicaragua, incluso, los de la misma OEA, para comprobarlo y para entender por qué nos sentimos amenazados por la funesta expresión del líder sandinista sobre los dos tiros contra el señor Octavio Sacasa, del Canal 2, y “los de LA PRENSA”.
A lo largo de los últimos ochenta años, todos los dictadores y sátrapas que han desgobernado a Nicaragua, desde Moncada hasta Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, han atacado a LA PRENSA por todos los medios posibles, legales e ilegales, políticos y criminales. A LA PRENSA la han tratado —y siguen tratando— de destruir por medio de bombardeos, ataques de turbas, acusaciones y querellas judiciales, penales y civiles, con agresiones físicas a miembros de su personal, con el asesinato de sus periodistas, entre ellos nuestro Director Mártir Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, con el terrorismo fiscal, con la imposición de leyes tributarias confiscatorias —como la tristemente célebre “ley Arce” recientemente aprobada por los pactistas del PLC-FSLN en la Asamblea Nacional— etc.
Pero aquí estamos. Y aquí vamos a estar hasta que Dios nos lo permita, aunque alguien quiera pasar otra vez de las amenazas a los hechos.
