Amparo Aguilera [email protected]
Desde octubre de 1978 hasta ahora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha acumulado ya un importante historial de intervención, mediación o como se le quiera llamar, en Nicaragua.
La primera incursión en una crisis política del país fue en octubre de 1978, después de los bombardeos de la aviación somocista contra varias poblaciones del país en las que ocurrieron insurrecciones organizadas por el Frente Sandinista. Entonces vino a Nicaragua una representación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que después de una exhaustiva investigación presentó varias recomendaciones que no se cumplieron. Inmediatamente después llegó la Mediación Internacional, que intentó facilitar una salida democrática de la dictadura somocista pero fracasó por la intransigencia del general Somoza Debayle, lo mismo que por el boicot del FSLN que sólo quería una salida revolucionaria igual a la de Cuba en 1959.
Luego, el 23 de junio de 1979 la OEA exigió el reemplazo "inmediato y definitivo" del régimen somocista. Curiosamente, en aquella ocasión igual que ahora también se alzaron voces ardientemente nacionalistas "las del general Somoza Debayle y su camarilla del Partido Liberal Nacionalista" contra la intervención de la OEA, mientras el FSLN la pedía y sobre todo la aprovechaba para sus fines políticos particulares.
La siguiente intervención de la OEA en los conflictos políticos de los nicaragüenses fue en febrero de 1990. Fue cuando la OEA junto con la ONU y el Centro Carter auspiciaron el pacto conocido como Protocolo de Transición, para que los sandinistas admitieran su derrota electoral y entregaran el gobierno a la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro, a cambio de significativas concesiones políticas y cuotas de poder.
Ahora la OEA viene con una nueva y autorizada credencial, la Carta Democrática Interamericana, que se originó precisamente en Nicaragua donde se aprobó en 1993 la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, en la que se estableció que "la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno".
Ese principio sustantivo de la Declaración de Managua se convirtió en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, cuyo Artículo 17 establece que: "Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática".
Además, el Artículo 18 de la misma Carta Democrática Interamericana de la OEA señala que: "Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
De manera que si ya en 1979 y en 1990 la OEA estaba autorizada para intervenir, mediar, o auspiciar en Nicaragua soluciones a sus recurrentes crisis políticas, mucho más legitimada "y obligada" está ahora para ayudar a encontrar una salida decorosa y genuinamente democrática al peligroso embrollo en que han metido al país los caudillos del Partido Liberal y el Frente Sandinista. Para lo cual la OEA no debe hacer una simple visita de observación a Nicaragua, sino que debe asumir el rol de mediadora y garante de un verdadero diálogo nacional.
En realidad, ante la OEA se presenta ahora la oportunidad de demostrar si tiene voluntad y capacidad para respaldar con hechos lo que ha inscrito como palabras en sus documentos de principios.
