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Algunas organizaciones que trabajan por la educación se mostraron en desacuerdo con la aprobación de la Ley General de Educación, tal y como está dictaminada, porque no toma en cuenta la educación bilingüe y no especifica el rol del Estado y de los medios de comunicación en la educación nacional.
Miguel De Castilla, coordinador del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), recomendó a la Asamblea Nacional no aprobar el dictamen de la Ley General de Educación, para abrir espacios de discusión que permitan enriquecer la ley, además sugirió que se hagan esfuerzos para que toda la población conozca lo que va a ser aprobado.
De Castilla relató que la Ley General de Educación comenzó a trabajarse en agosto de 1997, cuando la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) y el Ministerio de Educación presentaron sus proyectos de ley.
COSTA CARIBE PREOCUPADA
Hazel Lau, representante de la Comisión de Educación de las Regiones Autónomas, añadió que existe una gran preocupación por las repercusiones que la aprobación de la Ley General de Educación, tal y como está dictaminada, pueda tener en la enseñanza que se imparte en la Costa Caribe del país.
Lau explicó que el dictamen actual se contradice con los artículos 8 y 11 de la Constitución que defienden la naturaleza multiétnica del país y la oficialidad de las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica.
Además consideró que se contradice con el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR).
Otras de las organizaciones que apoyaron el pronunciamiento fueron: las Secretarías de la Educación de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, la Coordinadora Civil, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que trabajan por la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
EN DESACUERDO CON REFORMA A LEY 89
Miguel De Castilla, también especialista en educación, se mostró en desacuerdo con la propuesta de reformar la Ley 89 (Ley de Autonomía de Instituciones de la Educación Superior), para sacar a las universidades privadas del seis por ciento.
De Castilla consideró que los diputados de la Comisión de Educación desconocen cómo se invierten los fondos del seis por ciento en estas universidades, poniendo el ejemplo de los becados y las investigaciones que se generan en la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica de Nicaragua.
Lau por su parte añadió que si se excluyera a las universidades de la Costa Caribe del seis por ciento “sería aumentar la falta de acceso a la educación”, porque “los costeños deberían de pagar un boleto de avión de más de cien dólares”.
