Así como los culpables del conflicto institucional que está haciendo un grave daño a Nicaragua, lo han venido escalando de manera deliberada hasta convertirlo en una crisis que pareciera no tener solución pero sí irreparables consecuencias, también las fuerzas sanas, cívicas y democrática de la sociedad deberían escalar la búsqueda de una salida apropiada, digna y duradera.
Al respecto hay que valorar como oportuna y muy importante la decisión que adoptaron el jueves de la semana pasada las once cámaras empresariales que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), las cuales se pronunciaron en forma oficial y pública contra las reformas constitucionales que rompen el equilibrio de poderes en que se funda el sistema democrático de gobierno de Nicaragua y que, además, podrían impedir a los ciudadanos el derecho a escoger a sus gobernantes y representantes en elecciones competitivas, libres y limpias.
En ese mismo sentido, también fue alentadora la decisión que anunciaron el domingo 5 de junio los principales líderes políticos democráticos de Nicaragua, incluyendo a los disidentes del PLC y el FSLN, Eduardo Montealegre y Herty Lewites que son los presidenciables con mayor respaldo popular, de unirse para impedir el fraude electoral que los pactistas, adueñados del Consejo Supremo Electoral, podrían realizar para impedir que las fuerzas democráticas ganen los comicios del próximo año.
Igualmente es una estupenda iniciativa la movilización unitaria de numerosas organizaciones políticas y cívicas que preparan para el jueves de esta semana una marcha en el centro de Managua contra el pacto y contra los pactistas que han agarrado por el cuello a las instituciones democrática y tienen al país al borde de una catástrofe nacional.
Sin dudas que por muy grave que sea el conflicto institucional provocado por el pacto y los pactistas, es posible encontrar soluciones políticas, cívicas e institucionales. Y a este respecto, la venida esta semana a Nicaragua de otra misión —esta vez de naturaleza política, pues la anterior tuvo carácter técnico— de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría ayudar de manera significativa a encontrar la salida apropiada y duradera que se está necesitando.
Por ejemplo, bastaría con que se acordara que durante lo que resta del período del actual gobierno de la República, no se aplicarán las reformas constitucionales que aprobaron los pactistas y que alteran el balance de poderes que es indispensable para que pueda funcionar el sistema democrático de gobierno, tal como lo señala precisamente la Carta Democrática Interamericana de la OEA en su artículo tercero:
“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Un segundo acuerdo básico podría ser que las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año sean también una consulta plebiscitaria para que los electores aprueben o rechacen las controversiales reformas constitucionales que arbitrariamente pretenden imponer los pactistas. Pero la OEA sola no podrá hacer mayor cosa por ayudar a resolver la crisis.
Los pactistas están ensoberbecidos porque hasta ahora, aparentemente, han tenido éxito en todas sus agresiones contra las instituciones democráticas, de manera que no será fácil que atiendan las gestiones de la OEA y que acepten que ésta sea garante de un verdadero diálogo nacional, tal como es necesario.
La sociedad tiene que ponerse en pie de lucha, movilizarse para doblegar a los pactistas. En Nicaragua hace falta hacer lo que hicieron los pueblos de las ex soviéticas repúblicas de Georgia y Ucrania, así como en Kirguiztán y Líbano, donde camarillas mucho más poderosas que las de los caudillos Ortega y Alemán fueron derribadas por la acción conjunta del pueblo y la presión de la comunidad democrática internacional.
En realidad, la presión popular no sólo es un instrumento de los extremistas para desestabilizar y derrocar gobiernos democráticos. También es una fuerza irresistible para desalojar del poder a camarillas corruptas y autoritarias, y establecer o restablecer la democracia.
