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Bajo la sombra de un árbol de mango, en el Sistema Penitenciario La Esperanza, murió Cándida Rosa Chávez Palacios, de 42 años, esperando una orden judicial que le autorizara someterse a tratamiento médico fuera del régimen carcelario.
Con una sentencia de cinco años de prisión por el delito de tráfico interno de estupefacientes, Chávez sufría de asma bronquial persistente más neumonía, y sus últimos días estuvieron marcados por constantes visitas hospitalarias y el retorno al penal de mujeres.
Sergio Noguera Solórzano, identificado como hijo de la fallecida, denunció que la salud de su madre fue empeorando al extremo que durante abril y mayo fue hospitalizada durante 22 días.
Por eso solicitó permiso para recibir tratamiento médico fuera de la cárcel, pero no lo consiguió por la burocracia y retrasos en el procedimiento para conseguir la orden judicial.
NO TUVO LA “SUERTE” DE ALEMÁN
A Cándida Rosa Chávez le sucedió todo lo contrario que al ex presidente Arnoldo Alemán, quien por una lesión en un dedo de la mano pasó meses en el hospital y luego fue enviado a su casa, en vez de ser devuelto al penal para seguir purgando una condena de 20 años por malversación de fondos del Estado.
“El sábado cuatro de junio (…) me presenté al penitenciario La Esperanza y por una de las hendijas del portón observé a mi madre en el patio, sentada y quejándose de su enfermedad. Yo pedí a la responsable que por favor me dejaran entrar a ver a mi madre y que además me permitieran llevarla al hospital con su debida custodia. La oficial de turno, de nombre Vicky, me trató mal y me dijo que mi madre no tenía nada, que lo que estaba haciendo era una trama”, señala la denuncia.
Noguera Solórzano consideró que la juez a cargo de su madre, Roxana Zapata, debió ordenar que la reclusa saliera del penal para ser tratada en su casa, bajo el cuido de sus hijos.
“La juez siempre tuvo conocimiento por los médicos del penitenciario, del hospital y del mismo médico forense, que mi madre era portadora de una enfermedad letal”, añade el escrito.
Según una secuencia de cinco dictámenes a los que LA PRENSA tuvo acceso y que forman parte del expediente judicial, en ninguno de éstos los médicos recomendaron que tratara su padecimiento fuera de prisión.
Un informe del Instituto de Medicina Legal enviado a la juez Zapata, con fecha 21 de octubre de 2004, concluye que la interna no tenía riesgo inminente de muerte y podía continuar detenida.
Luego de varios análisis, en mayo de 2005, Medicina Legal remitió a la juez otro dictamen, cuya conclusión es que la procesada “no tiene riesgo inminente en su estado de salud en estos momentos” y “puede continuar detenida una vez compensado su problema respiratorio”.
De esta recomendación es que se vale el denunciante para pedir una investigación de la actuación judicial y de la custodia del penal.
El seis de mayo la juez Zapata solicitó al Instituto de Medicina Legal una nueva valoración. El doctor Patricio Solís Paniagua respondió indicando que la señora Solórzano Picado fue dada de alta el nueve de mayo en el Hospital Roberto Calderón.
