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José Adán Guerra.

Gobierno: telecomunicaciones es un tema de seguridad nacional

Ludwin Loáisiga López [email protected] El presidente Enrique Bolaños explicó ayer que además de no reconocer las reformas constitucionales que le cercenan facultades al Ejecutivo, su oposición a entregar a la Sisep las telecomunicaciones, tiene como fin proteger la seguridad ciudadana en sus comunicaciones privadas. “Pone en riesgo la protección de la privacidad, la inviolabilidad de […]

Ludwin Loáisiga López [email protected]

El presidente Enrique Bolaños explicó ayer que además de no reconocer las reformas constitucionales que le cercenan facultades al Ejecutivo, su oposición a entregar a la Sisep las telecomunicaciones, tiene como fin proteger la seguridad ciudadana en sus comunicaciones privadas.

“Pone en riesgo la protección de la privacidad, la inviolabilidad de la correspondencia, las comunicaciones y la seguridad de la información transmitida, por sus antecedentes laborales”, señaló el mandatario, al referirse a Freddy Carrión, recién electo como Intendente de Telecomunicaciones, por la Asamblea Nacional, a propuesta del FSLN.

“Es una persona de dudosa procedencia”, indicó Bolaños.

El ministro de Defensa, José Adán Guerra, aseguró ayer que si el Frente Sandinista toma el control de las telecomunicaciones, se podría repetir la etapa de los ochenta, cuando se monitoreaba “constantemente al pueblo, en detrimento de los derechos humanos y de las libertades individuales”.

“El control de las telecomunicaciones por parte de organizaciones que son enemigas de la democracia, podría representar un serio peligro contra la seguridad nacional y la seguridad de países amigos y aliados”, indicó Guerra.

Guerra también resaltó la importancia de poseer el control de las telecomunicaciones durante los procesos electorales, y no descartó que se prepare un fraude.

“Ceder el manejo de este instrumento a un partido con probados antecedentes antidemocráticos, incrementaría la desconfianza de la población”, señaló.

Sin embargo, diputados liberales y sandinistas ripostaron estos argumentos, señalando que la Corte Suprema de Justicia, que controlan ambos partidos, ya había notificado en febrero de 2004 al Ejecutivo que no se pueden “espiar” las llamadas telefónicas.

El caso está referido a una petición de Telcor de tener el registro de las llamadas de los usuarios alegando que esa información era necesaria para poder emitir un juicio en caso de conflicto entre la empresa y los usuarios. La Corte determinó que las llamadas telefónicas son privadas.

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