- Claves para entenderla
AFP
LA PAZ.- Una Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso boliviano y la pretensión autonomista de cuatro departamentos del oriente, rechazada por el oeste del país, son los focos de la protesta que se prolongó durante semanas y que derivaron en la renuncia del presidente Carlos Mesa.
LEY DE HIDROCARBUROS:
Esta ley, aprobada el 17 de mayo por el Congreso, otorga mayor control al Estado boliviano sobre sus hidrocarburos.
Sin embargo, los sectores más beligerantes en las protestas (como la poderosa Central Obrera Boliviana, COB) pedían la nacionalización del valioso recurso del gas, con una reserva de cerca de 50 trillones de pies cúbicos.
Un protagonista de la protesta fue el diputado y líder campesino Evo Morales, quien abrió tres frentes de protesta contra la ley.
El primero es el de sus huestes protestando en las calles de La Paz; otro con su intención de presentar —en su calidad de congresista— enmiendas a la ley, y finalmente con el envío de una comisión a Bruselas para denunciar el “saqueo” del país por las multinacionales.
La ley petrolera mantiene un 18% de regalías (participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo) para el Estado sobre los recursos y aumenta el impuesto de 16% a un 32% no deducible.
Además recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y refunda la compañía estatal de petróleos para que participe, junto a las privadas, en la producción y comercialización de hidrocarburos.
En un referendo sostenido el año pasado, la aplastante mayoría se pronunció a favor de nacionalizar el gas y el petróleo.
También obliga a las petroleras a pasar obligatoriamente de un régimen de riesgo compartido a otro de producción y ganancias compartidas.
AUTONOMÍAS
La rica provincia de Santa Cruz lidera una cruzada por un régimen autonómico que le permita el manejo de sus recursos que ha tenido eco en otras tres provincias, Tarija, Beni y Pando.
Las cuatro anunciaron su decisión de convocar de facto un referendo vinculante para dotarse de un régimen autonómico.
Las provincias andinas se oponen a esa iniciativa y piden una Asamblea Constituyente que sea elegida en diciembre y sesione en 2006, para estudiar el tema autonómico.
La autonomía propuesta por las cuatro regiones se daría en dos frentes, el político y el económico.
En lo político exigen básicamente la elección directa de prefectos, autoridad que luego tendrá el rango de gobernador, como en un régimen federal.
Demandan también la elección, por voto popular, de asambleístas locales. Los cambios más sustanciales se verían sin embargo en lo económico.
Santa Cruz propone un modelo para administrar el 56% de los recursos que genera, alrededor del 30% del Producto Interior Bruto de Bolivia, de unos 8,000 millones de dólares anuales.
Sus dirigentes proponen una reforma del sistema de distribución departamental (provincial), es decir 10% de la producción de las regiones más ricas en beneficio de las más deprimidas y un 33% para la administración nacional.
El punto que mayor conflicto ha generado con legisladores y organizaciones sociales de las regiones andinas del país tiene que ver con la administración de la riqueza natural en los territorios de jurisdicción provincial.
Los autonomistas pretenden obtener facultades irrestrictas sobre las riquezas del suelo y poder disponer de ellas sin previa consulta al gobierno central de La Paz.
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