Freddy Potoy Rosles
Al margen de los atrasos políticos que causan tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo por el control de algunas instituciones del Estado bajo la figura de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), este organismo tiene una serie de retos que cumplir en materia de energía, agua y telecomunicaciones.
La posición del Ejecutivo no durará mucho tiempo y la Sisep asumirá sus funciones nos guste o no, pues finalmente es una institución creada por el Parlamento nicaragüense y como tal se debe respetar. En este caso, me centraré en los retos puntuales que la Intendencia de Telecomunicaciones tiene frente a los usuarios, las compañías de telefonía y los proveedores de servicios de Internet.
Es necesario que la Intendencia de Telecomunicaciones defina las reglas claras para los operadores de los servicios de telefonía e Internet, debe impulsar una legislación para la instalación y ubicación de antenas celulares y retomar el tema del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones que hasta hoy tiene en sus proyectos el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor).
Nicaragua siempre aparece en la lista de países más atrasados en materia de tecnología y para empeorar las cosas, también está registrada dentro de los primeros 20 países con más alto porcentaje de piratería informática. Sumado a esto, otra preocupación válida que se debe tomar en cuenta es que en el mercado no se debe permitir abusos del operador dominante, pero tampoco se debe permitir que otros operadores brinden un servicio para el cual no están autorizados mediante una licencia otorgada por el ente regulador.
Las instituciones del Estado están para regir el ordenamiento jurídico del país y por tanto no es correcto que las personas naturales o jurídicas hagan una interpretación extensiva de la ley. Si las reglas son claras en el mercado de las telecomunicaciones, no deben existir problemas porque debe prevalecer, en todo caso, la libre competencia, estableciéndose negociaciones en un plano de igualdad que cada quien sabrá manejar.
Una vez que se defina la situación del regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, éste debe apuntar a garantizar estabilidad en el sector para generar confianza en la inversión privada, que haya equidad y sana competencia, e incentivar un mercado competitivo respecto a tarifas de algunos servicios que igualmente se brindan a precios favorables en Centroamérica.
Es oportuno hacer ver que mientras muchos productos o servicios suben cada día sus costos, el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, tiende a bajar, y aún así, en Nicaragua los políticos, instituciones del Estado y varios empresarios desaprovechan esta oportunidad y lo ven como gastos.
Sólo en Nicaragua al mes se registran entre 28 y 30 millones de minutos entrantes de carriers internacionales, que pueden dejar fácilmente de 35 a 40 millones de dólares para el país.
El tema de las telecomunicaciones incluido en el capítulo 13 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unido y Centro América (Cafta), presenta otra gran oportunidad para que Nicaragua avance más en este rubro muy rentable, no obstante, esto depende de la rapidez con que se resuelvan los problemas políticos del momento.
