Como consecuencia de la lucha por el poder político, en Nicaragua han corrido —literalmente hablando— ríos de sangre humana. A lo largo de la historia nacional, en sus luchas por el poder los partidos conservador, liberal y sandinista provocaron y protagonizaron innumerables conflictos y luchas armadas que causaron decenas de miles de muertos y una enorme e irreparable destrucción material. Por eso Nicaragua es ahora el penúltimo país más atrasado y pobre del hemisferio occidental.
Pero los caudillos y los líderes políticos de Nicaragua no aprenden de la historia ni sienten compasión por el pueblo nicaragüense, pues siguen en la misma lucha cimarrona por el poder. Ciertamente, no de otra manera se puede considerar el actual conflicto institucional entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que tiene acosado al presidente Enrique Bolaños y a Nicaragua al borde del abismo .
Ahora bien, la lucha por el poder no es una peculiaridad nicaragüense sino una condición humana, y de una u otra manera se ha librado y se plantea en todas partes del mundo. Inclusive, la lucha por el poder es uno de los pocos motivos por los cuales el hombre mata con facilidad y con frecuencia, según advirtió Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, ahora en gran parte del mundo la lucha por el poder se libra de manera civilizada y pacífica. Las guerras civiles, golpes de Estado, asesinatos y conspiraciones de todo tipo han venido siendo reemplazados por las elecciones competitivas, libres y limpias; por los debates y las resoluciones parlamentarias; por el respeto a la supremacía de la ley sobre la voluntad política; por la administración independiente de la justicia; por la colaboración de oficialismo y oposición en torno a plataformas de interés nacional; por el diálogo permanente y los acuerdos de conveniencia común, etc. Pero, lamentablemente, Nicaragua —igual que otros países latinoamericanos y africanos—, todavía no ha llegado a ese estado de civilización política.
Por otro lado, siempre en estos casos de lucha por el poder, cada una de las partes en conflicto reclama la razón, dice representar el interés nacional y alega ser el intérprete auténtico de la ley. Y lo mismo ocurre en el actual enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, este último respaldado por el Poder Judicial y la Contraloría . En efecto, el presidente Enrique Bolaños se ampara en una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la cual, en uso de las facultades que le confiere su Estatuto que tiene fuerza de ley, declaró inválidas las reformas constitucionales porque alteran el equilibrio de poderes en que se fundamenta el sistema democrático de gobierno, según lo establece la misma Constitución.
También es atendible el argumento de los diputados, que invocan el artículo 182 de la Constitución en el cual se establece que no puede tener validez ningún tratado ni ley que se oponga a la norma constitucional. Si embargo, es pertinente preguntarse ¿por qué hasta ahora que quieren imponerse al Poder Ejecutivo, los diputados alegan eso y no impugnaron antes el Estatuto de la CCJ?
Por otro lado, aunque ambas partes alegan fidelidad a la Constitución, el presidente Bolaños la ha violado flagrantemente al mandar a publicar la “ley Arce” contra la libertad de prensa, que es notoriamente inconstitucional, y además la reglamentó al mismo tiempo para hacerla inmediatamente operativa. En tanto que los diputados nombraron los altos cargos de los nuevos entes burocráticos que crearon con la reforma constitucional cuestionada, a cuyo pie estamparon el compromiso de que dichos funcionarios debían ser nombrados en consenso con el Poder Ejecutivo.
Lo más grave de todo esto es que el pleito entre Ejecutivo y Legislativo no lo puede dilucidar el Poder Judicial, porque éste no es independiente sino que obedece a una de las partes en conflicto, carece de autoridad y credibilidad para juzgar y resolver en un caso tan delicado como es este conflicto institucional. Y por su parte, el diálogo tripartito (Ejecutivo-FSLN-PLC) tampoco tiene credibilidad y sus “garantes” no pueden —o no quieren— obligar a las partes a cumplir lo que acuerdan.
Alguien con suficiente autoridad moral tiene que arbitrar este conflicto para que no empeore ni siga dañando a Nicaragua. Pero la sociedad y los ciudadanos deben comenzar a movilizarse de verdad, para obligar a los pleitistas a ponerse de acuerdo, o para sacarlos a todos del poder.
