Josué BravoCORRESPONSAL / COSTA [email protected]
El parlamento costarricense inició la discusión en el plenario del proyecto de Ley General de Migración y Extranjería, en busca de aprobarla en primer debate, sin embargo hay diputados que se oponen a esta reforma, calificada como represiva e inhumana por organismos que defienden los derechos de los inmigrantes.
Durante la discusión, la diputada independiente, Aída Faingezicht no estuvo de acuerdo con el proyecto, pues considera que tiene vicios de constitucionalidad, al no contemplar el carácter humanitario de la migración, “o sea la apertura sin restricciones para los extranjeros que necesitan refugio por ser perseguidos políticos o religiosos”.
Asimismo, manifestó “que tampoco es claro en la apertura de Costa Rica para los extranjeros que requieren asilo, los apátridas, y muy especialmente los desplazados económicos”.
Por su parte, diputados del Partido Acción Ciudadana, aseguran que tal y como está esta reforma no debería estar en la discusión de primer debate y abogaron para que el proyecto sea redictaminado en una comisión y se hagan las enmiendas correspondientes.
Para los parlamentarios el tema de la Migración debe verse como una materia de desarrollo y amerita que exista una comisión que analice alternativas.
CRÍTICAS
Más de una decena de organizaciones sociales que critican esta reforma, dicen que es represiva y violenta los derechos humanos.
En parte de sus articulados este proyecto de ley ordena que ninguna persona natural o jurídica, pública o privada pueda contratar trabajadores extranjeros que estén en condición ilegal en el país, o que aún gozando de permanencia legal no estén habilitados para ejercer dichas actividades.
Señala que de lo contrario serán sancionados con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, según el dictamen.
Asimismo, castigará a las personas que alojen a extranjeros indocumentados con una multa que oscilará entre uno y cinco veces el monto de un salario básico, quedando exentos de dicha sanción aquellos que proporcionen alojamiento a extranjeros en condición irregular por razones estrictamente humanitarias y sin fines de lucro.
AMENAZA
“Sé perfectamente que hay algunas quejas u observaciones de algunas organizaciones sociales, la Iglesia, la Defensoría de los Habitantes y creo que es oportuno discutir y ver hasta dónde tienen razón o no, y a qué medidas podemos llegar para mitigar efectos no deseados”, explicó Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
En tanto el jefe de la fracción del Movimiento Libertario, mira a la inmigración, principalmente nicaragüense, como una amenaza, pues asegura que “si no se ordena el flujo migratorio en este país la seguridad social podría colapsar”, al considerar que muchos ilegales hacen uso de algunos servicios de salud sin retribuirle al Estado.
