Para estos mismos días se anuncia un agravamiento de la crisis institucional que sufre el país, al advertir los líderes de los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional —FSLN y PLC— que van a rechazar el estado de emergencia económica dictado por el Presidente de la República el lunes de esta semana. Y además, los líderes parlamentarios liberales y sandinistas anunciaron que hoy mismo designarán a los directivos de las nuevas entidades estatales que fueron creadas como consecuencia de las últimas reformas constitucionales, las cuales, como se sabe, no son reconocidas por el Poder Ejecutivo, amparado en una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que declaró inaplicables dichas reformas porque alteran el balance de poderes en que se funda el sistema democrático de gobierno vigente en Nicaragua.
De manera que el panorama para los próximos días es sombrío. Por una parte, la crisis energética —apagones incluidos— se agravaría si los diputados anularan las medidas excepcionales dispuestas por el Gobierno. Por otro lado, el choque de poderes estaría llegando a su clímax si el Poder Ejecutivo desconociera a los directivos de los nuevos entes estatales designados por la Asamblea Nacional, pues según han asegurado los diputados ellos solicitarían auxilio judicial y policial para hacer que los funcionarios nombrados tomen posesión efectiva de sus cargos.
Por otro lado, si así ocurriera la Policía sería obligada a involucrarse en el conflicto de poderes, al tener que decidir entre guardar obediencia al Presidente de la República, al que constitucionalmente está subordinada, o hacer caso al Poder Judicial cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento. Y si sumamos a todo eso la posible salida de Nicaragua del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), es fácil advertir que el país está siendo empujado hacia el abismo.
Cualquier persona medianamente entendida en política sabe que una república democrática —lo que se supone es Nicaragua— se construye a base del pluralismo de opiniones y el libre debate de las ideas, pero también se funda en la acción conjunta de los órganos de gobierno alrededor de coincidencias básicas de las fuerzas políticas, en las que sin falta se deben tener en cuenta los sentimientos de los ciudadanos y los intereses de la nación. Esa acción conjunta, enmarcada en el gran pacto jurídico, social y nacional que es la Constitución Política de la República, es precisamente lo que permite evitar lo que politólogos y sociólogos llaman los “saltos al vacío” de la ingobernabilidad, la disolución social y la anarquía política.
Dicho con otras palabras, cualquiera que sea el gobierno o gobernante de turno es indispensable que haya una agenda básica de acción común entre los poderes del Estado —sobre todo entre Ejecutivo y Legislativo—, entre gobierno y oposición y entre poder político y sociedad. A eso precisamente es que se refiere el artículo 129 de la Constitución que citamos antes de ayer y debemos traer nuevamente a colación, al hablar de una coordinación armoniosa de los poderes del Estado, no obstante que sean independientes entre sí, y demandar su exclusiva subordinación a los intereses supremos de la nación. En esto consiste la gobernabilidad, que según el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, “es tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo”; gobernabilidad que requiere de transparencia gubernamental y de un sano equilibrio entre gobierno y oposición, así como entre el Estado, la sociedad civil y la economía, en el contexto de una situación de estabilidad política y confianza ciudadana.
Al respecto es pertinente señalar que el diálogo tripartito (Gobierno, FSLN y PLC) que fue instalado a principios del año en curso bajo los auspicios del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nicaragua, Jorge Chediek, y el cardenal Miguel Obando, tenía supuestamente el propósito de buscar solución a los conflictos interinstitucionales y procurar la gobernabilidad del país. Pero en la práctica nada se ha avanzado en esa tripartita, debido al incumplimiento de los acuerdos adoptados y a la falta de interés o posibilidad de los “garantes” para hacerlos cumplir.
Nicaragua necesita de manera apremiante ser un país tranquilo, seguro y confiable, con reglas de juego estables cuyas autoridades las respeten escrupulosamente. Pero en vez de hacer eso, que es lo que manda el sentido de responsabilidad, los políticos de Nicaragua están empeñados en seguir empujando el país hacia el abismo.
