María José Uriarte [email protected]
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Selva, reiteró ayer que la famosa “lista negra” cuya existencia ha sido negada, existe, y dijo que la misma fue elaborada por el Gobierno de Nicaragua y entregada al Gobierno de Estados Unidos.
Selva dijo que sus declaraciones se basan en que previo a su deportación a Nicaragua, el pasado 13 de mayo, durante su retención en las oficinas de Migración del aeropuerto internacional de Miami, funcionarios de esa dependencia le comunicaron que lo hacían por órdenes del Gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería, con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Al referirse a las declaraciones del presidente Enrique Bolaños, que lo señaló de inventar esa versión, afirmó que el que miente es el mandatario, porque nadie más tiene la potestad para hacer una lista y entregarla al Gobierno norteamericano.
“Cuándo te dicen esa afirmación, que es el Gobierno de Nicaragua, el Gobierno de Estados Unidos que es un gobierno serio, no es cualquier ministro ni uno ni dos ni tres ministros, tiene que ser el Gobierno de Nicaragua, y ¿quién es el Presidente de la República? ¿quién es el Jefe del Gobierno? ¿quién es el Jefe de Estado? De otra manera, dudo mucho que el Gobierno de Estados Unidos haría caso o tomaría en cuenta una disposición de otra manera”, comentó el magistrado judicial.
Mencionó que esas medidas incluso habían sido expresadas en reiteradas ocasiones por el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, por el secretario de prensa de Casa Presidencial, Lindolfo Monjarretz, y por el canciller Norman Caldera, quienes aseguraban que venían medidas fuertes y difíciles contra ciudadanos nicaragüenses, con respecto a sus visas e ingresos a ese país.
“Yo recuerdo haber leído antes de … (su deportación), en diferentes ocasiones esos anuncios, y no eran precisamente por porteros ni por CPF (Cuerpo de Protección Física), sino que era por personeros miembros del Gabinete de Gobierno”, apuntó Selva.
Dijo que también el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, se habría pronunciado en ese sentido.
Para el magistrado Selva es evidente la existencia de una lista con funcionarios que se pretende tildar de “non gratos», porque no cree que todo sea como resultado del destino.
“Porque, ¿cuál sería la otra alternativa? Vamos a ver, si el Gobierno no pasó una lista, ¿cómo sería este procedimiento? Tendría cada oficina de migración en la frontera una tómbola, que cuando llegue un ciudadano nicaragüense con pasaporte diplomático, hacen rodar la tómbola y a ver quién sale premiado. ¿Ese sería el procedimiento? ¡No! Tiene que haber una lista”, insistió Selva.
No obstante, para el magistrado judicial lo primordial no es si suspenden la visa o niegan el ingreso, sino que las autoridades de la Embajada hubieran tenido la cortesía de notificarle que se le cancelaba o que le prohibían el ingreso a Estados Unidos.
“Lo más lógico, lo más decente, lo más cortés, en cualquier Embajada de Estados Unidos, aunque sea una embajada en el Tercer Mundo como es la de Nicaragua, por cortesía, por decencia, informarle al portador de la visa que por favor no trate de ingresar, porque no va a ser permitido y ¡san se acabó!”, arguyó el funcionario.
Manifestó que la medida aplicada en su contra, sumada a la suspensión de la visa al diputado liberal Noel Ramírez, es un claro mensaje de una política macro, tal como se lo escuchó a un alto funcionario de Gobierno que no especificó, y quien no lo quiera entender comete un error.
Es del criterio de que con ello lo que se busca es atemorizar y chantajear a funcionarios del Gobierno, y criticó al presidente Bolaños, porque mientras otros mandatarios buscan como defender a los mismos, él se encarga de desacreditarlos.
La mayoría de los mencionados son cercanos al ex presidente Arnoldo Alemán, quien se encuentra bajo régimen carcelario domiciliar, cumpliendo una condena de 20 años que se encuentra en apelación en los tribunales correspondientes.
El presidente Bolaños, durante su visita a Washington estuvo reunido de forma bilateral, de acuerdo a fuentes gubernamentales, además del presidente George Bush, con el vicepresidente Dick Chenney, con Tom Shanon, secretario de Seguridad Nacional y con John Negroponte, director de la Central de Inteligencia (CIA), y con la secretaria de Estado, Condoleeza Rice y el subsecretario de Estado, Robert Zoellick.
Las medidas contra miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) iniciaron después que la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), que afecta la devolución de propiedades a confiscados norteamericanos, de parte del Gobierno.
Otro aspecto es que la dirección del Inprur sea para el candidato que proponga el Frente Sandinista.
LA SECCIÓN 212
A los afectados con la suspensión de visas o que se les impide ingresar a Estados Unidos, se les aplica el reglamento de la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración, que prohíbe la entrada a esa nación a quienes se vieron involucrados o beneficiados con actos de corrupción o terrorismo, pero que puede ser ampliada a aquellas personas que tienen nexos con ciudadanos acusados por esos delitos.
