Ludwin Loáisiga López y Mario José [email protected]
Liberales y sandinistas “regatean” con el diálogo nacional ante la llegada de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del plazo fatal de dos semanas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a las fuerzas políticas y al Gobierno para que logren un consenso en torno a la agenda que se necesita para “descongelar” el programa económico con el Fondo.
A pesar de que representantes del Frente Sandinista (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aseguraron que sus organizaciones están anuentes a reiniciar el estancado diálogo, ratificaron que no suspenderán la implementación de las reformas constitucionales ni la elección de funcionarios públicos, como lo exige el Ejecutivo para volver a las negociaciones.
El FMI dio el martes un plazo de dos semanas a las fuerzas políticas del país y al Ejecutivo, para que logren acuerdos respecto a un paquete de reformas económicas y estructurales que permitan reactivar el programa económico, del cual dependen 175 millones de dólares en cooperación que este año debe facilitar la comunidad internacional.
Miembros de las fuerzas mayoritarias en el parlamento afirmaron estar listos para asistir al diálogo nacional y mostraron poca preocupación ante la alerta del FMI.
El diputado sandinista Edwin Castro manifestó que a través del cardenal Obando han buscado que el Gobierno se reintegre al diálogo.
Por su parte, el también legislador sandinista José Figueroa argumentó que “estamos en toda la disponibilidad de reintegrarnos al diálogo nacional, sin condiciones”.
No obstante, Figueroa emitió un rotundo rechazo a la posibilidad de echarse atrás en lo relativo a las reformas constitucionales, al igual que el legislador liberal Enrique Quiñónez.
“Nosotros mantenemos nuestra posición —implementar las reformas constitucionales—, sin embargo el diálogo es para eso, para platicar, para llegar a acuerdos”, dijo Quiñónez.
“La posición del partido es que nos cite el garante —el cardenal Miguel Obando y Bravo— y allí va a estar el PLC”, añadió el diputado.
MINISTRO ARANA INSISTE
El martes, el representante del FMI en Managua, Humberto Arbulú, advirtió de las consecuencias negativas que enfrentaría Nicaragua si no tiene un programa económico.
Por ejemplo, este año Nicaragua dejaría de percibir 175 millones de dólares en recursos externos comprometidos, de los cuales 67 millones corresponden a recursos líquidos provenientes del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Países Productores y Exportadores de Petroleo (OPEP).
Para “descongelar” el programa económico firmado en diciembre del 2002, el país necesita poner en práctica una reforma tributaria aprobada por el parlamento en febrero con el consenso con el Ejecutivo.
Dicha reforma generaría ingresos adicionales por 500 millones de córdobas para reducir la brecha fiscal del Presupuesto General de la República del 2005, que tras esa reforma quedó en 150 millones de córdobas.
Pero en dicha reforma los diputados decidieron aprobar un artículo que limita los incentivos fiscales a los medios de comunicación, sin antes buscar un consenso sobre este tema.
Por ello el presidente Enrique Bolaños vetó dicho artículo, que aún no ha sido rechazado ni aprobado por los parlamentarios.
Igualmente es necesario aprobar un paquete de leyes como el Código Tributario y la Ley de Administración Financiera, que vigilará el buen uso de los recursos públicos, y elaborar una propuesta de cómo serán financiadas las recién aprobadas reformas al Seguro Social.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, insistió ayer en la “necesidad urgente” de lograr un consenso con las fuerzas políticas para impulsar ese paquete de reformas que “descongelarían” el programa económico con el FMI.
Mientras tanto, Carlos Castañeda, director del BID para Centroamérica, sostuvo que algunos desembolsos del organismo están condicionados a la existencia de una “situación macroeconómica sana”. Eso pasa por la existencia de un programa económico con el FMI.
