Diputado David Castillo.

Alza de luz en veremos

Moisés Martí[email protected] La Comisión de Energía de la Asamblea Nacional advirtió que si la distribuidora eléctrica Unión Fenosa apuesta por el denominado silencio administrativo para aplicar un incremento en la tarifa eléctrica de un 11.83 por ciento, podría enfrentar una serie de recursos de amparo en contra de la medida. Según el presidente de esta […]

Moisés Martí[email protected]

La Comisión de Energía de la Asamblea Nacional advirtió que si la distribuidora eléctrica Unión Fenosa apuesta por el denominado silencio administrativo para aplicar un incremento en la tarifa eléctrica de un 11.83 por ciento, podría enfrentar una serie de recursos de amparo en contra de la medida.

Según el presidente de esta comisión, el diputado liberal David Castillo, se debe llegar a un consenso entre el Gobierno, sector eléctrico y los diputados en lo referente al porcentaje de incremento en la factura energética.

El silencio administrativo es un aspecto establecido en las normativas eléctricas referido a que si en un dado caso el ente regulador del sector energético no se ha pronunciado sobre una solicitud de ajuste tarifario hecha por Fenosa 60 días después de ser presentada, se aplicará automáticamente el porcentaje establecido en dicha solicitud.

“El problema es que el silencio administrativo está siendo cuestionado por unos y apoyado por otros. La ley dice que para el 1 de junio se aplicaría la tarifa, pero hay magistrados de la Corte (Suprema de Justicia) diciendo que no se aplica el silencio administrativo. Lo más seguro que una acción de ajuste tarifario vía silencio administrativo, podría conllevar recursos de amparo y cosas por el estilo, y sería una situación muy fea financieramente hablando para Fenosa e incluso para todo el sector eléctrico”, declaró Castillo.

FENOSA NO LO APLICARÁ

Por su parte, la gerente de comunicaciones de Fenosa, Érika Ramírez, anunció que esta empresa no aplicará el ajuste tarifario vía silencio administrativo, pese a que se venza el plazo el próximo 1 de junio.

Según la funcionaria, el equipo jurídico de esta empresa analizó la situación y determinó que no existen los elementos legales necesarios para resolver aplicar un aumento en la tarifa vía silencio administrativo.

“Los diputados no nos tienen que advertir nada. Es una política de la empresa hacer algo fuera de la ley y no podemos aplicar silencio administrativo cuando no hay nada claro en ese aspecto según nuestro equipo legal, no es tan automático como se ha mencionado”, reveló Ramírez.

“En este caso lo único que nos queda es que las autoridades se pongan de acuerdo para resolver esta crisis del sector energético”, añadió.

Sin embargo, aún no existe una fecha para la siguiente reunión de la mesa multisectorial de la crisis energética.

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