Antonio Lacayo
Después de 15 años desde que los nicaragüenses decidimos elegir a doña Violeta de Chamorro para que las cosas mejoraran tras una década de sandinismo, es evidente que la democracia que iniciamos en 1990 está cada día más debilitada, y en peligro, por la subordinación de importantes instituciones del Estado a los dos partidos políticos mayoritarios, y por la aparente insensibilidad de estos dos partidos para con los intereses nacionales.
Es imposible ver las noticias sin asombrarse de la velocidad con que se está torciendo lo que habíamos logrado avanzar.
En estos últimos días, y sin pretender ser exhaustivo, se atenta contra la estabilidad nacional al renovarse el enfrentamiento entre los Poderes del Estado por el nombramiento de nuevos funcionarios, en un país donde sobran funcionarios y falta presupuesto.
Se atenta contra el suministro de energía eléctrica, con posibilidades de regresar al racionamiento de los años ochenta, por no respetar las leyes que en su momento se hicieron para fijar tarifas eléctricas.
Se atenta contra el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, lo que nos puede poner en rojo el semáforo de la ayuda internacional, parando los créditos a Nicaragua, sacándonos del carril de las HIPC y poniendo en riesgo los fondos del milenio.
Se atenta contra el avance logrado en la solución del problema de la propiedad causado en los años ochenta, con una institución politizada, de claro perfil bipartidista que, lejos de contribuir a finiquitar este espinoso problema, lo profundizará y ahuyentará las inversiones.
Se atenta contra las relaciones de amistad que debemos mantener con el Gobierno de Estados Unidos, poniendo en peligro el otorgamiento del “waiver” sin el cual estaríamos marginados de toda ayuda de ese país, y bloqueados en los organismos financieros. Y hay más.
Y uno pregunta ¿es que ya no es importante la estabilidad de la nación, ni la ayuda internacional? ¿Es que ya no hay que respetar los acuerdos suscritos ni proteger la imagen del país para que vengan nuevas inversiones?
Una obligación fundamental de todo alto funcionario público es prever las crisis y apartarlas del camino. Aquí pareciera que algunos las andan buscando para traerlas al interior de nuestra casa.
Una cosa debe estar clara: El pueblo sabe que las elecciones nacionales del 2001 las ganó el PLC, y si una o varias de estas crisis estalla, la cuenta, por una parte, la pagará ese partido. Pero el pueblo también sabe que la oposición es el FSLN, y que en una democracia la oposición debe contribuir a sacar al país adelante, por lo que si en lugar de ello salimos para atrás, la cuenta también la pagará esa oposición.
Como funcionario de un gobierno que enfrentó numerosas crisis que no buscamos, y que entregó el país mucho mejor de como lo encontró, siento que debe hacerse un alto en el camino, posponer todo lo que enfrenta y divide a los Poderes del Estado, avanzar donde haya unanimidad, cumplir lo acordado con el Fondo Monetario, fijar la tarifa eléctrica que la ley en la materia señale, abrir una discusión seria en torno a cómo vamos a enfrentar el alza del petróleo que importamos, y utilizar las próximas elecciones para decidir qué tipo de gobierno vamos a tener de ahora en adelante.
Hay muchas partes de la Constitución Política vigente que no están siendo desconocidas por nadie. En consecuencia, una posible salida sería el pleno respeto a estos postulados por parte de todos los actores políticos.
Entre éstos se dice que son atribuciones del Presidente de la República “Dirigir la economía del país” y “Dirigir las relaciones internacionales de la República”, lo que obviamente faculta al Presidente a ordenar lo necesario para mantener el programa con el Fondo Monetario, el suministro fluido de energía y las buenas relaciones con Estados Unidos, y obliga a la Asamblea Nacional a respaldarlo sin demoras ni cuestionamientos.
También se afirma que son atribuciones de la Asamblea Nacional elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, lo que obliga al Presidente a respaldar los elegidos sin descalificativos de ninguna especie.
En los demás nombramientos, y en las atribuciones que carezcan del consenso entre los cuatro poderes del Estado, mejor posponer las cosas hasta después de las próximas elecciones.
La tempestad que significa la subida de los precios del petróleo, y la sacudida que nos dará el Cafta, son suficientemente fuertes para mantener al Gobierno y los diputados plenamente atareados en la búsqueda de soluciones inteligentes y de amplio consenso nacional, para garantizar que saldremos adelante sin sucumbir en el camino.
Quizás esto nos ayude a salir del hoyo en que hemos caído, del cual debemos salir sin ánimos revanchistas y con los menores costos posibles para el pueblo trabajador y las clases menos favorecidas.
El autor fue Ministro de la Presidencia.
