José Evenor Taboada Arana
Las dificultades por las que atraviesa Nicaragua tienen en algunos casos dos aspectos positivos: son muy fáciles de identificar y son oportunidades de gigantescos saltos cualitativos. Lo anterior, siempre que los nicaragüenses compartamos una visión de nación con denominadores comunes mínimos, y que realicemos a la brevedad las acciones necesarias para solucionar esas dificultades.
Y como la solución depende en varios de esos casos de soluciones legislativas, son precisamente los partidos dominantes actualmente en la Asamblea Nacional quienes tienen la responsabilidad histórica de solucionarlos, con los aportes que brinde la ciudadanía.
Como ejemplos cito cuatro temas que tienen cada uno su dimensión especial, afectando todos ellos la situación de pobreza que aflige a muchísimos nicaragüenses: la situación de la energía, la suerte de proyectos de desarrollo, incluyendo el caso del Canal Seco; el tema de la educación, incluyendo el seis por ciento, y la justicia.
Todos ellos exigen un análisis especial, que se incluyan en el diálogo nacional y con urgencia, que se adopten las medidas necesarias para convertirlos en factores del desarrollo de Nicaragua. Sin embargo, en la medida que tales temas se analicen desde la perspectiva parcial de los intereses partidarios o buscando algunos el enriquecimiento ilícito, jamás podremos construir el consenso necesario y Nicaragua se seguirá hundiendo en la pobreza, el desempleo, en la condición de país de las oportunidades perdidas.
En esta oportunidad, cabe una reflexión sobre la crisis de la energía: hay en el país conciencia tardía sobre los problemas energéticos, tanto en electricidad como en transporte, particularmente acentuados por el precio del petróleo. Nicaragua no produce petróleo y aunque lo produjera, eso no justificaría nuestra actitud de despilfarro ciego e irresponsable de tal producto. Es imperativo facilitar y agilizar la exploración y explotación del petróleo en el país, si es que acaso tenemos tal recurso en nuestro territorio. Pero aún más imperativo, por ser evidente el elevado costo de su consumo, es facilitar la sustitución del petróleo por energía hidroeléctrica, térmica, eólica, fuentes renovables que existen en el país. Asimismo, en materia de transporte público y privado, se debe definir una política que, entre otras herramientas, premie el uso de vehículos eficientes, y se castigue aún más la utilización de vehículos que sean grandes consumidores por unidad.
En el campo de la oferta de energía, después de muchos años, pareciera que se está creando el marco legal que posibilite las inversiones en plantas hidroeléctricas. Sin embargo, de nuevo, nos equivocamos con las soluciones al limitar la magnitud del proyecto a determinada capacidad, en vez de dejar ese tema a la viabilidad ambiental del mismo, y establecemos artificialmente precios topes de venta, como si lo importante no fuera el tener abundancia de oferta de energía alterna al petróleo, dejando el tema comercial de su precio de venta a la naturaleza de sus costos y la competencia en el mercado regional.
Cuando tengamos centenares de megawatts ofrecidos en energía renovable, entonces quizás el país pueda darse el lujo de empezar a imponer requisitos antojadizos. incluyendo si estuviere entonces de moda, el fijar cuánto debe ser el retorno de una inversión (¿a cambio de asegurar un pago mínimo del Estado si el invierno fuera malo?) o de qué tamaño máximo debe ser un proyecto. Mientras ello no sea así, mientras no pase de cero o pocos el número de interesados con los recursos económicos y técnicos necesarios, y mientras no queramos que los desarrolladores de tales proyectos sean lavadores de dinero o amigos políticos que nos cobrarán caro su inversión, mi sugerencia es dejar sin límites artificiales el desarrollo de los mismos y, asegurados los aspectos ecológicos, brindemos marco legal claro y trato eficiente y justo a quienes deseen asociarse con Nicaragua invirtiendo aquí los centenares de millones de dólares que nos ayuden a resolver el problema álgido del costo de la energía y su disponibilidad, factores que afectan seriamente la calidad de vida de los nicaragüenses y la posibilidad de desarrollo y de competitividad de la nación.
El autor es Abogado, fue Presidente del Banco Central de Nicaragua.
