José Antonio Poveda Salvatierra
La pequeña empresa ha cobrado interés en los últimos años por considerársele estratégica para el fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos. La pregunta es cómo pueden las micro y las pequeñas empresas contribuir al crecimiento del país.
La importancia de las pequeñas empresas como generadoras de empleo radica en que sus procesos productivos son intensivos en trabajo y que a partir de éste se pueden generar innovaciones tanto en los bienes como en la organización, añadiendo mayor valor agregado a la producción. Como señalan los autores Mungaray y Ramírez, los incrementos del valor de la producción y el número de los pequeños negocios se correlacionan de manera estrecha con mayores niveles de empleo, lo que permite una mejor distribución del ingreso y mayor desarrollo social. Dichos empleos acrecientan y vigorizan la demanda interna y aumentan las oportunidades de negocio y empleo. En Nicaragua, que se enfrentan a importantes desequilibrios externos derivados de problemas estructurales y, así, incrementar el multiplicador del gasto y fortalecer el crecimiento.
La búsqueda del fortalecimiento de la competitividad de este tipo de empresas deberá ir acompañada de un proceso de sustitución competitiva de insumos importados por nacionales. Con ello se disminuiría el coeficiente de importaciones y de paso se relajaría el estrangulamiento externo que ha caracterizado a la economía nicaragüense, lo que permitiría elevar la tasa de crecimiento de largo plazo del país y mejorar la distribución del ingreso. Para instrumentar una política industrial como la descrita, Nicaragua debe contar con un marco macroeconómico estable provisto por el Estado y emprender una reforma macroeconómica que atienda las potencialidades y las ventajas comparativas de cada región.
Los modelos de política industrial no están exentos de una instrumentación deficiente o discrecionalidad de las autoridades, así como posibilidades de corrupción. Como lo señalan Kosacoff y Ramos, el éxito o el fracaso de este tipo de políticas depende de la capacidad para corregir las fallas y del compromiso de las partes que permita llevar a la economía a un crecimiento sostenido, cuyos beneficios se traduzcan en un mayor bienestar para la sociedad.
Las microempresas se han convertido en un punto sensible para equilibrar los procesos de inequidad y mejorar los niveles de bienestar de los miembros de dichas unidades de producción. Han demostrado un admirable espíritu de lucha para crear las condiciones necesarias para su prosperidad. Las micro y pequeñas empresas desempeñan un importante papel en la economía, por lo que es necesario formular una estrategia de política industrial, es decir, que genere ventajas complementarias que a la vez promuevan el aprendizaje empresarial.
Si las microempresas han demostrado poseer la habilidad de aprender y en la medida de lo posible desarrollar su potencial de innovación, una política de fomento basada en un sistema de financiamiento que la retribuya permitiría que los empresarios con escasos recursos, pero con confianza en su crecimiento, recibieran apoyo de las instituciones financieras. Se podría compartir el riesgo y generar modelos de crecimiento que les permita salir del círculo de subsistencia. Es necesario impulsar una política industrial que favorezca la cooperación y eleve el nivel de calificación o competencia de este sector empresarial mediante el fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes, así como mecanismos que les permitan su acceso. De otra forma seguirán proliferando las microempresas pobres, y la acentuada concentración industrial de grandes empresas que distorsionan los procesos de competitividad impedirá aprovechar el potencial que representa la generación de economías de escala.
Si el proceso de mundialización ha acrecentado las desigualdades entre los países y las regiones, es necesario que se estimule a las comunidades para competir con base en sus fortalezas. En la política económica mundial vigente, sin embargo, la actual plataforma resulta insuficiente para ese fin. Es preciso construir una base más amplia y más eficaz en la mayoría de los países, de abajo hacia arriba, comunidad por comunidad, región por región y nación por nación.
Una política industrial para las microempresas en condiciones de liberalización económica en Nicaragua necesita un ambiente institucional que permita construir ventajas competitivas regionales a favor de las empresas y de la población por medio de utilidades para la formación de capital y la generación de empleos bien remunerados. Por tanto, la microempresa necesita un impulso institucional que promueva el aprendizaje, la innovación y la formación de redes que incentiven la calidad y la cooperación entre ellas y las más grandes, lo cual puede lograrse mediante una política industrial nacional.
A la luz de su problemática, las microempresas pueden mejorar su desempeño con políticas económicas de apoyo en las que la dimensión espacial adquiera relevancia en la atención de problemas concretos de cada región o localidad, ya que la cercanía geográfica entre los agentes económicos facilita la cooperación para superar obstáculos comunes.
El problema clave de la micro y la pequeña empresa no es su dimensión, sino su aislamiento. Debe prestarse más atención al establecimiento de formas de organización en las que este tipo de empresas pueda combinar sus ventajas de flexibilidad, con el apoyo y la estabilidad que provienen de redes más amplias.
El autor es Vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León y Catedrático Derecho Internacional.
