- Le ofrece la Subdirección a los empresarios, mientras la Dirección se la deja al FSLN
- Liberales no están dispuestos —en apariencia— a romper su alianza con los sandinistas
Luis Felipe [email protected]
La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) decidió ceder la dirección del nuevo Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), al candidato que propondrá el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Tras una reunión de poco más de cuatro horas en la casa- hacienda El Chile, propiedad del ex presidente y reo Arnoldo Alemán Lacayo, el PLC también acordó que el próximo subdirector del Inprur sea un candidato propuesto por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, admitió que pedirán a la dirigencia del Cosep que proponga un candidato para el Inprur, pero no especificó a qué cargo.
Sin embargo, un informante liberal aseguró que el PLC decidió ceder la dirección del Inprur al FSLN, a pesar de las presiones del Gobierno de Estados Unidos.
El FSLN ha anunciado a José Bárcenas Levy como candidato a dirigir el Inprur, aunque internamente los sandinistas también barajan el nombre de Francisco López, tesorero del FSLN y cercano a Daniel Ortega, secretario general de ese partido.
PLC RETA A EE.UU.
Tras la aprobación de las reformas a la Ley Creadora del Inprur, el Gobierno de Estados Unidos ha retirado la visa al secretario nacional del PLC, Noel Ramírez; al magistrado liberal Dámisis Sirias; y ha negado la visa a una hija de la diputada María Dolores Alemán Cardenal, hija del reo Alemán.
Esos dirigentes liberales son parte del equipo que negocia con el FSLN un paquete de leyes y reformas constitucionales, que restan facultades al Gobierno del presidente Enrique Bolaños.
Las autoridades estadounidenses también deportaron del aeropuerto de Miami, al magistrado liberal Guillermo Selva, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde se resolverán, en última instancia, los conflictos de propiedad.
Estados Unidos advirtió con suspender la ayuda a Nicaragua, estimada en 100 millones de dólares anuales, si el nuevo Inprur no resuelve los 768 casos de ciudadanos norteamericanos que demandan la devolución de su propiedad en el país.
PREFIEREN A ORTEGA
Quiñónez confirmó que, pese a los “mensajes” de Estados Unidos, el PLC decidió seguir su alianza con el FSLN.
El pacto libero-sandinista, reiniciado entre Alemán y Ortega a mediados del 2004, incluye no sólo la repartición de cargos públicos y la liberación de Alemán, sino pasar de un sistema presidencialista a un sistema pseudo-parlamentario, esto último a propuesta de los sandinistas.
El FSLN, que dirige Ortega, y el PLC, que lidera Alemán, controlan el parlamento, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral e instituciones claves del país y, a través de las recién aprobadas reformas constitucionales pretenden quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo.
ALARMA NACIONAL
El Gobierno que preside Enrique Bolaños, y el Partido Conservador (PC), advirtieron, por separado, que la creación del Instituto de la Propiedad dañará a todos los nicaragüenses, porque tratará de legitimar centenares de bienes confiscados y usurpados ilegalmente por allegados del Frente Sandinista, durante los años 80.
«Hay que ver esto (creación de Inprur) con seriedad, porque hay millones de dólares que se pueden suspender por esta ley, y eso no se puede poner en riesgo», dijo el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal.
Adelantó que durante su estancia en Washington, el presidente Bolaños habló con las autoridades norteamericanas para que no se suspenda la ayuda al país, pero advirtió que de persistirse en aplicar una nueva Ley de Propiedad, serían catastróficas para el país las consecuencias que eso va a traer.
Mientras Alejandro Bolaños, directivo del PC, reaccionó alarmado ante la creación del Inprur, porque a su juicio promoverá el saqueo y el despojo de los legítimos dueños de las propiedades en todo el país.
EN VEREMOS
Respecto a la ratificación del Tratado de Libre Comercio, firmado entre Estados Unidos y Centroamérica más República Dominicana (DR-Cafta), el PLC mantuvo su posición de aprobarlo hasta que lo haga el Congreso estadounidense. Sin embargo, algunos diputados han amenazado con no aprobarlo de continuar las presiones estadounidenses.
(Con la colaboración de Ludwin Loáisiga López y Anne Pérez Rivera)
