- Magistrado de la CSJ, Guillermo Selva, fue detenido en Miami, le quitaron visa y lo deportaron a Managua
- Antes dejaron sin visa al diputado Noel Ramírez, mientras que al magistrado Dámisis Sirias le habrían prohibido llegar a Estados Unidos
Ludwin Loáisiga López yMirna Velásquez [email protected]
El magistrado liberal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Guillermo Selva Argüello, fue deportado ayer de Estados Unidos, donde las autoridades le aplicaron el reglamento de la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración, que prohíbe la entrada a esa nación a quienes se vieron involucrados o beneficiados en actos de corrupción.
Selva estuvo retenido por autoridades migratorias estadounidenses en el aeropuerto internacional de Miami, pasó por un interrogatorio y luego fue deportado hacia Nicaragua, a donde llegó ayer a las 11:30 de la mañana en un vuelo de American Airlines.
Selva es el más reciente personaje liberal al que le quitan la visa estadounidense, después que su partido ratificó las reformas a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), que es rechazada por Estados Unidos.
Debido a la ley del Inprur, la Embajada de Washington en Managua anunció que la ayuda anual para Nicaragua, estimada en 100 millones de dólares, podría ser suspendida.
Estados Unidos reclama una solución para 768 reclamos de propiedades de ciudadanos estadounidenses, confiscados por el Gobierno sandinista, en la década de 1980.
Al menos la mitad de ellos exige la devolución de sus tierras, de acuerdo a cifras en manos del Poder Ejecutivo, pero a través del Inprur se priorizará a quienes ocupan los terrenos y no a quienes los reclaman, según dijo el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez.
“Nos preocupa seriamente que el nuevo mecanismo creado por la Asamblea Nacional impida la resolución de reclamos de estadounidenses y que ello dificulte que Nicaragua obtenga el waiver”, aseguró el jueves la Embajada de Estados Unidos en un comunicado oficial.
SIN VISA
Al diputado Noel Ramírez también le revocaron su visa, mientras otro magistrado de la CSJ, Dámisis Sirias, presuntamente fue notificado de que tiene prohibido llegar a suelo estadounidense. Sirias se encuentra en su tierra natal, Chontales.
También se dice que en la mirilla de Estados Unidos están los parlamentarios Eduardo Mena y María Dolores Alemán, hija del ex presidente Arnoldo Alemán, quien cumple condena de 20 años de prisión por delitos contra el Estado.
EN SILENCIO
Selva no brindó declaraciones a los medios de comunicación, pero se supo que probablemente el lunes ofrezca una conferencia de prensa.
El magistrado liberal es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, donde se resolverán los litigios por propiedades en lo jurisdiccional, según señala la controversial ley del Inprur, criticada también porque las propiedades reclamadas por sus antiguos dueños no serán devueltas, sino indemnizadas.
CSJ REACCIONA
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, calificó de “falta de cortesía” la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender la visa de entrada a ese país a algunos miembros del Poder Judicial.
“Por muy Tercer Mundo que sea Nicaragua, creo que los funcionarios que ocupan posiciones en el Gobierno merecen ser tratados con dignidad”, declaró el magistrado Martínez.
Indicó que las causales para suspender o cancelar las visas no están muy claras o específicas en el caso de Nicaragua, ya que se trata de una decisión eminentemente política.
Además de Selva y de Sirias, el año pasado Estados Unidos levantó los permisos de ingreso a los magistrados Rafael Solís y Carlos Guerra, argumentando que ambos estaban involucrados en actos de corrupción.
“Con los antecedentes que tengo yo como conocedor del problema de la propiedad en Nicaragua, porque fui presidente de la Cornap (Corporación Nacional del Sector Público), puedo decir que siempre ha existido y existe anualmente para el mes de julio que el Congreso de Estados Unidos otorga el ‘waiver’ para la ayuda a Nicaragua, hay que darle satisfacciones en cuanto a los reclamos de propiedades pertenecientes a ciudadanos ahora americanos, que antes eran nicaragüenses”, explicó Martínez.
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, consideró que la decisión de Estados Unidos es una “medida política”, probablemente motivada por la aprobación de la ley, “pero también es una medida de presión obviamente, sobre miembros destacados del PLC que han estado en conversaciones con el sandinismo buscando como este país camine y funcione”.
Valoró que el Gobierno norteamericano tiene una percepción equivocada, porque lo que se está tratando de hacer es agilizar la solución del problema de la propiedad.
Producto de la llamada “piñata” sandinista, el Estado ha desembolsado en indemnizaciones, 1,600 millones de dólares en los últimos 15 años.
PLC MOLESTO
El jefe de la bancada liberal en la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez, dijo que ese partido está molesto con el Gobierno de Estados Unidos, porque “están tocando a nuestra gente”, al referirse a la suspensión de la visa a tres importantes representantes de esa organización política.
“Nos lacera un poco, recordá que el PLC ha pagado un costo político por esa amistad que tenemos con Estados Unidos, como fue el hecho de nosotros respaldar y enviar tropas del Ejército de Nicaragua a Irak, como también respaldar y darle una resolución al Presidente de la República para que destruyera los cohetes tierra-aire”, dijo Quiñónez
El diputado criticó la forma de actuar de Estados Unidos y exigió pruebas de los presuntos actos de corrupción, en los que están envueltos los representantes del PLC.
“¿Por qué, si tienen pruebas, no los encausan? ¿por qué, si tienen pruebas, no se la quitaron (la visa) desde hace tres años cuando era funcionario?”, preguntó Quiñónez a la administración de George W. Bush, al referirse al caso del diputado Noel Ramírez.
NUEVO EMBAJADOR
El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, nombró a un nuevo embajador en Nicaragua, Paul Arthur Trivelli, quien deberá ser ratificado por el Congreso de su país para asumir el cargo.
La actual embajadora, Barbara Moore, se despedirá muy pronto de manera oficial.
Debido a la crisis institucional en Nicaragua, por contradicciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, provocadas por una serie de reformas constitucionales aprobadas en el parlamento, el próximo martes llegará a este país una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA tendrá como propósito analizar la situación política del país, luego de que el parlamento ratificó reformas constitucionales que recortaron atribuciones al Ejecutivo.
