Diez acusados en caso Chinandega

José Adán Silva Todo está listo para que el próximo, lunes 16 de mayo arranque, en Chinandega la audiencia inicial donde se enjuiciarán a tres policías y siete civiles involucrados en el desalojo violento en que murieron tres personas. El fiscal especial designado por el Ministerio Público a investigar el caso, Richard Lara, confirmó que […]

José Adán Silva

Todo está listo para que el próximo, lunes 16 de mayo arranque, en Chinandega la audiencia inicial donde se enjuiciarán a tres policías y siete civiles involucrados en el desalojo violento en que murieron tres personas.

El fiscal especial designado por el Ministerio Público a investigar el caso, Richard Lara, confirmó que el Juzgado Penal de Audiencia de Chinandega ya notificó a las partes involucradas a que se presenten con sus abogados al juicio.

La apertura del juicio se concretó luego que, tras 40 días de investigación, Lara interpuso el pasado 4 de mayo, la acusación por varios delitos contra 10 personas que participaron en los hechos violentos del 23 de febrero.

Ese día unas 300 personas que mantenían ocupada una propiedad privada en Chinandega, fueron desalojados por un centenar de policías; en el choque, los pobladores de barrios vecinos lanzaron objetos contra la Policía y ésta disparó contra los civiles.

LOS TRES MUERTOS

Producto de los disparos murieron tres personas: Walter Arata Munguía, líder de los toma-tierras, Walter Bismarck Estrada, de 18 años que supuestamente observaba el conflicto y Adilia Rivera, madre de una prole que se asomó a buscar a sus hijos para evitar que fueran heridos.

De los 10 acusados, tres son policías y siete son civiles. Los policías acusados son: el comisionado Domingo Navas Funes y los oficiales Francisco Javier González y Mayra Inés Medrano.

La Fiscalía los acusó a todos de exposición de personas al peligro. Al comisionado Navas por no impedir que sus hombres dispararan las armas; a la oficial Medrano supuestamente por disparar a la boca al ciudadano Luis Alfonso Somarriba.

A quien le cayó el mayor peso de toda la acusación, fue a González, a quien la Fiscalía lo acusa de exposición de personas al peligro con el resultado de la muerte de las tres personas.

Según la acusación de la Fiscalía, la Policía hizo uso incorrecto y desmedido de la fuerza y armas letales que provocaron la muerte y heridas a los precaristas.

Los siete civiles fueron acusados por atentar contra la autoridad y hurto.

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