Luis Felipe Palacios
El parlamento nicaragüense aprobó ayer parcialmente una reforma a la Ley de Seguridad Social, que sugiere la creación de la Superintendencia de Seguridad Social (SSS), en sustitución del Sistema de Pensiones.
Tanto la SSS como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que también sufrió reformas, serían controlados por sandinistas y liberales que, desde la Asamblea Nacional, propondrán y elegirán a los funcionarios que ocuparán esos cargos.
Ambas instituciones no serán subordinadas al Ejecutivo, sino que serán independientes, dijo el diputado sandinista Gustavo Porras, quien anotó que al disolverse la Superintendencia de Pensiones desaparece la figura de Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP), que jamás funcionó.
Para la presidenta ejecutiva del INSS, Edda Callejas, es un “claro conflicto de interés” que sean los mismos legisladores los que propongan, elijan y ratifiquen al nuevo presidente y vicepresidente del INSS, atribución que actualmente corresponde al Ejecutivo.
Callejas lamentó, por tanto, las reformas a la Ley de Seguridad Social y dijo sentirse “fracasada”, porque el proceso fue politizado y ahora las reformas de impacto financiero debe aplicarlas el nuevo consejo directivo del INSS.
El consejo directivo del INSS estará integrado por dos pensionados, dos asegurados (trabajadores), dos empleadores —uno del sector público (ministro de Hacienda) y otro del sector privado—, dos miembros del Ejecutivo —ministros del Trabajo y de Salud— y el presidente, que será electo con el 60 por ciento de los votos de la Asamblea Nacional.
El aún Superintendente de Pensiones, Ramiro Sacasa, defendió la reforma a la Ley de Seguridad Social, incluyendo la desaparición de la institución que dirige.
Mientras Callejas admite que tiene sus días contados en el INSS, al darse una politización en la elección Sacasa espera ser incluido en la terna que presentarán los diputados liberales.
RIESGO MACROECONÓMICO
La presidenta ejecutiva del INSS también dijo que esta reforma a la ley causará un impacto financiero inicial al país, de 602 millones de córdobas, “con tendencia creciente”, alcanzando en el 2009 la suma acumulada de 4,628.7 millones de córdobas.
“El impacto de la reforma como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) representa una tendencia creciente en el tiempo, iniciando con 1.2 por ciento en el primer año hasta 6.7 por ciento en el 2031, lo que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica de la nación”, advirtió.
Callejas dijo que el Seguro muestra un déficit de 377 millones de córdobas, a partir del primer año, siendo necesario el uso del Fondo de Reserva Intocable o en su defecto a cargo del Estado, adicional a la transferencia de la deuda con el INSS, para poder cubrir ese déficit.
“Difícilmente el Estado va a poder pagar, porque esto significaría dejar de tener recursos disponibles para salud, educación, vivienda, etc., para destinarlos al Seguro Social”, advirtió.
Callejas hizo una observación al artículo que permitirá a los pensionados poder trabajar.
Indicó que sólo el 10 por ciento de los pensionados que se retiran consiguen trabajo, sobre todo diputados, magistrados y funcionarios públicos, mayores de 60 años, que poseen altos salarios.
Callejas dijo que la moción, como está establecida, beneficiará a 465 personas y tendrá un costo de 40 millones de córdobas, por lo que sugirió establecer un límite “hasta de cierta cantidad de números de salarios mínimos” para los pensionados que deseen trabajar.
En la actualidad cotiza al Seguro Social el 16 por ciento de la Población Económicamente Activa.
La reforma a la ley incluye como obligatoria la afiliación de más de un millón de trabajadores, incluyendo 580 mil trabajadores del campo, 350 mil trabajadores domésticos y más de 150 mil trabajadores del sector del transporte.
Sacasa dijo que al menos un 20 por ciento de los trabajadores que hoy en día están excluidos, participarán activamente de la Seguridad Social en los próximos tres o cinco años.
Callejas dijo que enviarán al presidente Bolaños los artículos que deben revisarse, para que considere un veto parcial a la reforma.
