Gustavo Herná[email protected]
A consecuencia del alza reciente en los pasajes de autobuses del transporte público, surgió otra vez las controversias sobre la conveniencia del subsidio para beneficiar a la población: Está demostrado, dicen funcionarios públicos y privados, que este tipo de práctica es inconveniente y no se puede volver a sacar la maquinita de hacer billetes, igual que se hizo en otras épocas. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, dichos empleadores aceptan sin reparo el subsidio invertido, es decir, aquél que los trabajadores otorgan a las empresas y la economía nacional a través de la insatisfacción de necesidades ineludibles, como las concernientes al alimento, ropa, vivienda, educación y otras para la recreación y la cultura.
Por ejemplo: Un campesino gana alrededor de 700 córdobas mensuales, un poco más de 20 córdobas al día. Con esa cantidad no logra adquirir ni los 53 productos de la canasta básica, estimada en un precio cuatro veces mayor de lo que recibe como salario. Lo anterior indica que dicho trabajador del campo subsidia a la empresa en que labora, pues la diferencia entre ese salario y el costo de la canasta básica la asume el asalariado y su familia, quienes realizan ingentes sacrificios para sobrevivir.
Igual sucede con los empleados de los demás sectores económicos, todos reciben mucho menos de lo que realmente necesitan para reproducir su fuerza de trabajo. Por la otra parte, los centros laborales exigen a su recurso humano rendimientos iguales o superiores a las normas establecidas para un obrero que ha regenerado satisfactoriamente sus energías.
Este subsidio invertido parece natural en un país como Nicaragua, cuya población presenta un alto porcentaje de desempleo y por tanto la oferta de mano de obra supera a la demanda en el mercado. Sin embargo, dicho gravamen al valor de la fuerza de trabajo está deteriorando de forma irreversible al capital humano nacional y profundizando aún más la pobreza en el sector asalariado del pueblo.
Si bien para la teoría económica gubernamental y de la empresa privada de Nicaragua el subsidio está abolido, también debería ser cierto para ésta que la subvención aportada por los trabajadores merece ser reducida, no sólo porque los salarios actuales sean raquíticos, sino también porque los trabajadores, al tener mayor acceso a los productos de la canasta básica, gozarían de renovadas fortalezas y, sin duda, aumentarían su productividad.
Además, es necesario y urgente corregir la brecha entre los salarios y los requerimientos de los trabajadores para obtener sus medios de subsistencia. De lo contrario continuará agudizándose la incomplacencia de las necesidades más elementales entre la población y, como consecuencia, podría florecer la demanda por este derecho postergado y la tensión que imprimen las mayorías excluidas a quienes no se les da respuestas satisfactorias.
Lo anterior debería ser fuente de reflexión para todos y en especial para quienes manejan las políticas económicas del país, ya que se están dando las condiciones para que se generen protestas sociales más profundas y serias que las vividas recientemente contra el aumento de las tarifas del transporte urbano colectivo en la ciudad de Managua.
El autor es sociólogo.
