Ricardo Sánchez Calero
El incremento en el precio del petróleo vino a afectar las economías de los diferentes países y Nicaragua no es ajena a esta problemática.
Sin embargo, ante esta cruda realidad todos los países se han visto obligados a buscar un plan de contingencia para hacer frente a la crisis y que el impacto financiero no sea devastador.
El Gobierno de Nicaragua, ante esta realidad el primer recurso del que hace uso es correr ante los organismos monetarios internacionales a buscar fondos, ya sea en calidad de préstamo o donaciones.
Con la obtención de estos recursos se podría subsidiar el precio del pasaje colectivo que se incrementó y a la vez paliar un poco el incremento en la energía, para la cual la empresa distribuidora Entresa solicitó al ente regulador una alza de hasta 11 por ciento en el precio al consumidor.
Los organismos internacionales no cedieron ante la petición gubernamental y ahora surge la pregunta: ¿Qué hará el Gobierno para hacerle frente a la crisis del petróleo? ¿Qué plantearán los diputados como alternativa de solución?
La realidad internacional en la economía petrolera demuestra su inminente alza incontrolable. Esta realidad económica desembocó en la crisis que vivió recientemente el país: (tranques en las vías, quemas de unidades de transporte colectivo, heridos y detenidos) los estudiantes presionando para que la tarifa del pasaje se mantenga en C$2.50, y los transportistas cobrando arbitrariamente C$ 3.00.
Todo eso sin sumar el rumor colectivo de la población en general de la falta de empleo y la carestía de la vida.
La crisis social surgida de la realidad económica se manipuló a la conveniencia de los dos poderes del Estado que tienen la responsabilidad de dar una solución nacional.
El Gobierno da como respuesta el incremento de un 15 por ciento en el salario mínimo, solución a medias.
El Poder Legislativo, limitándose oportunistamente a hacer acusaciones de incapacidad y amenazas de destitución del Presidente, y en el último escenario la población, caminando a sus centros de trabajos, expuesta al peligro en las calles y obligada a pagar hasta C$5.00 por el uso de camionetas piratas como medio de transporte.
La violenta crisis que atravesó el país pasó de ser un fenómeno social de carácter económico a un problema político de carácter institucional.
Éste fue un escenario oportuno creado por los mismos poderes del Estado para poner de manifiesto sus confrontaciones y lucir las herramientas legales o de cualquier índole para amenazarse entre sí y dejar claro quién podría salir airoso en un posible enfrentamiento entre ellos (desde la militarización del país, pasando por la amenaza de destitución de funcionarios y amenazas de interpelación, así como desacato y encarcelamientos).
La población es la que siempre termina pagando el alto costo de las diferencias políticas de los poderes del Estado.
Nadie llamó a la ciudadanía a formar parte de las inventadas mesas de negociación o diálogo nacional, por lo tanto, ¿cómo poder resolver los problemas nacionales si los encargados de las célebres negociaciones desconocen la realidad del país?
De todos los funcionarios públicos involucrados en la gobernabilidad del país (ministros, Presidente, asesores, alcaldes y diputados ) de ninguno de ellos hemos escuchado una propuesta sensata de cómo resolver la crisis del incremento del precio del petróleo.
A ninguno se le escucha plantear la exploración de creación de energía hídrica, eólica o geotérmica, o de tratamiento de la basura, no se plantea ninguna propuesta de ley para reducir el gasto del Estado, no se desengaveta la creación de un banco de tierra.
El precio del petróleo deberá ser considerado por Nicaragua como una realidad económica, por lo que a nuestro Gobierno lo que le queda es tratar de maximizar los recursos agrícolas con que contamos, explotar un producto en aras de incentivar la exportación (los productos no-tradicionales) fortalecer los productos en los cuales tenemos leves desventajas de precios y nos vemos obligados a importarlos, fomentando la fuga de capital nacional.
Para esto, el Gobierno en conjunto con los otros poderes del Estado tendrá que hacer una verdadera planificación del desarrollo económico del país. Evaluar económicamente: ¿Dónde estamos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Y la realidad del mercado nacional e internacional? ¿Del mismo desarrollo económico del país se subsidiará desde otro flanco financiero el incremento del precio del petróleo?
El autor es Administrador de Empresas
