- Operativos masivos policiales causan malestar y las críticas de defensores de Derechos Humanos
AFP, AP
GUATEMALA.- La realización de patrullajes de la Policía Nacional Civil (PNC) en zonas y barriadas marginales de la ciudad de Guatemala, para capturar a presuntos delincuentes, ha provocado controversia entre el Ministerio de Gobernación y defensores de los derechos humanos.
La polémica llegó a lo interno del Poder Ejecutivo luego que el director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredh), Frank La Rue, deploró las redadas policiales realizadas en barrios marginales de esta capital para tratar de contrarrestar las pandillas juveniles denominadas “maras”.
“No considero que los operativos masivos sean una forma eficaz de combatir la violencia, pues generan en la gente una expectativa de seguridad que no se cumple finalmente”, afirmó el funcionario.
Según datos revelados por el presidente de Copredh, sólo un 3% o menos de los cientos de detenidos en esos operativos policiales quedan sujetos a proceso judicial.
“Creemos en el despliegue policial como elemento disuasivo, pero de forma permanente y ordenada, no mediante operativos masivos”, subrayó el funcionario, quien estimó que en el país operan no menos de 80,000 pandilleros juveniles.
Según La Rue, el exceso de fuerza utilizado por la Policía guatemalteca para contener manifestaciones de descontento social fue censurado por diplomáticos en la reciente Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
“El tema de los derechos humanos será el que defina la imagen internacional de Guatemala de ahora en adelante”, advirtió el funcionario.
Los operativos denominadas Brigadas de Patrullaje fueron implementados el fin de semana por la Policía con el propósito de bajar los índices de criminalidad en zonas rojas de la ciudad.
Las redadas son ejecutadas por más de 300 agentes que llegan a los barrios y hacen registros masivos a peatones y automovilistas. En emisiones televisivas se ha observado cuando obligan a mujeres a quitarles los pañales a sus bebés para registrarlos, en medio de escenas de llanto y repudio.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, también criticó el abuso de las fuerzas de seguridad cuando revisan a las personas, incluidos niños.
“Actuar sin apego a la ley desvirtúa la verdadera función de los agentes de seguridad pública” (…) Manosear a los niños y disparar donde hay menores no es la forma de hacer las cosas”, lamentó el Procurador.
MINISTRO DEFIENDEA LA POLICÍA
Entretanto, el Ministro de Gobernación (Interior), Carlos Vielmann, defendió las denominadas Brigadas de Patrullaje Policial en los barrios marginales.
“Si de verdad supieran cómo es la vida en esos lugares, no hablarían tanto”, afirmó el Ministro, tras indicar que los pandilleros tienen atemorizados a los pobladores.
Vielmann indicó que los mareros cobran un impuesto de circulación de personas, así como a los comercios, vendedores ambulantes, estudiantes y a los choferes de buses del servicio urbano, y quienes se resisten son asesinados.
Asimismo, el Ministro indicó que han determinado que expresiones del crimen organizado, como el narcotráfico, utilizan a pandilleros juveniles para cometer actos delictivos.
Esta serie de vastos operativos policiales han resultado en un fiasco y en posibles abusos de las autoridades que efectúan capturas sin sustento legal, estima el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales.
“Debemos recordarles que para arrestar a una persona debe mediar una orden de aprehensión o debe ser sorprendido flagrantemente cometiendo un delito… (en estos casos) han habido capturas por el simple hecho de no llevar documento de identificación”, agregó.
El jefe de la Defensa Pública, Mario Reyes, señaló que la gran mayoría de las decenas de detenidos son liberados a los dos o tres días porque no existe motivo para mantenerlos detenidos.
Reyes manifestó que cuando estas personas son detenidas “el Estado incurre en una serie de gastos carcelarios, de alimentación y jurídicos que no son justificables”.
“Hemos recibido informes de expendedores de alimentos y repartidores que nos dicen que sus ventas han subido después de los patrullajes… (que) son parte del plan de seguridad que empezó el año pasado”, manifestó el ministro Vielmann.
BAJA DE FUERZA BINACIONAL
El Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, lamentó ayer la muerte de un policía salvadoreño en la zona fronteriza con Guatemala, quien era miembro de la Fuerza Binacional contra la delincuencia integrada por ambos países.
Según fuentes policiales salvadoreñas, el agente Abraham Antonio Miranda Pérez, de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña, murió el miércoles en un intercambio de disparos con un grupo de salvadoreños que había asaltado un banco en Guatemala.
El asalto a una agencia de Bancafé, ocurrió en Esquipulas, en el departamento guatemalteco de Chiquimula, donde resultaron varias personas heridas.
Los delincuentes trataron de huir hacia El Salvador y el grupo de agentes policiales les salió al paso en la frontera.
El Presidente salvadoreño dijo, en una rueda de prensa, que la fuerza policial conjunta “es un esfuerzo de integración de los gobiernos de Guatemala y El Salvador para cuidar no sólo la zona fronteriza”. (ACAN-EFE)
COMPRENSIVA
La directora del sistema penitenciario de Guatemala, Patricia de Chea, renunció al cargo días después de aceptar públicamente que era partidaria de que los reos pudieran ingerir licor en las cárceles, informó ayer jueves el presidente Oscar Berger. La directora permitía muchas libertades a peligrosos reos.
