Alfonso Castellón Ayó[email protected]
Con la creación del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Ley 512), con duración de cinco años de autonomía orgánica, funcional y administrativa, de jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional se pretende ahora solucionar el problema de la propiedad en Nicaragua. Lo que tres gobiernos no han podido hacer en quince años los actuales diputados se proponen hacerlo en un lustro ¡Ridículo!
¿Cómo diantres van a resolver este problema? Parece que la única explicación visible es repartir bonos a diestra y siniestra, interrumpir las acciones judiciales de los casos pendientes en los tribunales, todo para desesperar al dueño legítimo y obtener una sentencia clara y final: lo tomado, usurpado, piñateado, bien hecho está. El “antiguo dueño” —como suelen llamar al verdadero dueño los beneficiarios de las leyes de la piñata—, a recibir bonos. Y los detentadores, a seguir usufructuando los bienes inmuebles adquiridos, vendiéndoles para lucrarse totalmente del botín revolucionario
Como se sabe, el conflicto de la propiedad empieza con la toma de las mansiones de lujo, haciendas, terrenos valiosos, vehículos, mobiliarios, semovientes, etc., todo lo que gustara a los comandantes sandinistas. Y precisamente por eso criticamos las leyes de la piñata: porque no fueron promulgadas para resolver el problema social de falta de vivienda sino para hacer negocios lucrativos con bienes ajenos, como se ha visto recientemente con el caso de Tomás Borge.
En el informe que el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos presentara al Congreso de ese país —un extenso reporte de más de 162 páginas— se dice entre otras cosas: “Es un esfuerzo que se basa en fuentes tan variadas, que siempre puede haber errores… pero que se pidió a los investigadores ‘verificar’, ‘pedir pruebas’ el uso de fuentes fidedignas”, a fin de lograr el mejor esfuerzo con este informe
Objetividad y realidad de los hechos. Como patriota nicaragüense ciento por ciento me resulta chocante escribir o reproducir la opinión de este comité del Senado; pero como documento histórico extranjero debo confesar que es importante conocerlo. Dicho informe comienza así: “Una descripción más correcta es que Nicaragua es un país controlado abrumadoramente por terroristas, delincuentes, ladrones y asesinos a los niveles más altos… La pregunta principal es: ¿cuál es el mejor interés de Estados Unidos en nuestra relación con ese país? La otra pregunta que se debe contestar es: ¿Hay alguna justificación para mandar el dinero de los contribuyentes de Estado Unidos al Gobierno de Nicaragua en las condiciones existentes? Se pidió otro informe y hasta agosto de 1992 parece correcta la información obtenida por estos señores”. (Páginas VI y VII de la Carta de Transmisión).
Me pregunto: ¿Será justo que todo un país tenga que aceptar tanta humillación de esa poderosa nación del Norte? Y me contesto: ¡Claro que no! Todo esto sucede por falta de valentía de poder decir a los señores usurpadores: “No sean sinvergüenzas, entreguen la propiedad o cómprenla”, así de sencillo. Hay un buen número de inmuebles que no han sido adquiridos al amparo de las leyes de la propiedad urbana o rural. Esta circunstancia permite al dueño original (como debe llamársele, no antiguo dueño) tratar de ejercer sus derechos reivindicatorios o de dominio. Porque tratar de indemnizar al dueño que tiene asidero legal para recuperar su propiedad es una doble zanganada, por un lado aumentar la deuda interna al país con más bonos y por el otro burlarse de la justicia olímpicamente. Si se permite este adefesio jurídico, si no se respetan los procedimientos legales establecidos, lo que se conseguirá es endeudar nuevamente al país. Tiene que respetarse la voluntad del verdadero dueño, del confiscado que ama a su país y regresó para quedarse.
Tenemos mil 600 millones de dólares en deuda interna actualmente, más tres mil millones por nuevas indemnizaciones y quiebra de bancos. Más indemnizaciones de compañías de seguros (que todavía no se indemnizan), se llegaría a los diez mil o doce mil millones que tanto sacrificio costó su condonación mediante la HIPC.
El Instituto de la Propiedad debería quedar como un proyecto de último recurso, para que después de recuperar todo lo que se pueda se paguen los bonos. Existen casos que se pueden solucionar a favor de los verdaderos dueños en los tribunales de justicia. Se podría negociar con el verdadero dueño y el piñatero, buscando soluciones. El Instituto será otro laberinto legal. No es posible seguir otorgando concesiones a cambio del más grande favor político que nunca llega. Los tribunos liberales deben despertar, no quieran que la Patria los demande por su débil actuación, sino que más bien que los premie.
El autor es abogado y notario.
