Matanza sigue en impunidad

La oscuridad y el silencio reinante al amanecer del cuatro de mayo del 2004, se convirtieron en cómplices de los sicarios que ejecutaron la matanza de cuatro policías en el puesto de mando de la delegación de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).

A un año de cometido el múltiple crimen, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González, aseguró a LA PRENSA que han avanzado en más de un 90 por ciento en la investigación, pero aún no se devela el misterio que rodea el múltiple asesinato.

Las investigaciones policiales determinaron que ese día, entre cinco y seis sujetos incursionaron al local de la Policía a eso de la 1:30 de la madrugada, y con armas blancas dieron muerte a los uniformados Juan José Fúnez Rodríguez, Ruth González, Róger Villachica y Johnny Dometz.

De esa matanza sólo hubo una sobreviviente, Estela Valderrama, quien recibió varias puñaladas en el tórax y el pulmón.

A excepción de Fúnez, que fue esposado, los policías fueron amarrados de los pies y amordazados con cinta adhesiva. Después de cometer el crimen, los asesinos despojaron a sus víctimas de los uniformes, y disfrazados de agentes huyeron en una camioneta propiedad de la delegación policial, la cual dejaron abandonada fuera de la ciudad.

CRITICAN SILENCIO

Transcurrido un año, los parientes de los asesinados piden que la matanza que conmovió a los blufileños y a la sociedad en general no quede en la impunidad.

“No es posible que este crimen quede impune, sabemos que la Policía no ha cerrado el caso, pero ha guardado silencio, que viene siendo igual”, manifiesta María del Socorro Rodríguez Lagos, conocida como Yolanda Lagos, hermana de Fúnez Rodríguez, en una segunda carta enviada al director de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero.

“Ante el silencio de la Policía con respecto al proceso investigativo y sus resultados sobre el caso, hasta este momento, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿qué lectura debemos hacer de ello?”, pregunta Rodríguez Lagos en su carta.

Y agrega: “Para hacer justicia y moralizarnos, todas(os) debemos descubrir la verdad, aunque quizás, al descubrirla, pudiera dolernos como Policía o como familias, pero es necesario”.

En declaraciones a LA PRENSA, la hermana de Fúnez se refirió al impacto que el múltiple asesinato ha tenido en su familia, en especial para su madre Julia Esmenia Rodríguez, cuya salud empeoró no sólo por el crimen atroz, sino por el silencio de la Policía.

NO LES PREOCUPA EL TIEMPO

González reiteró las palabras que en diferentes ocasiones durante un año externó Cordero: “No estamos preocupados por el tiempo, estamos preocupados porque esto no quede impune”.

Un equipo de inteligencia permanece aún en Bluefields y a criterio de González lleva una investigación “muy silenciosa”, de la cual todavía están en la recopilación de evidencias.

En las investigaciones han sido relacionadas unas 300 personas, de quienes poseen sus huellas dactilares. Pero pese a la gran cantidad de información recibida, para la Policía ha sido difícil obtener las evidencias que les permitan confirmar quiénes son los autores.

El comisionado mayor Julio González mencionó como factor adverso: la zona, la oscuridad y el silencio de la hora escogida por los criminales, lo cual les impide contar con testigos.

El jefe policial consideró muy prematuro asegurar que han descartado la participación de policías o ex policías, como se especuló desde que ocurrió la matanza.

“Hasta que nosotros no tengamos armado el caso total, podríamos decir que la descartamos o no, en este momento hasta donde tenemos la investigación no quisiera aventurarme a descartarla o afirmarla”, refirió González.

De siete hipótesis concebidas por la Policía desde un inicio, dos cobran mayor fuerza, una de ellas es que sea pasada de cuentas por parte de narcotraficantes internacionales debido a los golpes asestados por la Policía en esa zona y donde “querían marcar territorio”. En su momento se rumoró que los autores del crimen eran miembros del cártel de Cali, pero González prefiere no vincular ninguna nacionalidad. La otra posibilidad es que pretendían liberar a reclusos vinculados al narcotráfico y que se encontraban en las cárceles de aquella ciudad.

A criterio de González, en la matanza participaron dos grupos: los autores directos que presumen no son nacionales y los que facilitaron la movilización interna que pueden ser habitantes de la localidad.

Y aunque González prefirió no adelantar de quiénes o qué grupos tienen sospechas, dijo que cuentan con “la suficiente información”, para demostrarlo en su momento.

En el transcurso de las investigaciones se ha rumorado sobre sospechas de que integrantes de “Los Reñazcos”, que operan entre Bluefields y San Juan de Nicaragua, en el trasiego de armas y drogas, hubiesen participado en el acto criminal.

Al inicio de la investigación se conoció extraoficialmente que el cuatro de mayo, seis hombres armados pasaron por la finca Jerusalén, propiedad de José Antonio Amador Peralta, ubicada en la comarca Caño Negro.

La camioneta de la Policía, en la cual huyeron los asesinos ese día, fue dejada distante de la finca a dos horas de camino sobre trocha. La propiedad de Amador también permite el acceso al río Caño Negro. Amador negó en su momento toda colaboración con los asesinos.

La Policía tiene la ruta utilizada por los asesinos debidamente filmada y fotografiada, así como las entrevistas debidamente registradas, para que en su momento la Fiscalía tenga todos los elementos necesarios, dijo.

González tampoco fue conclusivo en el caso de Carlos Jasson Patterson, detenido el año pasado por otro delito y considerado por Cordero al inicio de las investigaciones como una persona clave. González explicó que Patterson se volvió sospechoso “por unos indicios iniciales que tuvimos alrededor, que apuntaban a la personalidad de él y, por otro lado, algunas evidencias y circunstancias que se dieron la noche anterior de su comportamiento, en la zona”.

POCAS EVIDENCIAS

En la escena del crimen, los peritos recogieron como evidencia hebras de cabello, muchas de las cuales correspondían a personas que estuvieron en el sitio antes del suceso sangriento, y una botella de gaseosa que encontraron en el puesto de mando.

Los investigadores encontraron pocas huellas dactilares, debido a que los autores utilizaron guantes quirúrgicos.

La Policía carece de testigos presenciales. Los dos custodias que estaban en el techo refieren que presumían que algo malo estaba sucediendo porque en el puesto de mando no respondían el radio, y de la sobreviviente Estela Valderrama no obtuvieron mucha información, por su estado emocional.

La Policía cuenta con 50 peritajes dermatoscópicos, 28 peritajes biológicos; siete peritajes trazológicos; tres peritajes químicos y un peritaje de documentos. Así como cinco dictámenes forenses y tres valoraciones psicológicas. A su vez, poseen dos peritajes de ADN realizados en España con las camisas de los policías que utilizaron los criminales para huir, los cuales dieron como resultado nueve perfiles de ADN.

FORTALECEN ÁREA

El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González, reconoció que en el transcurso del año, esa entidad le dio de baja “a muchas personas”, por antecedentes anteriores, aunque no por los sucesos del cuatro de mayo del 2004. Esta medida el jefe policial la calificó como un sistema de depuración implementado en el Caribe nicaragüense, Río San Juan y El Rama, pues considera que el narcotráfico ha desarrollado su trabajo para poseer su base social.