- Procurador del Medio Ambiente señala a seis legisladoresinvolucrados en trasiego ilegal
- Miembros del Ejército, la Policía, Marena, Inafor y la misma Procuraduría Ambiental saquean recursos
Ludwin Loáisiga López
El Procurador del Medio Ambiente, Lisandro D’León, denunció ante la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, que al menos seis diputados están involucrados en el tráfico ilegal de madera, además de ex militares, policías, un contralor y delegados del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor).
“La información que me han dado es que andan diputados del Frente Sandinista, otros del PLC (Partido Liberal Constitucionalista) e incluso mencionan a alguien de Yatama”, dijo D’León, sin precisar nombres.
Tenemos “bastantes pruebas, tal vez para ir a los tribunales y presentarlas no, porque es bastante difícil, porque estos señores trabajan debajo del agua, como en el caso de la droga”, sostuvo D’León.
Explicó que los legisladores participan en el tráfico de madera a través de terceras personas.
“Ellos tienen sus regentes, sus operadores, acopiadores de madera, pero estos acopiadores de madera ya los han mencionado, es más, en una denuncia ya se mencionó en un tribunal, en un caso particular, a un diputado (…) miembros de comunidades indígenas dijeron el nombre de un diputado que los estaba incitando a tomarse las tierras y luego poder despalar y él poder quedarse las tierras”, añadió D’León.
Manifestó que las pruebas se encuentran en una declaración que brindaron miembros de una comunidad indígena en un Juzgado de Prinzapolka, donde mencionaron a uno de los supuestos diputados envuelto en el delito.
“Nosotros necesitamos ampliar la información, porque sólo con esa declaración no podemos levantar una causa, tenemos que fortalecer la prueba para verdaderamente dar un golpe definitivo”, acotó D’León.
El Procurador Ambiental adelantó que en caso de ser incriminados, los supuestos diputados involucrados en el delito no serían condenados por autoría directa, sino en calidad de encubridores o como cómplices de la infracción.
D’León señaló que el trasiego de madera mueve millones de dólares, aunque no existen cifras exactas.
ÁREAS PROTEGIDAS EN LA MIRA DE DEPREDADORES
Por su parte el asesor de la Dirección Superior de la Dirección General de Ingresos (DGI), Elías Álvarez, indicó que apenas recaudaron 1.5 millones de córdobas el año pasado en concepto de exportación de madera blanca proveniente de Río San Juan, Chontales y Nueva Segovia, cifra calificada como irrisoria por la diputada sandinista de la Costa Caribe, Ana Lazo.
“Sale madera de zonas protegidas”, aseguró Lazo, quien consideró un grave problema controlar los permisos de extracción de madera en zonas donde hay áreas protegidas, como en la Costa Atlántica y Río San Juan. “Sí se está sacando, nosotros que estamos en el territorio nos damos cuenta de eso”, dijo.
TÁCTICAS DE TRÁFICO
Las formas de operar de los traficantes son distintas, explicaron los funcionarios. Una de ellas es solicitar permiso para extraer madera en una determinada área y luego obtener ilegalmente mayores cantidades.
Por ejemplo, una empresa solicita un permiso de explotación para 20 metros cúbicos de madera, aunque en realidad en la propiedad donde se extraerá el recurso existe capacidad para cinco metros cúbicos, por lo que los otros 15 metros cúbicos se consiguen ilegalmente y se exportan amparados en el permiso original, explicó José Luis García, procurador auxiliar nacional del Medio Ambiente.
García señaló que los traficantes extraen de forma ilegal la madera, la llevan a industrias de aserrado, procesan el producto y lo exportan de manera legal.
Asimismo, en el Triángulo Minero se utilizan los ríos y otras fuentes de agua para trasladar la madera de un punto a otro sin que las autoridades militares que resguardan las zonas descubran el delito, según Julio Rodríguez, procurador ambiental de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
Por otro lado, Rodríguez añadió que un nuevo modo de trasiego es emplear los camiones que trasladan chatarra, en los cuales los traficantes camuflan un metro cúbico de madera ilegal.
Además de funcionarios nicaragüenses, las autoridades mencionan a ciudadanos de Honduras, Costa Rica, Canadá y República Dominicana en el tráfico ilegal de madera.
En tanto, el presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime Morales Carazo, calificó a los traficantes de madera como bárbaros que superan a Atila.
Morales Carazo apuntó que pronto se dictaminará un proyecto de ley de delitos ambientales, otro de moratoria forestal, que impedirá la exportación de madera sin procesar y protegerá ciertas variedades de ese recurso, y además una ley para regular el almacenamiento y distribución de combustible.
“Los miembros de la mafia están dentro y fuera de las instituciones del Estado”, aseguró D’León.
PODRÍAN INVESTIGAR
La primera secretaria de la Asamblea Nacional, María Auxiliadora Alemán, explicó que de llegar el caso al parlamento, se crearía una comisión especial que revisaría al detalle las pruebas de la Procuraduría del Medio Ambiente, y la defensa de los implicados.
Si la comisión especial envía un dictamen de desaforación, sería en el plenario que se tomaría la decisión final. Para sustraer la inmunidad a un diputado se requiere de 47 votos, precisó Alemán.
MUCHA GANANCIA
“Están involucrados funcionarios del Ejército, funcionarios de la Policía, funcionarios del Marena, del Inafor e incluso de la Procuraduría, entonces hay funcionarios de todos lados y esto se genera por la cantidad de utilidades que genera el negocio de la madera”, dijo Lisandro D’León, Procurador del Medio Ambiente.
