Fulvio Tijerino Pérez
Como ciudadano en ejercicio de mis derechos constitucionales, me dirijo por medio de LA PRENSA al señor Presidente de la República para manifestarle públicamente mi reconocimiento como verdadero representante de los nicaragüenses, elegido por el voto mayoritario en las pasadas elecciones. A la vez desconozco la representatividad que, por su medio, obtuvieron los diputados electos del PLC, para que apoyasen su plan gubernamental y conformaran un gobierno que trabajara en beneficio de las grandes mayorías del pueblo nicaragüense y no para servir a los intereses de un partido político.
Quedan menos de dos años para la finalización del período presidencial y cada vez las confrontaciones son mayores. Definitivamente, el mandato del gobierno de Bolaños ha sido bloqueado por los diputados del PLC y FSLN, respondiendo a un pacto personal entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Los nicaragüenses somos testigos del esfuerzo del Presidente por lograr el apoyo de los diputados para impulsar un plan de gobierno y cumplir las promesas hechas.
La realidad evidencia que los tres poderes del Estado están coludidos para hacer fracasar la gestión presidencial, así como lograr las reformas constitucionales que garanticen permanentemente un gobierno bipartidista y muy especialmente, desvirtuar su denodado empeño por combatir la corrupción de los funcionarios públicos. Por tanto, el país cuenta solamente con el voto de los nicaragüenses.
Resulta evidente que el supuesto “diálogo nacional” fue utilizado como una celada al Presidente para obligarlo a legalizar las reformas constitucionales que garantizarían el poder político del FSLN y del PLC, conforme pacto bipartidista. Creo que el único recurso que le queda al Presidente es convocar a un plebiscito y llamar a una asamblea constituyente que disuelva todos los poderes del Estado, pues el diálogo no es posible entre interlocutores que sólo defienden intereses partidistas y cuotas de poder. Nuestra Carta Magna ha sido objeto de muchas reformas parciales que han provocado un desequilibrio en las estructuras del Estado que afecta la autonomía entre los cuatro poderes, fomenta el injerencismo Estado-Partido y no propicia la armonía institucional.
Juigalpa
