Eduardo Enríquez
No contentos con elegir a magistrados y contralores que tienen la misión de proteger los intereses de los caudillos Arnoldo Alemán y Daniel Ortega; con aprobar leyes que sólo benefician a sus jefes; con engavetar las leyes verdaderamente importantes, y con repartirse el presupuesto de ese Poder del Estado como si de una alegre piñata se tratara, los diputados de la Asamblea Nacional tampoco pagan impuestos.
Liberales y sandinistas, que supuestamente representan a los ciudadanos pero que gracias a una Ley Electoral que ellos mismos aprobaron, sólo necesitan obedecer ciegamente a sus jefes para mantenerse en el puesto, se han embolsado colectivamente 31 millones de córdobas del dinero del pueblo, durante tres años.
Para muestra un pequeño botón. Según documentos en poder de LA PRENSA. Durante tres años consecutivos los llamados “padres de la patria” recibieron pagos por conceptos de “gastos de representación, reparación y mantenimiento” que sumaban por cada uno 20,500 córdobas al mes, a los que no se les retuvo IR. Pero su voracidad parece no tener límites y el año fiscal pasado los diputados agregaron otro rubro, el de “dietas y viáticos al interior”, aumentando la suma por la que no pagan IR, a 49,828 córdobas por cabeza. Todo sin necesidad de rendición de cuentas.
A los diputados suplentes, que reciben dos salarios de diputado al año —y que después de la Ley de Regulación Salarial recientemente aprobada recibirán tres— tampoco se les retiene el Impuesto sobre la Renta.
Mientras estos señores se llenan la boca diciendo que hay que sacar más plata del presupuesto para pagar a los maestros y los médicos; mientras aumentan los impuestos, entre ellos el IR que es precisamente el que ellos no pagan; mientras le quitan presupuesto a la Oficina de la Primera Dama —que ayudaba a mujeres enfermas de cáncer— para dárselo al Deporte, y dicen que hay que eliminar exoneraciones porque “se abusa de ellas”, ellos olímpicamente se niegan a pagar impuestos.
Y además toman medidas populistas que nos podrían sacar del programa HIPC, lo que usan como chantaje contra el Gobierno.
Eso sin mencionar que en la última “medida de austeridad” en la que por ley le bajaron el salario a todos los altos funcionarios del Estado, ellos se aumentaron 400 dólares cada uno.
Con los 31 millones que han evadido se pudo incrementar el presupuesto de la Dirección de Bomberos en un 30 por ciento cada uno de esos años. Allí los bomberos ganan un mil córdobas al mes y pasan comiendo arroz la mitad del año, sólo para mencionar un caso.
Si a esto le sumamos que siendo el país que más urgentemente necesita una reactivación económica en la región, somos los últimos en aprobar el Cafta. Y además que estamos en una crisis energética en gran parte gracias a su indolencia, uno se tiene que preguntar: ¿por qué los nicaragüenses seguimos soportando a estos vividores?
