Roman, Times, serif»>
Justicia contra inversión extranjera
El miércoles de la semana pasada el director ejecutivo de Pizza Hut de Nicaragua denunció públicamente el abuso de que está siendo víctima esa empresa norteamericana y transnacional de parte del Poder Judicial de Nicaragua.
Según la denuncia, la mencionada empresa arrendó hace más de 10 años un terreno de la Alcaldía de Managua, frente al costado occidental de la Catedral Metropolitana, y construyó e instaló allí una de sus sucursales. Posteriormente alguien planteó un litigio contra la Alcaldía por la propiedad de dicho terreno y finalmente el Poder Judicial falló a favor del demandante.
Esto no tendría nada de extraordinario si no fuera que la sentencia judicial pretende obligar a Pizza Hut, que no es parte del juicio por el litigio de propiedad, a pagar “una cantidad exorbitante por diferentes conceptos, como son honorarios del abogado demandante, gastos administrativos, etc.”
Lo lógico, en este caso es que los costos y demás consecuencias del juicio por la disputa sobre la propiedad del terreno mencionado, que sin dudas tiene un inmenso valor catastral y real, debe pagarlas la Alcaldía de Managua, que fue la parte demandada y perdió el pleito. En todo caso, a la pizzería lo único que le corresponde hacer es renegociar el arriendo del terreno con su nuevo dueño, y pagarle a éste en vez de a la comuna capitalina.
Pero en Nicaragua la justicia se aplica con el criterio de sacar dinero a quien sea y como sea, y por eso se dictan fallos descabellados que atentan contra las inversiones de capital y tecnología que son indispensables para el país. Sin embargo, no sólo la corrupta administración de justicia espanta a los inversionistas extranjeros y nacionales con sus fallos anómalos. Igual hacen los diputados al dictar leyes absurdas, como una que está en trámite para regular el uso y el acceso de las playas marítimas.
Al respecto un diputado que figura como jefe de bancada del PLC en la Asamblea Nacional se ufanó la semana pasada de que lo que pretenden con esa ley es “democratizar” el acceso de la gente a las playas, a fin de que todo mundo pueda usar las que son acondicionadas por los hoteles privados. Seguramente que los diputados que están promoviendo esa ley no se dan cuenta de las graves consecuencias negativas que tendría para Nicaragua, si es que la aprueban. ¿O es que deliberadamente quieren hacerle daño a la industria turística nacional?
Se sabe muy bien que el turismo es el sector de mayor potencial de desarrollo en el país. Pero la competencia en el turismo de playa es una de las más difíciles de resolver, porque hay excelentes ofertas de lo mismo en muchos lugares del Caribe, México y Centroamérica. Y por lo tanto ningún inversionista nacional y mucho menos extranjero querrá seguir invirtiendo en hoteles y otras instalaciones de entretenimiento y descanso de mar, si las playas que acondicionen serán socializadas por los diputados.
Parece increíble que estén ocurriendo estas cosas en Nicaragua. Inclusive, muchas personas creen que cuando se habla de la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, y de la partidarización y la corrupción de la justicia, se trata de retórica política.
Pero lamentablemente es una realidad perversa y dañina. La partidarización y corrupción de la justicia le causan al país un daño devastador. Y no es sólo porque las cúpulas del FSLN y el PLC se reparten como un botín los cargos y el presupuesto del Poder Judicial, ni por la legalización de la corrupción. Lo peor de todo es la inseguridad jurídica, la inestabilidad en el régimen de propiedad y los atropellos a la empresa privada, como el caso denunciado de la Pizza Hut que es apenas un botón de muestra.
Cualquier persona que se involucra en el servicio público —como juez, diputado o lo que sea— debe saber que la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto al derecho de propiedad son determinantes para la estabilidad y el progreso de la nación, y ante todo atraer inversión nacional y extranjera. Pero en Nicaragua la justicia y la legislación nunca han estado en manos tan corruptas e irresponsables como ahora.
