Juan Carlos Tijerino
Al margen del problema energético que atraviesa el país, provocado por el aumento en los precios del petróleo, están las controversias de tipo político, donde afloran las diferencias entre los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Poder Ejecutivo.
El FSLN tiene de su parte al Gobierno municipal de Managua, con Dionisio Marenco como Alcalde, quien propuso que la gasolina subsidie al diesel.
Marenco simultáneamente se reunió con los transportistas y se comprometió a aumentar la tarifa al transporte urbano colectivo, de 2.50 córdobas a 3.00 córdobas.
El Alcalde fracasó en ambos casos. En el primero porque nadie le hizo caso en la mesa de negociaciones entre el FSLN, el Partido Liberal Constitucionalista y el Ejecutivo. El segundo porque el Concejo municipal se opuso, bajo el argumento de proteger a la población de escasos recursos económicos.
Además, Marenco ha dicho claramente que hay que cambiar de Gobierno, es decir, de Presidente, lo que incluso le habría costado el cargo al comisionado de la Policía Nacional, Francisco Bautista por ser cuñado suyo.
El Gobierno no descarta que la situación que vive el país esté dirigida por sectores interesados, léase Poder Legislativo, en que Bolaños renuncie.
El ministro de Transporte, Pedro Solórzano, dijo al respecto que no es que el país carezca de Presidente, sino que “el problema más grande es que Managua no tiene Alcalde”, por los fracasos antes mencionados.
El Alcalde ha deslindado sus responsabilidades y se las ha pasado a Bolaños, sin embargo, el artículo siete de la Ley 40, en su numeral 12, inciso “b”, indica que es competencia del Gobierno municipal, “impulsar, regular y controlar el servicio de transporte colectivo intramunicipal, urbano, rural”.
La defensa de Marenco hasta ahora es que no hay suficientes policías ni empleados de la Alcaldía para hacer cumplir la ley.
Solórzano le dio “golpe de municipio” al anunciar que el pasaje vale 3.00 córdobas.