Douglas Carcache
La ley de incentivos migratorios que aprobaron los diputados nicaragüenses la semana pasada es un reflejo del único interés que han tenido los partidos políticos del país, con relación a los ciudadanos que viven en el exterior: Que traigan su dinero a Nicaragua para que alivien más la economía.
Por lo visto sólo eso quieren de los migrantes, ya que el Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), las dos organizaciones políticas que dominan los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, se han negado a concederles la cédula nicaragüense y el derecho al voto.
O sea que los nicaragüenses en el exterior son bienvenidos mientras manden dinero o inviertan en el país, pero rechazados cuando reclaman su derecho constitucional a portar una cédula nicaragüense y a votar donde se encuentren cada vez que haya elecciones en Nicaragua.
La Ley Especial de Incentivos Migratorios, recién aprobada por la Asamblea Nacional, pretende atraer las inversiones de los nicas en el exterior y que retornen a su tierra, jubilados o no, para que sus ahorros oxigenen la economía nicaragüense.
Para el diputado liberal Wilfredo Navarro es una forma de “premiar a los nicaragüenses que han estado viviendo en el exterior por más de cinco años, para que cuando regresen a residir a Nicaragua tengan exoneración”.
Está bien pero, así como les piden aporte económico, que les reconozcan ya sus derechos, como a cualquier ciudadano nicaragüense, de portar la cédula de su país natal y elegir a las autoridades que ellos deseen con sus votos, aún en la distancia.
Algunos líderes políticos piensan que el voto en el exterior es peligroso, porque suponen que los migrantes conocen poco la situación interna de Nicaragua, lo que considero un gran desatino, primero porque estamos en una época en que la información circula sin barreras y de inmediato entre los países por Internet; y segundo, porque los nicas en el exterior mandan dinero cada mes a sus familiares y por ellos se enteran de todo lo que ocurre aquí, empezando por las crisis.
Las leyes de Nicaragua ordenan la entrega de cédulas a los nicaragüenses en el exterior, pero el Consejo Supremo Electoral (CSE) le ha puesto trabas al asunto, con pretextos burocráticos como la entrega de un formulario en que cada migrante escribirá sus datos en las oficinas consulares.
Según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores hay más de un millón y medio de nicaragüenses en diferentes países y buena parte de ellos, sobre todo en Estados Unidos y Costa Rica, están doblemente indocumentados porque carecen de la residencia del país al que emigraron y también de la cédula que los identificaría como ciudadanos de Nicaragua.
¿Por qué los políticos sandinistas y liberales temen que voten los nicas en el exterior? Quizás porque podrían voltear los resultados de las elecciones, en contra de los caudillos de esos partidos. Les temen, les discriminan negándoles derechos, pero quieren aprovecharse de su dinero.
