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Protesta contra las protestas
Sin duda que las personas que protestan en las calles contra cualquier cosa (el DR-Cafta, las tarifas del transporte, la supuesta pretensión gubernamental de privatizar el servicio de agua potable, el seis por ciento del Presupuesto para las universidades financiadas por el Estado, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, etc.), tienen derecho a protestar.
El derecho a la protesta pública está garantizado expresamente por la Constitución Política de la República en su artículo 54: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. Además, el derecho a protestar está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 20 dice literalmente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”. Y la misma garantía establece la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 15: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.
Como se puede ver en esos textos jurídicos y lo manda el principio elemental de la convivencia civilizada —que se recoge en el conocido apotegma de Benito Juárez de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”—, las manifestaciones de protestas tienen que ser pacíficas y los protestantes no deben atropellar el derecho y la libertad de las demás personas. Al respecto la misma Constitución de Nicaragua señala en su artículo 24 que: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”.
Sin embargo, los protestantes que atacan con morteros a policías y transeúntes, destruyen vehículos del Estado y de propiedad privada y siembran el terror en los sitios donde acostumbran a hacer sus protestas, atentan contra los derechos de los demás y violan la Constitución.
El sólo hecho de impedir la libre circulación de personas y vehículos violenta los derechos y libertades de otras personas, que se ven obligadas a faltar o llegar tarde a sus centros de trabajo, que sufren perjuicios en sus diversos quehaceres y negocios, y que inclusive, cuando ocurren los tranques de calles y carreteras no pueden ni siquiera trasladar a un pariente enfermo de gravedad al hospital o centro clínico particular.
Algunas personas que están hastiadas por las alteraciones al orden público provocadas por los protestantes de oficio, consideran que el país está sumido en la anarquía y acusan al Gobierno de incapacidad de garantizar el derecho y la libertad de las personas honradas y trabajadoras. Inclusive señalan que la Policía, por sus raíces sandinistas deja hacer a los facciosos callejeros que son también militantes o simpatizantes del partido sandinista.
Pero anarquía, como se sabe, significa ausencia de gobierno —del griego an (sin) y arké (gobierno)—, y no es eso lo que hay en Nicaragua, o por lo menos no todavía. Inclusive, durante el primer gobierno democrático después de abril de 1990, hubo disturbios callejeros y alteraciones al orden público, inclusive asonadas generales que fueron mucho peor que las protestas de ahora.
En realidad, lo normal y deseable es que la Policía aplique la ley con firmeza, que controle las calles y que garantice en todo momento los derechos de todos los ciudadanos. Pero debe hacerlo con prudencia. La represión policial que bien se merecen los protestantes cuando cometen desmanes y acciones de violencia, no es lo más aconsejable. Incluso, probablemente lo que quieren quienes instigan y organizan las protestas es que haya represión gubernamental, que corra la sangre y que se pierdan vidas humanas, para justificar más violencia y tener mejores condiciones para generar la ingobernabilidad que es al parecer su verdadero objetivo fundamental.
Hay que protestar contra los abusos de quienes con sus protestas atropellan los derechos y libertades de los ciudadanos pacíficos, pero hay que tener cuidado de no caer en sus peligrosas provocaciones.
