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La SIP y la “ley Arce”
Nicaragua es el segundo país latinoamericano que visita la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en lo que va de este año, para investigar problemas que sufren los medios de comunicación y la libertad de prensa ante determinadas acciones de los poderes constituidos.
El primero fue Argentina, a principios de marzo recién pasado, a donde fue una delegación de la SIP para investigar una denuncia de discriminación informativa y publicitaria por parte del gobierno nacional y de un gobierno provincial argentinos, lo que provocó una airada reacción del presidente Néstor Kirchner contra la asociación periodística hemisférica, y contra los medios de prensa argentinos y los periodistas en términos generales.
Las conclusiones de la visita de la SIP a Argentina fueron conocidas en la reunión que aquella institución celebró en Panamá el 11 y 12 de marzo pasado, donde aprobó una resolución en la que señaló que el presidente Kirchner ha demostrado “un evidente antagonismo hacia los medios y una voluntad de recurrir a la discriminación en la publicidad para acallar las críticas”, (lo cual) “ha desalentado a muchos diarios y medios audiovisuales”.
Pero la SIP también criticó en esa resolución a los mismos medios de comunicación argentinos, por su “mansedumbre” —como la calificó el diario La Nación de Buenos Aires— ante los ataques del gobierno. En realidad, la SIP dijo expresamente en su resolución de Panamá sobre Argentina, que: “El autoritarismo, enquistado en la gestión del gobierno y en varias administraciones provinciales, seguirá avanzando en igual proporción a las indecisiones y la pasividad de las empresas periodísticas. Es necesario revalorizar el papel del periodismo independiente como interlocutor válido de la opinión pública”.
Pero esa no es la situación de los medios de comunicación de Nicaragua, que reaccionamos vivamente ante cualquier agresión contra la libertad de prensa, cualquiera que sea su origen y magnitud. Así lo han podido comprobar los integrantes de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que llegó esta semana a Nicaragua “para analizar los alcances contra la libertad de prensa y de expresión en general, de las reformas constitucionales contenidas en la denominada “ley Arce” y las posteriores reformas a la Ley de Equidad Fiscal que establecen techos a las exoneraciones fiscales sobre la importación de papel, maquinaria y equipos realizadas por los medios de comunicación” (LA PRENSA, jueves 7 de abril del 2004).
Al respecto es muy bien conocido que nosotros no toleramos ninguna clase de restricciones a la libertad de prensa ni transamos con quienes pretenden coartarla por cualquier medio, inclusive a través de cargas fiscales que son contrarias al principio constitucional que precisamente por eso quieren cambiar por medio de la ilegítima “ley Arce” contra los medios de comunicación.
Ciertamente, la “ley Arce” contra la libertad de prensa y los medios de comunicación “es grave”, como señaló el vicepresidente regional de la SIP por El Salvador, José Roberto Dutriz, cuyos conceptos principales publicados en LA PRENSA de ayer es necesario repetir:
“Pensamos que esto es una forma de castigar a los medios y pensamos de esa forma porque la reforma constituye una grave agresión a la libertad de expresión e información, porque los parlamentarios intentan callar las críticas que los medios formulan a las fuerzas libero-sandinistas”, expresó el señor Dutriz, quien es presidente del diario salvadoreño La Prensa Gráfica. “La libertad de expresión, como pilar fundamental de la democracia, no puede tener ningún precio y esa ley tributaria que va a regular la materia es un apéndice que deja un agujero enorme para que sigan manipulando y no sólo dañar a los medios quitándoles la exoneración, sino que también les va a permitir gravarlos con otros impuestos que puedan venir en futuras ocasiones…”, manifestó el representante de la SIP, ideas esenciales que compartimos plenamente.
Nosotros no negociamos ningún porcentaje de cargas impositivas adicionales a los impuestos que pagamos de manera ejemplar, como quieren los diputados pactistas enemigos de la libertad de prensa.
Lo que nosotros demandamos es que se suprima la “ley Arce” contra la libertad de expresión, para lo cual lo único que hace falta es que se acepte el veto presidencial al Artículo 17 de la Ley Tributaria, y que declare nula la ilegítima reforma del Artículo 68 de la Constitución.
