Leonel A. Marín McEwan
La democracia es el poder del pueblo. Es parte de ofrecer elecciones libres y periódicas, pero además es la estabilización política y económica de los pueblos. Se logra a través de inversiones, independencia y despartidización de los poderes públicos, diálogo nacional, libertad, pluralismo político y participación ciudadana. Nicaragua ha dado pasos atrás en términos democráticos ya que no se permite una ley de elecciones primarias en los partidos políticos, continúa la partidización de los poderes, se permite la reelección y la Asamblea Nacional está a merced de las negociaciones de los caudillos Alemán y Ortega. Si no hay democracia no hay Estado de Derecho. En efecto, la democracia no es concebible sin el Estado de Derecho y viceversa. A como bien lo puntualiza el politólogo alemán Werner Kagi: “No puede haber una democracia verdadera sin Estado de Derecho”.
Las amenazas que representa el Estado de Derecho son al mismo tiempo peligrosas para la democracia. Se ve en Nicaragua cómo los juzgados emiten fallos politizados encubriendo más bien a la corrupción de los capos políticos Alemán y Ortega. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional en su mayoría sólo promulga leyes oscuras en detrimento de la democracia. ¿Cómo podemos impedir que el poder público, en particular el Poder Legislativo termine por desnaturalizarse? ¿Qué hacer en el corto plazo para que exista democracia y un Estado de Derecho?
—Promulgar una ley de elecciones primarias en los partidos políticos.
—Control Judicial. La implementación de tribunales contencioso-administrativos, tribunales en lo social y tribunales en lo penal económico que verifican cada acción de las autoridades con total independencia estableciendo la legalidad de los actos.
—Imperio de la ley. Saneamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un Estado de Derecho los tribunales sólo pueden dictar sus sentencias sobre la base de la ley y el derecho. Para esto tiene mucho que ver que jueces y magistrados del Poder Judicial no estén politizados y no necesariamente pertenezcan a un partido político en particular.
Ningún organismo del Estado puede apartarse de la ley aún cuando el Gobierno así lo reclamara, y por otra parte constituye una base para el control de las autoridades por medio de los tribunales.
Además, se debería promulgar una ley en contra de la reelección presidencial, magistrados y diputados para que se practique la democracia interna en los partidos políticos y por ende la democracia en todo el país.
Por otro lado, la crisis de la deuda interna y externa de Nicaragua ha producido serias tensiones sociales, polarización política y una erosión general de la fe en la capacidad de los poderes públicos partidizados. Estas condiciones son hostiles a la consolidación de valores e instituciones democráticas. Si los gobiernos democráticos nuevos son incapaces de mantener un crecimiento económico sostenido, o son seducidos por políticas que generen nuevas crisis económicas, las fuerzas sociales, militares y antidemocráticas (izquierda) podrían influenciar en las decisiones políticas del país. La tendencia actual hacia la democratización podría dar marcha atrás.
Finalmente, en Nicaragua se vive el capitalismo salvaje que con toda sabiduría el Papa Juan Pablo II lo anunció. Es decir, el amarre entre el neosomocismo y el neosandinismo.
El autor es Administrador de Empresas
