Ludwin Loáisiga López
El grupo cívico Ética y Transparencia se mostró alarmado por la posibilidad de que ochenta mil nicaragüenses se vean impedidos de votar en las elecciones del año 2006.
El organismo de observación electoral también se mostró alarmado por la falta de control sobre los fondos que reciben los partidos políticos para sus campañas electorales y por la posibilidad de un fraude que podría ejecutarse desde el Consejo Supremo Electoral (CSE) para favorecer a liberales o sandinistas.
Ya en los comicios municipales del año pasado 40 mil personas no pudieron votar, a pesar de estar habilitadas. La razón, a juicio de los observadores: la ineficacia del Poder Electoral.
“En el 92 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos se les negó el derecho a votar a ciudadanos que concurrieron a hacerlo y que según la ley estaban habilitados”, dice un comunicado de la organización cívica.
Las estimaciones de los directivos indican que de repetirse las supuestas arbitrariedades, podrían ser 80 mil las personas que no votarían en las elecciones del año 2006.
Por su parte, el magistrado liberal del CSE, Luis Benavides, aseguró que una de las misiones de la institución será resolver ese problema y cumplir con el artículo 41 de la Ley Electoral, que faculta a las personas a votar en su circunscripción, siempre que presenten los documentos necesarios.
Mientras, Ética y Transparencia declaró que debe fortalecerse el control sobre los fondos que reciben los partidos políticos durante las contiendas electorales, “por (posibles) vicios de corrupción”.
La organización también declaró su temor de que se geste un fraude electoral por parte del CSE, por lo sucedido en las elecciones municipales en las que se adjudicó la Alcaldía de Granada al Frente Sandinista bajo un gran manto de dudas e impugnaciones.
