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La crisis energética
En la Cumbre Centroamericana que tendrá lugar hoy en Honduras, los presidentes del área discutirán sobre la crisis energética y se espera que adopten medidas apropiadas para hacerle frente al problema, al menos de manera paliativa.
En realidad, la causa fundamental de la crisis energética que está perjudicando en mayor o menor grado a los países que no tienen petróleo ni importantes fuentes alternativas de energía, es de carácter externo y por lo tanto es muy poco lo que se puede hacer para resolverla. El caso es que los países petroleros aumentan constantemente el precio del petróleo sin límites de ninguna clase, el aumento depende del capricho de sus gobernantes y de sus desmesurados gastos ,que son financiados con la venta del crudo a países que no lo tienen.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calcula todos los días el precio promedio del petróleo, según lo que deciden sus principales miembros, como Arabia Saudita, Dubai, Indonesia y Venezuela. De esa manera es que establecen el llamado “precio canasta” internacional, que no es determinado por los costos de producción, sino por la voluntad de los gobernantes de los países productores de acuerdo con la coyuntura, como la guerra en Irak, la intervención estatal en el consorcio petrolero ruso Yucos, la expansión de la demanda de combustible de China y la India, y hasta las excitaciones políticas de dictadores atrabiliarios.
Tal es el caso de Venezuela, el proveedor fundamental de petróleo a Nicaragua que bajo el gobierno autoritario y aventurero de Hugo Chávez está embarcado actualmente en una alucinante carrera armamentista financiada con los dólares que recibe a cambio del petróleo. Inclusive el “jeque” izquierdista de Venezuela declaró esta semana que el precio del petróleo debería subir a por lo menos cien dólares por barril, en vez de los cincuenta y pico que cuesta ahora y que es ya un precio desmesurado que tiene al borde del colapso a países como Nicaragua.
Ahora bien, el hecho de que la causa de la crisis energética sea ajena a los países compradores de petróleo, y que éstos no puedan hacer prácticamente nada para influir en los precios internacionales de los hidrocarburos, no significa que no hay también agravantes internos del problema que sí es posible y necesario afrontar y resolver.
En Nicaragua desde hace muchos años se viene hablando de diversificar las fuentes energéticas, de poner fin por lo menos parcialmente a la agobiante dependencia del petróleo cuyo precio es impuesto a su capricho por los gobernantes de los países petroleros. Inclusive existe desde hace varios años, en la Asamblea Nacional, en espera de aprobación, un proyecto de ley para incentivar la inversión nacional y extranjera en la generación de energía de fuentes alternativas.
Pero prácticamente es nada lo que se ha hecho por la búsqueda de energía alternativa, a pesar de que los políticos —gobernantes y opositores— gritan al cielo por la crisis energética, se rasgan las vestiduras y se acusan recíprocamente por la inercia ante este grave problema. Y es verdaderamente absurdo el hecho de que Nicaragua genera hasta el 80 por ciento de su energía eléctrica a base de derivados del petróleo, mientras que Costa Rica, con mucho menos recursos hídricos, produce el 80 por ciento de su energía de manera hidroeléctrica y sólo el restante 20 por ciento depende del petróleo.
Ahora que ha empeorado la crisis energética de nuevo se proponen las mismas medidas, mayoritariamente populistas y “revolucionarias”, tales como racionar el consumo de energía, congelar las tarifas de servicio eléctrico, subsidiar el transporte público, imponer un drástico programa de ahorro energético, restringir por la fuerza la circulación vehicular, “desestimular” la actividad económica que no sea de primera necesidad, controlar por decreto los precios de los productos de consumo básico de la población, etc.
Pero no es restringiendo la actividad productiva que se puede resolver y ni siquiera aliviar la crisis energética. Como tampoco se resuelve imponiendo racionamientos y controles de precios. El Gobierno, sólo o en el marco de una acción conjunta centroamericana, tiene que buscar y encontrar soluciones apropiadas que garanticen el progreso del país y no el retroceso hacia los racionamientos y las tinieblas de un pasado que no muy lejano todavía.
